Desde la flotilla a Gaza, diputada sueca-chilena emplaza a Boric a romper relaciones y aplicar sanciones a Israel: “No es una opción, es una obligación”

Hija de exiliados chilenos, la diputada en Suecia y ciudadana chilena —hoy a bordo de la Flotilla Global Sumud— navega rumbo a Gaza en una operación civil que reúne a centenares de voluntarios y opera con un comité central, protocolos de seguridad escritos y entrenamiento en no violencia. En diálogo con El Ciudadano, Lorena Delgado Varas precisa su ruta: se incorporó en Barcelona el 31 de agosto, su última escala fue Túnez y actualmente se encuentra cerca de Creta (Grecia) en un barco de bandera polaca, con reabastecimientos desde otras embarcaciones. Desde el mar, sostiene que a Chile le corresponde romper relaciones y aplicar sanciones a Israel —medidas que define como fundamentales para frenar el genocidio— y subraya que es deber del gobierno proteger a sus ciudadanos ante una eventual intercepción. Proyectan intentar el arribo a Gaza en aproximadamente 7 días. Esta es su versión, en primera persona, sobre la ruta, los protocolos y el sentido político de la misión.

Carga y sentido de la flotilla a Gaza

—En simple: si tuviera que contarle a una familia en Chile qué va en las bodegas y por qué es útil, ¿cómo lo explicaría?
—Llevamos nutrientes para bebés, comida no perecedera, medicamentos. En fin, ayuda humanitaria necesaria para un pueblo que está bajo un genocidio donde se usa la inanición como arma.

Seguridad y protocolos en ruta

—Respecto a los drones y el hostigamiento: Ustedes reportan “múltiples drones de origen no identificado” siguiendo a la flotilla ¿Qué incidentes han registrado, cómo los documentan y qué protocolos activan a bordo?
—Nos aseguramos de documentar todo: filmamos, informamos y damos seguimiento a cada situación. Nuestra reacción depende del nivel de hostilidad que enfrentemos, pero nunca improvisamos: contamos con entrenamiento y protocolos específicos incluso para escenarios de fuego. Esto nos permite actuar con calma, sin caer en el pánico, porque sabemos que estamos respaldados por el derecho internacional y por una causa justa. Al mismo tiempo, nuestra prioridad absoluta es la seguridad y protección de todas las personas que integran la misión.

—Si intentan detener o abordar en alta mar, ¿cuál es el paso a paso para desescalar, registrar evidencia y activar protección consular?
—Estamos entrenados en métodos de no violencia, por lo cual la idea es de no interactuar con los soldados para desescalar. Tenemos un barco de observadores que están documentando todo. También tenemos un equipo bastante grande de abogados que están preparados para actuar en caso de intercepción o de ser detenidos. En cada uno de nuestros países el movimiento está exigiendo resguardo a la flotilla. Ahí es importante la presión de los sindicatos y la sociedad civil.

—Sobre el apoyo legal y médico ¿cómo operan las embarcaciones de apoyo (evacuaciones médicas, asesoría jurídica en tiempo real) y con qué protocolos?
—Contamos con personal médico y de urgencias a bordo de cada barco. Además, nos acompaña una embarcación de apoyo equipada como unidad de emergencia, con médicos y todos los medios necesarios para brindar atención inmediata. A esto se suma un amplio equipo médico en tierra, preparado para intervenir y asistir en cualquier momento.

Fundamentos jurídicos

—En lo asociado a la protección de civiles ¿qué bases del derecho internacional humanitario invocan para proteger la misión?
—Nuestra misión se sustenta en principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos. En primer lugar, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 establece la obligación de proteger a las personas civiles en todo conflicto armado, prohibiendo los ataques directos contra ellas y la utilización del hambre como método de guerra. Asimismo, el artículo 23 del IV Convenio de Ginebra obliga a permitir el libre paso de suministros médicos y de primera necesidad destinados a la población civil. Obstaculizar deliberadamente esa asistencia constituye una violación clara de la ley.
En segundo lugar, el Protocolo Adicional I (1977), en sus artículos 54 y 70, prohíbe expresamente el uso de la inanición de civiles como arma de guerra y garantiza el derecho a la asistencia humanitaria imparcial. Nuestra flotilla se enmarca en estas disposiciones, ya que su único propósito es transportar ayuda y brindar acompañamiento civil.
Además, el derecho internacional consuetudinario, reconocido por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reafirma que las operaciones de socorro humanitario no pueden ser impedidas arbitrariamente por ninguna de las partes en conflicto.
Finalmente, nos amparamos también en la Carta de las Naciones Unidas, que protege la libertad de navegación en alta mar, así como en el derecho de los pueblos a recibir ayuda humanitaria, reconocido tanto en resoluciones de la Asamblea General como en la práctica de organismos de la ONU.
Por todo ello, la Global Sumud Flotilla no constituye un acto de provocación, sino el ejercicio legítimo de un derecho protegido: defender a la población civil, rechazar el uso del hambre como arma y abrir rutas humanitarias donde han sido bloqueadas.

—Respecto a las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): ¿cómo traducen en la práctica las órdenes de facilitar asistencia y qué harían si se impide el paso?
—Cuando la CIJ exige facilitar asistencia humanitaria, eso se traduce en la práctica en garantizar el libre paso de alimentos, medicinas y suministros esenciales hacia la población civil. Nuestra flotilla encarna precisamente esa obligación: somos un movimiento civil y pacífico para hacer llegar ayuda donde se la está negando.
Si las autoridades intentan impedirnos el paso, actuamos de acuerdo con el derecho internacional. Documentamos cada intento de obstrucción, denunciamos la violación ante la opinión pública y los organismos internacionales, y mantenemos siempre una conducta no violenta. Nuestra misión es doble: llevar asistencia y, al mismo tiempo, poner de manifiesto ante el mundo quién cumple y quién incumple el derecho internacional.

Disputa comunicacional y diplomacia

—Sobre la criminalización de la misión: Ustedes dicen que Israel “escaló la campaña para desacreditar y criminalizar” a la flotilla y presentarla como “amenaza de seguridad”. ¿Qué evidencias tienen y cuál es su plan de comunicación de crisis?
—Es interesante cómo un estado genocida, cometiendo tales atrocidades, tenga la cara de tratar de criminalizar a una flotilla pacífica llena de ayuda humanitaria. En las últimas semanas hemos visto declaraciones oficiales y artículos en medios cercanos al gobierno de Israel que tratan de criminalizarnos, sin ninguna base real. Se han difundido rumores falsos sobre nuestras intenciones, cuando en realidad somos una misión civil, pacífica, con presencia de parlamentarios, médicos y activistas de derechos humanos. Todo esto forma parte de una estrategia conocida: deslegitimar la solidaridad internacional y justificar posibles medidas represivas. Nuestra estrategia es transparencia, legalidad, una flotillla diversa e incluyente con voces de todo el mundo, los medios sociales y el movimiento en todos los países.

—Entonces, asociado a lo anterior y considerando que se enfrentan las narrativas ¿cómo responden a quienes califican la flotilla de “ilegítima” o “no humanitaria”?
—Hemos sido transparentes, la flotilla es legítima y cada uno de nuestros pasos siguen las leyes internacionales. Entiendo que Israel le tenga miedo a una flotilla pacífica cargada de ayuda humanitaria que será entregada sin la matanza que han estado cometiendo en los puntos de entrega. Está flotilla es una acción para quebrar la esencia del genocidio y eso es preocupante para el sistema criminal.

—Respecto a la Unión Europea (UE) y su protección: ¿qué espera de Bruselas y de cancillerías europeas si hay incidentes en aguas internacionales?
—Que sigan leyes internacionales y hagan todo lo posible para protegernos. En realidad si hubiesen cumplido su rol desde antes, no estaríamos en la obligación de hacer esto. La UE debería haber actuado ya hace mucho tiempo, en vez de han aumentado el comercio y colaboración con Israel a pesar de todos los crímenes cometidos.

Llamado a Boric

—Si pudiera pedirle tres acciones inmediatas al Presidente Boric, ¿cuáles serían? Por ejemplo, nota verbal exigiendo no interferencia con ayuda civil; gestión con cancillerías europeas para verificación marítima; oferta de observadores/acompañamiento consular…
—Todo eso y más es necesario. La ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas, así como la aplicación de sanciones, son medidas fundamentales para frenar a un Estado que comete genocidio. No es una opción, es una obligación. Si no se detiene esta situación, se pone en riesgo todo el entramado del derecho internacional; y después de Palestina ¿qué país o pueblo será el siguiente?
Esto no debería depender de la voluntad de proteger a la flotilla o a nosotras, dos ciudadanas chilenas, como Marita [Rodríguez] y yo, sino que debiera ser la praxis frente a cualquier Estado genocida. Asimismo, esperamos que el Presidente impulse conversaciones bilaterales con otros países para coordinar acciones conjuntas.
Como ciudadanas, esperamos pleno apoyo y acción consular en caso de una intercepción: que se actúe y no solo se hable. Y quiero ser clara: no somos nosotros quienes debemos pedir ni rogar ayuda sino es el deber del gobierno proteger a sus ciudadanos.

Nota de la Redacción — Actualización 23/09/2025
La Flotilla Global Sumud comunicó, luego de realizar esta entrevista, que enfrenta explosiones, drones no identificados y interferencia de comunicaciones. En el mensaje, señalan que están presenciando “operaciones psicológicas” y afirman: “No nos intimidarán… No vamos a ser silenciados. Continuaremos navegando”.

“Explosions, unidentified drones and communications jamming. We are witnessing these psychological operations firsthand, right now, but we will not be intimidated… We will not be silenced. We will continue to sail”.