Por Leopoldo Lavín Mujica
Las imágenes que circulan son vehementes. Francia vive las mayores movilizaciones estudiantiles de secundaria desde Mayo de 1968. Durante tres semanas, cientos de liceos han sido bloqueados y más de 250.000 personas han marchado contra los recortes en educación.
Jean-Luc Mélenchon lo calificó como “el movimiento de juventud más poderoso que se haya visto en Francia en 50 años”.
La represión ya dejó dos heridos graves: un adolescente de 15 años perdió la mano por una granada en Lens y otro de 16 perdió el uso de un ojo en Tours.
Lo inédito es que padres, apoderados y organizaciones de profesores encabezan las marchas para proteger a los estudiantes de la violencia policial.
“Estamos obligados a tomarnos días libres para evitar que les arranquen las manos”, explicó una madre con chaleco de la FCPE (federación de padres) en Lyon.
En Chile, la dinámica se repite con una nitidez incómoda. Las movilizaciones estudiantiles contra los recortes de José Antonio Kast han dejado decenas de detenidos y heridos, incluida una universitaria que requirió cirugía de urgencia tras ser alcanzada por un proyectil policial.
La oposición ha acusado al gobierno de “uso excesivo de la fuerza” y “represión desmedida”, mientras la Confech denuncia gases lacrimógenos contra marchas masivamente pacíficas. Como en Francia, el Estado responde al descontento con más policía y menos diálogo.
Ambos gobiernos comparten un mismo guion económico. Emmanuel Macron eliminó el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF) en 2018, sustituyéndolo por un impuesto que excluye acciones, bonos y participaciones empresariales.
Entre 2025 y 2026, los altos patrimonios y las grandes empresas vieron sus impuestos reducirse en 4.000 millones de euros.
José Antonio Kast, por su parte, hizo aprobar un un paquete de reformas neoliberales que reduce el impuesto corporativo del 27% al 23%, con un costo fiscal estimado de US$3.215 millones, equivalentes al 0,71% del PIB. El mismo guión neoliberal: regalos fiscales a los ricos, financiados con recortes sociales.
El déficit fiscal es el pretexto compartido. En Francia, el crecimiento del déficit se explica en buena parte por los 62.000 millones de euros en regalos fiscales que Macron concede cada año desde 2017.
En Chile, para cubrir la brecha fiscal de la reforma, el gobierno aplicó un recorte del 3% al presupuesto estatal, afectando directamente a la educación pública y la atención primaria de salud. En Educación, el recorte asciende a $188 mil millones, concentrado en el financiamiento de la educación superior. En Salud, el ajuste supera los $413 mil millones.
El miedo a las movilizaciones es el combustible de su gestión. Macron vive aterrado por un retorno de los “gilets jaunes”; una dirigente de izquierda lo resumió con crudeza: “Macron tiene un miedo pavoroso del pueblo”. Por eso desplegó miles de efectivos y cerró museos y estaciones durante las protestas.
En Chile, el fantasma es octubre de 2019. Un panelista comparó el clima actual con “la previa de 2019”, y la oposición advirtió que las medidas de Kast “podrían generar un aumento de la conflictividad social”.
El discurso del orden es el pegamento ideológico de ambos gobiernos de derecha. Kast amenaza que las manifestaciones “deberán ajustarse estrictamente al marco legal” y serán enfrentadas “con todas las herramientas del Estado”.
Macron califica la violencia en las protestas como algo que “ningún responsable político puede legitimar”, mientras su policía usa armas de guerra contra adolescentes.
El contexto económico mundial agrava la situación. La inflación y el estancamiento global han golpeado el poder adquisitivo de las familias en ambos países, pero los gobiernos no responden con protección social.
En Francia, Sebastien Lecornu, Primer ministro de Macron, congela pensiones y asignaciones familiares; en Chile, economistas advierten que el recorte fiscal de 6.000 millones de dólares “es imposible que no afecte al gasto social”.
Y en Chile, la corrupción en el Poder Judicial desprestigia la única institución que podría ofrecer una salida institucional.
Las predicciones de conflictividad social son convergentes. En Chile, la ACES advirtió que las protestas “podrían llegar a niveles de 2011”, y analistas pronostican que “en octubre-noviembre la gente puede estar enojada”.
En Francia, la campaña presidencial agudiza las tensiones. En ese paisaje, La France Insoumise (LFI) —el partido de Mélenchon— es mirada con simpatía por no pocos de los jóvenes que marchan, que ven en ella una izquierda auténtica y aliada, no un apéndice más del sistema.
La coincidencia temporal no es casual: ambos países entran en un ciclo de conflicto que se retroalimenta.
Macron y Kast no son la causa de la crisis, pero son su expresión más nítida. En el caso francés, Macron es algo más que una expresión: 10 años en el poder —primero en Economía, luego en el Elíseo— lo convierten en una de las causas determinantes de la crisis actual.
Su gestión ha producido la desigualdad que hoy estalla, la represión que hoy indigna y la crisis de representación que hoy vacía de sentido al sistema político. No es un observador del incendio: es uno de sus arquitectos. Su gobierno representa un modelo agotado que responde a la desigualdad con más desigualdad, a la protesta con más represión y a la crisis de representación con más tecnocracia.
La lección francesa es clara: cuando las organizaciones sociales —padres, profesores, sindicatos— funcionan, la protesta puede canalizarse sin tragedias.
Chile está en una encrucijada. La pregunta no es si habrá nuevas movilizaciones —la evidencia sugiere que sí—, sino si el sistema político será capaz de escucharlas antes de que la próxima generación deje de creer, definitivamente, que la política de elite, muy desprestigiada en ambos países, sirve para algo.
Leopoldo Lavín Mujica
Foto Portada: Yves Herman / Reuters
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