Frustrado «rebautizo» de academia atiza debate sobre responsabilidad de Carabineros en violaciones a los Derechos Humanos

Los cuestionamientos sobre el accionar de Carabineros y su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos es un debate constante dentro de la sociedad chilena.

Sin embargo, luego de que se conociera que el general director Mario Rozas quería rebautizar la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) con el nombre de Rodolfo Stange, ex integrante de la Junta Militar de la dictadura de Augusto Pinochet, creció la indignación entre los que ciudadanos.

Esta inciativa generó el rechazo de los familiares de las víctimas del «Caso Degollados«, como se conoce al asesinato de tres dirigentes comunistas en 1985, y en el que Stange actuó como uno de los principales encubridores de este hecho.

A causa por el crimen de los profesionales José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero, por parte de un grupo de inteligencia de la policía militarizada, se cerró en 1995 con una orden de detención de 15 carabineros y un civil. Stange fue acusado de obstruir la investigación judicial y proteger a los inculpados.

Su participación en el «caso Degollados» llevó a las autoridades de la época -incluido el entonces presidente Eduardo Frei- a pedir su renuncia del cargo que ostentaba, por «razones éticas y morales».

Aunque debido a la ola de críticas Carabineros informó el jueves que había suspendido la decisión de rebautizar la Academia, los familiares de las víctimas de la dictadura responsabilizan a la institución de nunca haber pedido perdón por sus acciones y apoyar la violación de derechos humanos en Chile.

También critican que desde la Moneda aseguraran que se enteraron por la prensa de la orden firmada por Rozas para homenajear a Stange, y no fueron consultados.

«Estas decisiones no son casuales, es coherente con la función que ha tenido Carabineros el último año. Esto es reinstalar en forma potente que ellos están de acuerdo con la violación a los derechos humanos. Están de acuerdo con los crímenes que se cometieron», declaró a Publimetro Estela Ortíz, viuda de José Manuel Parada, quien considera «sorprendente», además, que desde el Ministerio del Interior dijeran que no sabían.

«Yo no soy ingenua. Insisto en que esto está relacionado con una política de valorar el encubrimiento«, subrayó Ortiz, quien interpuso un recurso de protección en contra de Carabineros de Chile a propósito del homenaje a Stange.

Si bien la institución informó que el cambio de nombre fue suspendido, y que se hará una consulta participativa para elegir uno nuevo, Ortiz seguirá adelante con la querella y aseguró que espera conocer las explicaciones de Mario Rozas.

“Carabineros no ayuda a reconciliar el país ni a honrar a las víctimas de ayer y hoy. Nunca han pedido perdón por sus acciones, las que han dejado una fisura en nuestra historia. Cada cierto tiempo realizan acciones provocadoras, que dividen a Chile”, lamentó.

El Gobierno de Sebastián Piñera mantiene que no intervino en las determinaciones, y desde la UDI -donde Stange militaba- tratan de restarle importancia al asunto.

“Él es una figura en Carabineros. Podrá gustar o no, pero hacer de eso un tema político, no corresponde”, señaló el partido.

 Sin embargo, Javiera Parada, hija de Ortiz y José Manuel Parada, víctima en el «Caso Degollados», señala que Rozas y Carabineros no le volvieron a hacer daño solo a su familia, sino a todo el país.

«Fue una noticia muy dolorosa y no sólo para mí, mis hermanos y mi madre, también para el país. Los crímenes que se cometieron en dictadura atentaban contra todos. Fueron perpetrados por agentes estatales, pagados por los ciudadanos. Esto es una afrenta a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación«, indicó a Publimetro.

Planteó que aunque a decisión de rebautizar la academia con el nombre de Stange fue revertida, esta iniciativa deja en evidencia que «los derechos humanos deben ser defendidos por todos«.

«Además hace patente la necesidad urgente una reforma profunda a Carabineros, la cual se ha atrasado 30 años. La democracia chilena tiene una deuda con los derechos humanos. Se requieren cambios estructurales», subrayó.

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