Gastos Reservados de Carabineros: El megafraude de $6.650 millones de los exgenerales Bernales, Gordon, González Jure y Villalobos

Por Jorge Molina Araneda

¿Qué tienen en común José Bernales, Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, además de haber llegado a lo más alto del mando de Carabineros? Que los cuatro recibieron en total cifras estratosféricas de dinero constituyendo de este modo el delito de malversación de caudales públicos en la arista denominada “Gastos Reservados”.

La ley define los Gastos Reservados como egresos que se faculta realizar a determinadas entidades para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa, el orden público del país y a las funciones inherentes de la Jefatura del Estado, que por su naturaleza requieran de reserva.

Estos gastos se utilizan en Chile y en todo el mundo. Los más relevantes son aquellos destinados a combatir el terrorismo, el crimen organizado, el espionaje extranjero y facilitar operaciones de contrainteligencia y contraespionaje.

Tras 7 años de investigación, la Fiscalía Centro Norte cerró el caso denominado “Gastos Reservados” y presentó una acusación contra los exgenerales directores de Carabineros Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos, que estuvieron en el cargo desde el año 2008 hasta 2018.

Las penas más altas se dirigen contra Villalobos y González Jure, contra quienes se pidió 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos en forma reiterada y 7 años de cárcel por falsificación de instrumento público.

En contra de Gordon, la Fiscalía solicitó 10 años y un día de presidio por malversación de caudales públicos y 4 años de cárcel por falsificación de instrumento público.

También aparecen involucrados los exgenerales de Finanzas, Iván Whipple y Flavio Echeverría, quienes arriesgan 15 años y un día de presidio por malversación de caudales públicos en calidad de reiterados.

En la investigación además fue acusado Héctor Zuñiga Pailamilla, exjefe de la Dirección de Presupuesto (Dipres), contra quien se pidió 10 años y un día de presidio por el mal uso de los dineros fiscales.

En el libelo, la persecutora Patricia Cerda logró establecer que el mecanismo del fraude comenzó a operar cuando encabezaba la institución el fallecido general José Bernales (2005-2008) y que duró hasta que estalló el caso.

Así, se detalla que entre los años 2007 a 2017, “Carabineros recibió bajo el ítem de gastos reservados $5.724.841.000 y US$990.000”, y que los imputados “previamente concertados, sustrajeron y permitieron que terceros se apropiaran de distintos montos de dinero, tanto en moneda nacional como extranjera, provenientes de recursos públicos denominados gastos reservados”.

La acusación señala que los exgenerales directores destinaron solo una porción de dichos fondos para su destino real y que el resto de los gastos reservados fueron entregados “a las personas que conformaban el alto mando institucional y a funcionarios públicos de otras instituciones que se encontraban en listados de distribución, definidos por los imputados, como los entonces funcionarios públicos ajenos a Carabineros, como lo eran la exsubsecretaria de Carabineros Javiera Blanco Suárez y el funcionario de Dipres, Héctor Zuñiga”.

Asimismo, la Fiscal Cerda estableció que los exmandamases de la policía uniformada y los encargados del dinero separaban una parte de los fondos y los dejaban en una caja fuerte de la Dirección de Finanzas, para el uso discrecional de los respectivos directores de la institución, atribuyéndoles la denominación de “Gastos Reservados Extraordinarios”.

De acuerdo a la acusación, José Bernales y Eduardo Gordon, junto a Iván Whipple decidieron quiénes serían las personas beneficiarias de los dineros públicos sustraídos, que se entregaban en sobres de papel con dinero en efectivo, y que incluían a funcionarios del alto mando y a los civiles Héctor Zuñiga y Javiera Blanco.

La investigación determinó que como exsubsecretaria, la abogada “recibió y se apropió de fondos públicos provenientes de los gastos reservados por un total de $42.138.000”, entre enero de 2007 y febrero de 2010, todo lo cual quedó consignado en las planillas de “distribución por mes” de gastos reservados. Sin embargo, estos antecedentes no podrán ser presentados en el juicio, porque están prescritos.

Desde 2012 en adelante, el imputado González Jure dispuso que las personas beneficiarias de los fondos públicos solo fueran generales y el representante de la DipresS, medida que mantuvo Bruno Villalobos durante su mandato.

Para mayor abundamiento, en cuanto a la investigación, existen documentos que involucran a generales y coroneles de la institución durante los años 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2017, y que se encuentran en poder de la Fiscalía.

Estos documentos consignan que el alto mando de Carabineros recibía sistemáticamente dineros, cuyo propósito nunca fueron esclarecidos por los beneficiarios, quienes además rindieron los montos de manera bastante informal.

“Sobre el uso de gastos reservados, en mi caso en particular, los utilicé en gastos personales en general, es decir, tal y como usaba mis remuneraciones”. Este extracto de la declaración del general (r) Flavio Echeverría Cortez, a quien se le decretara prisión preventiva y está imputado por la investigación de fraude de Carabineros, describe la discrecional utilización que le dieron los favorecidos.

Echeverría Cortez, exgeneral de Finanzas de Carabineros, entregó su testimonio en 2019 ante la Fiscal Centro Norte Macarena Cañas, en esta arista de “Gastos Reservados”. Pero no solo relató su experiencia, sino que aseguró que otros miembros del Alto Mando daban un mal uso a estos dineros: “Usualmente utilizaban el dinero en sus vacaciones, de hecho, la recomendación que yo les daba, transmitida por la Dirección General, era que no depositaran el dinero en cuenta corriente o similar”.

Según la confesión, “la entrega de estos dineros usualmente se efectuaban cada tres meses. Esto lo definía el general director, en una reunión que yo sostenía con él en enero. Los generales (con los que me reuní) fueron José Bernales Ramírez (2005-2008), Eduardo Gordon Valcárcel (2008-2011), Gustavo González Jure (2011-2015) y Bruno Villalobos Krumm (2015-2018)”.

Según consta en uno de los documentos que maneja Fiscalía, el fallecido general director José Bernales Ramírez recibió en 2007 por concepto de gastos reservados un monto mensual de $1.375.000, es decir, $16.500.000 al año. A partir de los antecedentes entregados, Bernales habría recibido solo durante el período en que fue general director casi 40 millones de pesos.

Pero el recordado “general del pueblo” no es el único que recibió estos dineros. La nómina en poder de Fiscalía también incorporó al General (r) Eduardo Gordon Valcárcel, subdirector de la institución en 2007, a quien se le asignaban mensualmente $1.060.000 ($12.720.000 anuales).

A Gordon se agrega Gustavo González Jure, en ese período con cargo de general inspector, con un monto mensual de $495.000 (casi 6 millones de pesos al año).

En 2009, según los documentos, el General (r) Eduardo Gordon Valcárcel, al mando de la institución, percibió un monto mensual de $1.410.000 ($16.920.000 anuales). Durante el total de su periodo (mayo de 2008 a septiembre de 2011) habría recibido $54.990.000 por gastos reservados.

Según declaró Gordon ante la fiscal Cañas, “la primera vez que recibí dinero de gastos reservados fue en 2004 (…) Yo no desarrollé un protocolo formal para la entrega o distribución de los dineros de gastos reservados, pues entendí que ese era el procedimiento que existía…”.

Gordon testificó el 8 de agosto de 2017. Ese día afirmó que “como general director recibí entre 1 millón 500 mil y 2 millones de pesos. Era dinero en efectivo, venía en un sobre, me lo entregaba el jefe de finanzas de la unidad, la frecuencia era mensual…”.

Su segundo al mando en esos años fue Gustavo González Jure, quien según las declaraciones de los imputados, habría percibido 40 millones de pesos por todo el período. Durante el último trimestre de 2011 el mando cambió y Gustavo González Jure asumió como número uno de Carabineros. Su asignación aumentó a $1.470.000, lo que supondría un ingreso de $67.680.000 durante su gestión.

La entrega de estos gastos reservados no terminó. En el período de Bruno Villalobos Krumm, la más alta autoridad de Carabineros recibió por este concepto $1.410.000 mensuales. La cifra ascendería a más de 40 millones de pesos durante su gestión como general director, a los que, de acuerdo al documento de investigación de Fiscalía, se deben sumar los montos que le fueron asignados como general de Dipolcar (2009-2011), que ascenderían a cerca de 5 millones anuales.

Otro miembro del Alto Mando que presentó su declaración fue el General de Intendencia (r) Iván Whipple Mejias, quien estuvo en dicho cargo desde 2007 a 2011. En su declaración ante la Fiscalía, Whipple aseguró que “los gastos reservados no se entregaban asociados a la función o finalidad que cumplía la unidad o alta repartición”.

Mientras fue jefe del Departamento de Finanzas (2002-2005), Whipple recibió mes a mes cerca de 80 mil pesos. Al ascender a General (2005-2011) el monto llegó hasta el millón de pesos mensuales. Desde el 2002 recibió estos fondos y admitió que siempre los mantuvo en efectivo: “No los incorporé a mi cuenta corriente. (Los usé…) en mi alimentación, me iba de la oficina como a las 20:30 horas, gasto de taxi, cigarros, también pagué cuentas personales”.

Allanamiento voluntario

Tres sobres blancos con la leyenda de los meses de enero, febrero y marzo, este último abierto. Dos de ellos contenían 22 billetes de 20 mil pesos y uno de 10 mil, lo que contabilizaba 450 mil pesos en cada uno. El tercero tenía 150 mil pesos. Eso fue lo que encontró la Policía de Investigaciones en un allanamiento voluntario a la casa del General (r) Echeverría.

Uno de los uniformados que prestó declaración en la causa fue el suboficial Álvaro Díaz Carrasco, quien testificó ante la Fiscalía: “Yo entregué sobres a petición del general Echeverría a la general Nilo de Sanidad; al general Cabrera, de Compras Públicas; al general Zona Oeste, y al general Venegas, de Tránsito y Carreteras… Se los entregué (durante) tres años (2015, 2016 y 2017). Me pedían que se los entregara en las manos a los generales; eran sobres que tenían pesos”.

El mayor Hans Picon, quien se desempañó en el Departamento de Finanzas desde 2013 y era uno de los encargados de retirar los dineros desde el banco, también prestó declaración: “El cheque mediante el cual se giraban los gastos reservados, lo llenaba yo a mano, por una suma aproximada de 20 millones de pesos aproximadamente en forma mensual”.

Además, Picon debía ordenar los billetes: “Salía con un maletín desde el banco, me iba a mi oficina, estaba solo y procedía a llenar los sobres con dinero, poniéndoles afuera en una esquina el número correspondiente al listado de los altos mandos. Eran treinta y tantos sobres. Los montos no eran iguales, eran más altos los de las altas reparticiones, e iba descendiendo conforme a la unidad”.

El teniente coronel de Intendencia, Andrés Albayay, aseveró en su declaración que les entregaban “un listado con los destinatarios que indicaba específicamente las cantidades de dinero que debían ser ingresados a los sobres. Confeccionábamos tres sobres por nombre del destinatario, jefatura y nombre del general destinatario del dinero. Ingresábamos los tres sobres a uno más grande”.

En total, la acusación posee 4.714 páginas donde aparecen cada uno de los cargos y la prueba testimonial, pericial y documental que se pretende llevar a juicio. Así, aparecen 483 testigos incluyendo a una serie de funcionarios de Carabineros activos y en retiro, además de autoridades como el general director Ricardo Yáñez, la directora de presupuesto del gobierno, Javiera Martínez Fariña, el contralor Jorge Bermúdez y su antecesor Ramiro Mendoza.

La audiencia de preparación del juicio oral se fijó para el próximo 23 de noviembre, a las 9 horas, donde también se debería discutir el sobreseimiento definitivo pedido por los ex número uno del alto mando de Carabineros.

Carabineros de Chile… una institución sin orden, sin ley y sin honor.

Por Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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