Gobernador de Atacama Miguel Vargas es denunciado por presunto abuso sexual

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa (Ind. PS), enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual. El caso fue confirmado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), organismo que presentó una querella en su contra y ha brindado apoyo a la denunciante.

De acuerdo a un reportaje de Mega Investiga, la acusación habría sido presentada por una mujer que se desempeña como funcionaria del Gobierno Regional de Atacama, y los hechos habrían ocurrido el pasado 5 de marzo. A raíz de la denuncia, se iniciaron diligencias investigativas por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, la que ya ha reunido antecedentes clave para la causa.

Entre las pruebas que se manejan hasta ahora, se incluyen registros de cámaras de seguridad que dan cuenta de los desplazamientos del gobernador durante el día en que habrían ocurrido los hechos. Además, el propio Vargas habría entregado su teléfono celular a la policía para que se realizaran peritajes, los que se encuentran en curso.

El pasado viernes 9 de mayo, SernamEG presentó una querella ante el tribunal en contra del gobernador Vargas, dando inicio al proceso judicial correspondiente.

Desde SernamEG detallaron que la víctima recibió representación jurídica tras acudir a la dirección regional del servicio, y que actualmente se le entrega acompañamiento psicosocial semanal a través del Centro de Atención Especializada en Violencias de Género de Atacama.

La Fiscalía Regional mantiene la investigación en carácter de secreta, con el objetivo de resguardar tanto las diligencias pendientes como la seguridad y dignidad de la denunciante.

«Hemos solicitado al tribunal la reserva de todos los antecedentes de la víctima, esperando que estos también sean protegidos por los medios de comunicación y los actores involucrados», señalaron desde el organismo.

«Rechazamos categóricamente todo acto de violencia contra las mujeres y reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas, su acceso a la justicia y su derecho a una reparación integral, resguardando la confidencialidad y evitando toda forma de revictimización», concluyeron.