En el documento, firmado en Valdivia el 8 de octubre de 2026, el GORE señala que «ante la emisión de los informes finales de la Contraloría Regional de Los Ríos relacionados con proyectos financiados mediante los Fondos Vida en Comunidad, el Gobierno Regional considera necesario informar a la comunidad respecto de sus conclusiones, las acciones institucionales que se han desarrollado y las medidas que continuaremos adoptando para resguardar adecuadamente los recursos públicos».
La participación del exfuncionario
El comunicado reconoce que los antecedentes dan cuenta de «la participación de un ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, anterior al periodo del Gobernador Luis Cuvertino, una vez fuera de la institución, quien habría intervenido como gestor externo en la formulación, ejecución y rendición de diversas iniciativas, participando como proveedor de servicios en estos proyectos, a través de sus empresas, obteniendo beneficios económicos».
El GORE califica estos hechos como «de especial gravedad, cuyas eventuales responsabilidades deben ser determinadas por los organismos competentes». La Contraloría, en su informe N° 589, identificó que Fagalde aparece vinculado a un universo de 117 proyectos que incorporaron cotizaciones de sus empresas, por un monto financiado de $1.477.255.721**, y detectó sobreprecios por **$40.648.903 en cámaras y alarmas, además de servicios de difusión radial facturados hasta un 738% por sobre el valor cobrado por la radio.
Acciones institucionales
La declaración detalla que «una vez conocidos antecedentes que podían dar cuenta de irregularidades, puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, instruyó procedimientos administrativos, se implementó una nueva Unidad de Rendiciones, se conformaron instancias especiales de revisión y se adoptaron medidas destinadas a impedir que eventuales irregularidades pudieran consolidarse mediante la aprobación de rendiciones o de la transferencia de los recursos».
Asimismo, menciona que «se han desarrollado acciones respecto de las garantías, recuperación de recursos y revisión de los proyectos involucrados».
Reconocimiento de debilidades
El GORE asume que los informes de Contraloría «identifican debilidades en determinados procedimientos de control, supervisión y revisión institucional durante el periodo observado». Y agrega: «La magnitud que alcanzaron estos fondos, el elevado número de organizaciones e iniciativas financiadas y las capacidades disponibles para realizar fiscalizaciones presenciales sistemáticas forman parte del contexto en que estas situaciones ocurrieron, pero no constituyen una excusa».
En ese sentido, la Contraloría había observado que entre 2023 y 2025 no se realizaron supervisiones ni fiscalizaciones a los proyectos, y que 94 iniciativas por $1.273.203.464 aún no tenían rendición finalizada. El GORE sostiene que «nuestra obligación es aprender de estos hechos, fortalecer los controles y generar mayores garantías para que situaciones de esta naturaleza no vuelvan a repetirse, especialmente porque el objeto de estos fondos es que lleguen a las personas».
A partir de estos hechos, el GORE anuncia que ha determinado «la necesidad de fortalecer los procedimientos asociados a la entrega y fiscalización de recursos regionales, incorporando mayores mecanismos de control sobre intermediarios, revisión de proveedores y precios, supervisión de la ejecución de las iniciativas, trazabilidad de los gastos, control de eventuales duplicidades de financiamiento y mayores exigencias en los procesos de rendición de cuentas».
Estas medidas coinciden con las observaciones de la Contraloría, que ordenó al GORE implementar mecanismos de detección y regulación de intermediarios, exigir precios de mercado y adoptar controles efectivos en la revisión de rendiciones.
«Ni el Gobierno Regional ni sus funcionarios han utilizado fondos para beneficio personal»
El comunicado es enfático en señalar que «nuestro deber es distinguir adecuadamente las responsabilidades, colaborar plenamente con las investigaciones, recuperar los recursos públicos cuando corresponda y corregir aquellas debilidades institucionales que estos procesos han dejado en evidencia». Y agrega: «Decimos con claridad, que ni el Gobierno Regional, ni sus funcionarios han utilizado fondos para beneficio personal, ya que son recursos transferidos a las organizaciones sociales vía concurso público y sujeto a rendiciones».
El GORE cierra su declaración señalando que «los recursos regionales pertenecen a todas y todos los habitantes de Los Ríos. Si existen personas que mediante actuaciones fraudulentas intentaron obtener un beneficio indebido a costa de esos recursos, será el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia los encargados de determinar sus responsabilidades. Y si existen procedimientos del Gobierno Regional que deben ser mejorados, nuestra responsabilidad es reconocerlo, corregirlo y fortalecerlo».
«Ese es el compromiso que asumimos con la comunidad regional, actuar con transparencia, defender los recursos públicos y avanzar hacia estándares cada vez más exigentes de probidad, fiscalización y control», concluye el documento.
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