Grave: Abogados denuncian que se les ha impedido el acceso a los registros de detenidos

Un grupo de 388 abogados denunció este lunes que en muchas comisarías de Carabineros y cuarteles de la Policía de Investigaciones (PDI) se ha impedido u obstaculizado el acceso a los registros y listados de detenidos, a pesar de que estos, legalmente, son públicos.

A través de una carta, consignada por Radio Cooperativa, los profesionales acusaron que «de manera voluntaria, estudiantes de Derecho, egresados/as y abogados/as de diversas organizaciones nos hemos desplegado, en gran parte del territorio nacional, para contribuir a proteger los derechos humanos de las personas detenidas».

Pero, Carabineros y la PDI han impedido el acceso a estos registros «argumentando que sólo se permite el acceso a los observadores acreditados del Instituto de Derechos Humanos, o bien, señalando que debe requerirse dicha información por medio de una solicitud por ley de transparencia».

Incluso, añaden, «algunas comisarías han argüido la existencia de convenios entre la judicatura de garantía, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y las policías para el envío exclusivo de información, lo cual, de verificarse, sería sumamente grave».

De acuerdo a los denunciantes, los registros de detenidos son públicos según consta en la Constitución Política. Sin embargo, no se les ha permitido el acceso ni a las abogadas y abogados de derechos humanos ni a los familiares de las personas detenidas.

Frente a esta situación, los 388 abogados decidieron presentar recursos de amparo, acciones de protección y denuncias para lograr acceder a dicha información. Esto a pesar de que la mayoría de las y los jueces de garantía han acudido o comunicado con las comisarías para ordenar la entrega de la información.

Esta conducta ilegal y arbitraria supone una afectación del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales de las personas detenidas y de quienes debemos representarlos judicialmente, puesto que se ha condicionando el derecho a defensa y asistencia jurídica de toda persona privada temporalmente de libertad.