Calificándolo como un «grave retroceso», la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad cuestionó ante la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) la decisión del gobierno de José Antonio Kast de renunciar a la expropiación de los terrenos del enclave alemán, donde operaron centros de detención y tortura durante la dictatura cívico-militar, para transformarlo en un sitio de memoria.
En el marco de la sesión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra, la agrupación expuso graves antecedentes que reafirman el vínculo operativo entre la Colonia Dignidad y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante el régimen de Augusto Pinochet.
Durante dicha ocasión, sobrevivientes entregaron sus testimonios involucra directamente al fundador y líder del enclave Paul Schäfer y a su mano derecha y médico, Hartmut Hopp, en torturas e interrogatorios, así como en la entrega de prisioneros a la DINA.
Además, alertaron sobre la alteración de sitios del delito e inundación de subterráneos por parte de las empresas de los colonos alemanes.
Durante estas audiencias, la sobreviviente María Isabel Romero Méndez presentó su testimonio sobre su detención el 28 de junio de 1975 y su traslado a Colonia Dignidad en el que relató que permaneció retenida por 20 horas en las que fue interrogada y torturada por Paul Schäfer y Hartmut Hopp, antes de ser entregada en la zona de San Javier al agente represivo Osvaldo «Guatón» Romo.
«En su declaración, aportó información crucial sobre la suerte de prisioneras y prisioneros políticos trasladados a Villa Grimaldi que hoy figuran como detenidos desaparecidos, entre ellos Carolina Wiff, Mireya Rodríguez, Michelle Peña, Carlos Lorca, Rosa Solís y Sara Donoso», indicó la Asociación a través de una declaración pública compartida en redes sociales.
En la misma línea, Paola Peebles Vlahovic, hija del ex prisionero político Luis Peebles, denunció ante Naciones Unidas que las sociedades comerciales pertenecientes a los perpetradores y sus herederos continúan explotando el recinto con fines recreativos, con un hotel, spa y restaurante, «mientras destruyen evidencia fundamental para la justicia y el Plan Nacional de Búsqueda».
Peebles denunció que el recinto donde funcionó el cuartel de la DINA —reconocido judicialmente por el sobreviviente Erick Zott en enero de 2025— fue objeto de limpiezas no autorizadas y que el propósito de la inundación provocada de los subterráneos del museo y del galpón de heno fue alterar marcas e inspecciones judiciales.
Por su parte, la sobreviviente Lelia Pérez Valdés denunció que bajo la administración de Kast se ha registrado un retroceso institucional en la persecución de violaciones a los derechos humanos y señaló que el programa que investiga los delitos cometidos durante el estallido social se ha debilitado, reduciendo la capacidad del Estado para esclarecer las vulneraciones más recientes.
Según el comunicado, también «alertó sobre una convergencia entre sectores políticos afines al gobierno y parlamentarios para promover la libertad de condenados por crímenes de lesa humanidad, minando el valor de los fallos judiciales logrados tras décadas de litigio» y advirtió sobre una modalidad de «impunidad pasiva» dentro del propio Programa de Derechos Humanos.
De acuerdo con Pérez esta entidad —encargada de la defensa de las víctimas— recibió instrucciones de no apelar frente a las solicitudes de beneficios de libertad de los perpetradores, lo que supone una renuncia al rol activo que históricamente ha desempeñado en la persecución penal.
Por último, se refirió a la campaña de desprestigio dirigida contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que ha ejercido un «rol relevante en el monitoreo y litigio en esta materia».
«Grave retroceso que vulnera los compromisos internacionales de Chile»
Desde la organización exigieron avanzar en las investigaciones sobre los ex colonos que residen impunes en Alemania y expresaron su categórico rechazo al anuncio del Gobierno de José Kast de revertir la expropiación del Sitio de Memoria, alegando que la decisión responde a restricciones presupuestarias, marcadas por un 97% de recursos ya comprometidos en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
«Renunciar a la expropiación como lo decidió el gobierno de José Kast es un grave retroceso que vulnera los compromisos internacionales de Chile en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición», aseveró Peebles.
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