Tras la decisión del Gobierno de Kast de retirar 43 decretos ambientales de su proceso de entrada en vigencia, la abogada de Greenpeace Chile, Roxana Núñez, advirtió que no se trata de un hecho administrativo «menor ni común», sino que representa una señal «preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental».
Para la organización ambientalista internacional, es urgente que el gobierno de Kast explique con total claridad las razones que llevaron a la Subsecretaría de Medio Ambiente a retirar del trámite de toma de razón en Contraloría un total de 43 decretos en materias fundamentales para la protección ambiental del país.
«Esta decisión no es un hecho administrativo menor ni común, como el ministerio ha intentado instalar: representa una señal preocupante de desmantelamiento progresivo de la institucionalidad ambiental, en un contexto en que Chile debiera avanzar justamente en la dirección contraria», expresó la abogada de Greenpeace.
«Chile no puede darse el lujo de retroceder, mucho menos en materias claves para la ciudadanía, que habían sido largamente esperadas y exigidas por esta», agregó la profesional, enfatizando que «lo que está en juego no es solo la tramitación de decretos, sino la capacidad real del país de enfrentar la crisis climática y ecológica con la urgencia, coherencia y responsabilidad que exige el momento actual».
«Hablamos de normas de calidad del aire, regulación de emisiones para industrias como las termoeléctricas, planes de descontaminación —como el del lago Villarrica—, instrumentos de adaptación al cambio climático, reglamentos esenciales para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y planes de recuperación de especies amenazadas como la ranita de Darwin», puntualizó Roxana Núñez.
«También se ven comprometidas medidas relevantes como la declaración del pingüino de Humboldt como Monumento Natural y la creación de múltiples áreas protegidas en distintas regiones del país, incluyendo ecosistemas estratégicos como salares y zonas marinas», recalcó la representante de Greenpeace en Chile.
Se retrasa implementación de normas urgentes
Desde la ONG ambientalista recordaron que estos decretos, remitidos entre 2023 y 2026, ya habían atravesado procesos técnicos, administrativos y participativos.
«Por lo mismo, resulta especialmente grave y difícil de justificar su retiro, ya que implica frenar su entrada en vigencia sin una explicación transparente», resaltaron.
«Las consecuencias de esta decisión son profundas: se retrasa la implementación de normas que resguardan la salud de las personas —especialmente en zonas altamente contaminadas—; se debilita aún más la institucionalidad ambiental; se postergan respuestas urgentes frente a la crisis climática; y se paralizan avances concretos en la protección de ecosistemas y especies», afirmó la abogada.
Por todo lo anterior, para Greenpeace, «lejos de fortalecer la gestión ambiental, este tipo de medidas instala la preocupación de que el país esté transitando hacia un escenario de retroceso, donde la protección del medio ambiente pierde prioridad frente a otras agendas».
«Por ello, es indispensable que el gobierno no solo entregue explicaciones claras, sino que además garantice que no se está consolidando un proceso de debilitamiento estructural de las herramientas que Chile ha construido durante décadas para resguardar su patrimonio natural», concluyó la abogada Roxana Núñez.
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