¿Ha entrado en un nuevo crepúsculo el gobierno chileno? O el posible Flip-Flop de la clase política

Ayer estaba recordando un videojuego llamado Democracy, creado en 2005 por Positech Games y que hoy ya cuenta con dos secuelas. En ese videojuego -que me hizo descubrir un gran amigo en Francia, compañero mío en la licenciatura de Ciencia Política de la universidad de Lyon- asumes el rol de gobernar un país, es decir, administrar políticamente la economía (PIP, PNB, balanza comercial, moneda, inflación, banco del Estado, deuda pública, desempleo) y también atender las necesidades sociales, las instituciones públicas, la educación, el sector cultural y el bienestar general de la nación.  Si  hacías algo mal, si dabas preferencia a un sector minoritario de la población en detrimento del colectivo, si desequilibrabas institucionalmente y/o económicamente tu país, entonces empezaban los problemas. A partir de ese momento, si tu reacción era extrema, autoritaria o soberbia, de una u otra manera, la pagabas: se te venía abajo el país o -mejor aún- se te venía abajo tu gobierno. El juego es muy formador, realista e inteligente, imprescindible para todo estudiante en ciencias políticas y administración pública. Pero por más realista e inteligente que sea, al final de cuenta solo es un juego. ¿Porqué?

Porque en política la realidad siempre supera a la ficción. Pero podríamos especular. Por ejemplo, si estuviéramos jugando Democracy en este momento y pasara lo que pasó en Chile este 22 de junio, me refiero al lúgubre chascarro de un presidente que violó deliberadamente todos los protocolos sanitarios durante el funeral de su tío, y la ofensiva de este mismo presidente en contra del Congreso chileno -como queriendo desviar la atención de una polémica a otra- lo que nos insinuaría este famoso videojuego es que ha llegado el momento para un gran flip-flop gubernamental que podría marcar un nuevo giro de su gestión política. Pero antes de aclarar esta intuición y exponer mi hipótesis, permítanme introducir el contexto general: estamos sumergidos en una era de democracias imperfectas y, como ciudadanía, la única manera de ponerle fin a esta situación infernal es avanzar hacia una fiscalización cada vez más amplia, permanente y severa del poder político.

Hoy en día, en medio de esta crisis sanitaria que nos tiene entumecidos, observo con  perplejidad las noticias internacionales y constato con indignación que una gran mayoría de gobiernos latinoamericanos están haciendo las cosas mal: por ejemplo, por donde se mire, se están privilegiando los monopolios económicos en perjuicio de los micros, pequeños y medianos emprendedores. Por si fuera poco, se están multiplicando las injusticias y desigualdades sociales como consecuencia de las torpes e ineficientes gestiones sanitarias. Ante el alza de contagios, se restringen las salidas, se castiga con pena de cárcel a los que violan las cuarentenas urbanas, pero no se brindan apoyos suficientes a las economías familiares, las que deben seguir pagando cuentas de agua, luz, electricidad y alquileres en un invierno marcado por el hambre, el alza de desempleos y la quiebra de miles de pequeños y medianos emprendimientos locales. Para rematar, la comunicación oficial de esos gobiernos está cargada de soberbia, desprecio y acusaciones baratas, apuntando siempre a la responsabilidad de la gente por el alza de contagios y la inseguridad, lo que revela una total desconexión e indiferencia de las élites gobernantes con sus pueblos.

A pesar de todo lo enumerado, en América latina todo sigue muy igual, en una aparente normal anormalidad, un término que abordaré con más profundidad en una próxima nota. Y esa normal anormalidad se da porque las élites gobernantes, los partidos políticos tradicionales, los grandes empresarios, los bancos privados y toda una fauna de políticos corruptos y oportunistas parecen auto-concederse el derecho al error en forma indefinida. Se obstinan en no escuchar a la opinión pública, actúan a favor de los intereses de las minorías y atropellan con su gestión las necesidades básicas de sus pueblos, y todo -¡todo!- por conservar el poder y el orden económico (es decir, todo sea por mantener las desigualdades políticas y sociales aún por la vía represiva y autoritaria).

Resumiendo esto, podemos aseverar que América latina sigue al mando de élites corruptas que se sienten «por encima de la ley» y peor aún, por encima de sus pueblos.

Si ser idealista es estar a favor de la fiscalización permanente del poder entonces considérenme un idealista. Personalmente, no me importa que se gobierne desde la izquierda o desde la derecha mientras se gobierne con ética, transparencia, con respeto por el pueblo y con respeto por la ley. Sin importar el color político, necesitamos de gobiernos que respeten y entiendan la importancia de los derechos sociales y la necesidad de ser permanentemente fiscalizados. ¿Pero cómo lograr eso?

Para lograr eso, necesitamos focalizarnos en la teoría del poder y entender cómo funciona ese poder en cada nación para desmenuzarlo. Una vez que entendiste ese poder -el que te gobierna- según sus particularidades políticas nacionales, entonces puedes comenzar a pensar en cómo desconcentrar ese poder, descentralizarlo, limitarlo, repartirlo y fragmentarlo. Debemos repensar el poder desde la ciudadanía para impedir que nos sigan robando la soberanía. Como diría Foucault, debemos capilarizar el poder desde una perspectiva ciudadana más crítica. Gran tarea la que hoy le toca a nuestras nuevas generaciones: acabar con esa permisividad heredada de la época colonial y que ha contaminado toda nuestra cultura política desde que somos países soberanos.

Solo para concluir sobre este tema, quisiera agregar que como ciudadanía, debemos desarrollar la capacidad de cuestionar permanentemente el poder de manera más creativa, con propuestas de control ciudadano, de fiscalización y nuevas formas de soberanías (barriales, municipales, departamentales, regionales y nacionales, pero también digitales, territoriales, mediáticas, educativas y culturales). Debemos pensar la transversalidad del poder político, las necesidades de cada organismo territorial, de cada esfera política, de cada institución, su autoridad y sus límites, así como su fiscalización permanente. Es el único camino para acabar con estos interminables ciclos de violencia política y social.

Ahora volvamos a la actualidad chilena. ¿Porqué hablé de un lúgubre chascarro que podría terminar en flip-flop? ¿Qué es un flip-flop político? El funeral del exarzobispo emérito de La Serena, tío del presidente Sebastián Piñera, desató duras críticas por el incumplimiento de protocolos sanitarios. Los videos que se filtraron  dieron lugar a un lúgubre chascarro político en un momento dramático para el país. Durante el funeral no solo no se respetaron las normas de distanciamiento social o el número máximo de invitados, también el presidente ordenó que se abriera el ataúd -a pesar de las protestas de los asistentes- permitiéndose un lujo que se le ha negado a miles de chilenos que han enterrado a sus familiares víctimas del covid. Y hago hincapié en eso porque según las palabras del mismo Presidente durante el funeral, el exarzobispo habría fallecido por covid, razón suficiente para respetar la prohibición de tocar el ataúd y abrirlo. Por lo tanto, lo que choca la opinión pública chilena es ver que su Presidente no cumple con los protocolos que él mismo le exige a la mayoría de los chilenos en tiempos de pandemia. Por lo cual el mensaje que transmite este lúgubre chascarro es que en Chile existen dos categorías de ciudadanos: los que deben respetar la ley y los que están por encima de la ley. Al mismo tiempo que se desataba esta polémica, el presidente Sebastián Piñera anunció en una alocución la creación de una Comisión Ad hoc para zanjar la controversia generada por ciertos proyectos legislativos. Esta comisión, que será compuesta por exparlamentarios, académicos y “expertos” afines a su gobierno, tendrá según el propio Presidente la tarea de “ proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones y proyectos de ley que debe considerar, de forma de evitar que progresen mociones que no estén de acuerdo con nuestra Constitución”. Con esto se busca frenar iniciativas legislativas excepcionales como la prolongación del postnatal de emergencia (licencia de maternidad) y la prohibición de cortes de servicios básicos por incumplimiento de pago durante la pandemia, todo por considerarlas inconstitucionales desde la perspectiva gubernamental. Los parlamentarios de oposición criticaron la iniciativa presidencial por constituir una afrenta al trabajo legislativo y señalaron el autoritarismo de una decisión que podría poner fin a la separación de poderes. Quizás el presidente busque desviar la atención de una polémica que considera muy personal para trasladar la atención a una polémica más política, pero lo que busca también el gobierna es satisfacer el ala más conservadora de la política chilena en campaña contra las mociones consideradas inadmisibles (léase inconstitucionales). Lo que sí es seguro es que estas declaraciones están haciendo de Chile una verdadera olla a presión y podrían federar a toda una oposición hasta ahora bastante desarticulada. Para rematar, ese mismo 22 de junio un juzgado de Chile declaró admisible la querella contra el Presidente Piñera y el exministro de salud Jaime Mañalich por su eventual responsabilidad en las muertes por covid.

EL FLIP-FLOP POLÍTICO

Un flip-flop en política es un anglicismo para calificar de manera peyorativa un cambio de política o de opinión, brusco y repentino, decidido y expresado por una autoridad política en tiempos de crisis o en contextos pre-electorales. En general el flip-flop es considerado oportunista o hipócrita, pero en muchos casos puede generar verdaderos cambios aunque vaya en contra de la voluntad política del que lo asume. En la historia chilena reciente, podemos considerar el Acuerdo por la paz social y la nueva constitución del 15 de noviembre 2019 como un flip-flop del presidente Sebastián Piñera. El término políticos, hablar de flip-flop es menos comprometedor que hablar de volte-face, otro concepto político que esta vez describe un cambio de política radical por parte de una autoridad que asume todas las consecuencias de ese cambio. Ahora la pregunta: en un contexto de deslegitimación política tan grande, con unas autoridades gubernamentales acusadas de negligencia criminal por su mala gestión sanitaria, con un Presidente desprestigiado por faltar a los protocolos sanitarios que él mismo decretó y que hoy es nuevamente acusado de autoritarismo por la oposición por atacarse al Congreso, ¿creen ustedes que hay probabilidades para un nuevo flip flop por parte del gobierno chileno? ¿Piensan que ese flip-flop o tal vez ese volte-face pueda venir del ministro de salud? Pienso que el gobierno chileno está tan acorralado que lo mejor que puede hacer es asumir un nuevo flip-flop en materia de gestión sanitaria y social, dos ámbitos en los que han revelado ser un verdadero fracaso. Si el gobierno estuviera jugando el videojuego Democracy, claramente el programa le aconsejaría un flip-flop o un volte-face antes que la situación se vuelva ingobernable. Pero como dije anteriormente, la realidad supera a la ficción, y es probable que atrincherado como está este gobierno, el flip-flop gubernamental no se de a tiempo. Si el gobierno no tiene la lucidez de dar un giro al timón político, puede ser que la situación se vuelva tan insostenible que en las próximas semanas se creen las condiciones para un nuevo estallido social chileno, en pleno invierno y medio de la pandemia.

Por Manuel-Fabien Aliana