Hace 23 años el estudiante de la Universidad de Tarapacá Daniel Menco fue asesinado por un disparo de Carabineros

Hoy se cumplen 23 años de aquel 19 de mayo de 1999, cuando el mayor de Carabineros Norman Vargas Aragón asesinó al estudiante de auditoría Daniel Menco Prieto de un disparo a su cabeza con una escopeta de perdigones, mientras el joven participaba en las movilizaciones estudiantiles de la Universidad de Tarapacá en Arica.

Los estudiantes protestaban por el déficit del Fondo Solidario de Crédito Universitario, una iniciativa del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Por razones que aún no se entienden, el uniformado disparó contra la masa de estudiantes que se agrupaba en los alrededores de la universidad, acto completamente prohibido por la ordenanza interna de la institución. Uno de los disparon fue a parar a la cabeza de Daniel Menco, quien tristemente murió días más tarde a causa de los daños provocados.

Inicialmente se indicó que fue de un balín de goma pero rápidamente se demostró que se trataba de un balín de acero de una escopeta Winchester calibre 12.

Además de Daniel Menco, resultaron heridos otros tres jóvenes en Arica, uno por bomba lacrimógena y los otros dos por impacto de proyectil. El propio rector de la Universidad de Tarapacá protestó contra la violencia policial y exigió una investigación rigurosa al respecto de lo que había ocurrido ese miércoles 19 de mayo de 1999.

Dos días después de la muerte de Daniel Menco, durante el discurso presidencial del 21 de mayo, Eduardo Frei Ruiz-Tagle hizo una pequeña mención a lo sucedido: «Al iniciar mis palabras sobre el tema educacional quiero señalar, en nombre de todo el país, lo lamentable que ha sido la muerte del joven estudiante universitario de Arica Daniel Menco.  El Gobierno se encargará de ordenar las investigaciones del caso y de que se pongan los antecedentes a disposición de los tribunales. Reitero el llamado que ha hecho el señor Ministro de Educación en orden a terminar con la violencia en Chile. La violencia a nada conduce«.

En enero de 2003 la corte marcial sentenció al oficial Norman Vargas Aragón a tres años de presidio por el delito de cuasidelito de homicidi a pena remitida, sin tener que ingresar a un recinto carcelario para cumplirla.

En 2010, la justicia ordenó el pago de 180 millones de pesos a los padres de la víctima, y 50 millones de pesos a cada uno de sus hermanos.

El dictamen indicó que «Los funcionarios de Carabineros que intervinieron en los sucesos dañinos, en especial (el mayor) Norman Vargas Aragón, actuaron en forma negligente, sin adoptar el cuidado debido en una actividad de máximo riesgo».

El dictamen estableció que «en ningún caso debió usarse ese tipo de proyectiles para el control de la manifestación».