Por Ariadna Beneventi Pacheco
Durante el transcurso de este año, el país ha visto casi semanalmente nuevos casos relacionados a violencia de género en entornos educativos. Estos incidentes evidencian tanto fallas institucionales, como también una preocupante normalización del abuso en espacios que deberían ser seguros para el aprendizaje y el desarrollo personal.
Primero, tenemos el caso del académico premio a la excelencia de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, Roberto Herrscher, quien abusó sexualmente a una estudiante de dicha casa de estudios. A pesar que Herrscher fue suspendido de sus funciones tras dicha acusación y de la gravedad de la denuncia, la universidad ha sido criticada por su falta de transparencia y por no haber tomado medidas más contundentes anteriormente.
En la Universidad Católica de la Santísima Concepción, estudiantes de pedagogía realizaron un paro luego del conocimiento de que un compañero de carrera tendría presuntos antecedentes de posesión de material pornográfico infantil.
Continuando, el académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Carlos Ruiz, quien tiene un prontuario de violencia intrafamiliar y, pese a este antecedente, la casa de estudios aún no lo desvincula.
El caso del estudiante de la Universidad de Concepción, que ha violentado a distintas compañeras, un segundo estudiante que hostiga, violenta y acosa a sus pares por redes sociales, y el estudiante de pedagogía que amenazó en realizar un tiroteo, estando ya hace más de un mes, casi dos tercios de la universidad en paro debido a la nula atención a los casos por parte de rectoría.
Bajando a establecimientos de enseñanza básica y media, está el caso del estudiante de octavo básico del colegio de San Pedro de la Paz quien generó una serie de imágenes falsas con connotación sexual que afectaron a otras estudiantes del recinto, utilizando inteligencia artificial; o los dos profesores de la Región Metropolitana que almacenaban contenido pornográfico infantil.
Al mencionar todos estos casos, es imposible no ponerse a pensar ¿en qué momento asistir a clases se convirtió en un espacio donde tenemos que convivir con abusadores? ¿Por qué hay abusadores ejerciendo cargos pedagógicos o estudiando pedagogía? ¿Hasta qué punto es la fiscalización a la hora de contratar profesionales en el área de educación, si hay tantas personas que deberían de estar inhabilitadas, y dictando clases en aulas actualmente? ¿Por qué se siguen invisibilizando todos estos casos, y no se le pone urgencia? ¿Hasta cuándo se va a seguir postergando la implementación de la educación sexual integral en el Congreso? ¿Debemos seguir, acaso, dejando de lado el avance en materia de prevención de violencia de género por los tabúes y prejuicios de unos pocos, que quieren seguir manteniendo los casos de violencia como secretos de familia? ¿Qué se está esperando que ocurra, para que finalmente se tomen cartas al asunto a nivel nacional?
Es imperativo que se trabaje transversalmente en protocolos claros para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en los establecimientos educativos. Que los casos se aborden con total seriedad, celeridad y responsabilidad institucional. Que se tomen medidas preventivas, a la hora de admitir a futuros profesionales en las casas de estudios, aunque esto conlleve una actualización profunda de las mallas, de los protocolos de admisión o que inclusive se tenga que llegar a reformas en el marco normativo que regula el acceso a la educación superior.
En este contexto, urge también avanzar con la implementación efectiva de la ley 21.675, conocida como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, la cual establece la responsabilidad del Estado en prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia de género, incluida aquella que ocurre en espacios educativos.
Al parecer, colectivamente, se olvidaron las enseñanzas que dejó el mayo feminista de 2018, que exigía estas mismas demandas. No queremos que Chile sea un país sin memoria.
No podemos permitir que la implementación de la educación sexual integral siga durmiendo en el Congreso, cuando es la herramienta más poderosa para prevenir abusos y violaciones, tanto en contextos educativos como en la vida diaria.
Es momento de mostrar una verdadera intransigencia frente a la violencia de género. Además, deben reforzarse los mecanismos de fiscalización a la hora de contratar docentes, porque lo que está en juego son las infancias, adolescencias y juventudes, personas inocentes que no pueden seguir siendo víctimas.
No debemos normalizar que el hecho de asistir a clases sea sinónimo de miedo o peligro. La educación debe ser un espacio seguro donde la dignidad sea una práctica cotidiana. Hasta que esto no sea una realidad, el compromiso de todos debe ser incansable.
Por Ariadna Beneventi Pacheco
Fundadora y Codirectora Ejecutiva ONG Intransigentes.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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