Nada que heredar, todo que explicar: familia Pinochet pelea por bienes de origen oscuro

La reciente querella presentada por Jacqueline Pinochet contra su hermano Marco Antonio por apropiación indebida de bienes heredados del dictador Augusto Pinochet vuelve a poner en el centro del debate una incómoda verdad: los bienes en disputa provienen de una fortuna construida sobre actos ilícitos. No se trata de una herencia como cualquier otra, sino del remanente de décadas de corrupción, desfalcos y uso indebido de fondos públicos durante la dictadura cívico-militar.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) estimó en su momento que Pinochet defraudó al Fisco por cerca de 20 millones de dólares. Ese cálculo fue posible gracias a la investigación internacional que reveló la existencia de cuentas secretas en el Banco Riggs, en Estados Unidos, donde el dictador escondió dinero proveniente de fondos reservados. Parte de esa fortuna es la que hoy enfrenta a sus herederos en tribunales, dos décadas después de su muerte.

Herencia mal habida

Tal como explicó la periodista Alejandra Matus, y autora del libro Doña Lucía, la familia Pinochet Hiriart no tenía grandes riquezas antes de la dictadura. Lucía Hiriart, por ejemplo, no trabajó ni heredó fortuna alguna. La inmensa mayoría de los bienes que hoy componen la llamada “herencia Pinochet” provienen exclusivamente de los ingresos acumulados por el dictador, mediante mecanismos opacos y, en muchos casos, ilegales.

«La familia de Lucía Hiriart de Pinochet, no es una familia de gran fortuna, no es que ella haya heredado o haya acumulado una fortuna por herencia. Tampoco acumuló una fortuna por su propia labor, porque ella no trabajaba. Entonces, toda la fortuna que ella tiene, y que heredaron sus hijos y sus nietos, proviene de los ingresos, por decirlo así, que acumuló en vida Augusto Pinochet […] Se supone, es una cosa de suma o resta, que si tú no tienes fortuna propia, que si tú no trabajaste, la fortuna que tienes, corresponde a un monto defraudado por una persona que, aunque no fue condenada, quedó establecido en su momento que había defraudado al Fisco«, explicó Alejandra Matus en entrevista con Radio Universidad de Chile.

Entre estos procedimientos oscuros destacan el uso de los fondos reservados de la dictadura, el desvío de recursos a cuentas personales, y la apropiación de inmuebles públicos a través de CEMA Chile, la organización que presidió Lucía Hiriart durante el régimen y que funcionó como una suerte de inmobiliaria paralela con beneficios personales. La justicia chilena apenas arañó la superficie de estas operaciones, dejando muchas de sus aristas impunes.

Las propiedades en disputa

Según la información revelada por La Tercera, la querella presentada por Jacqueline Pinochet da cuenta de ocho propiedades que formarían parte de la masa hereditaria: casas en la playa, un departamento en Vitacura, la hacienda de Los Boldos en Santo Domingo y una parcela en El Melocotón. Según la denunciante, su hermano Marco Antonio habría arrendado varias de estas propiedades sin consultarle ni rendir cuentas, apropiándose de los ingresos generados.

Pero el verdadero escándalo no es que se peleen por mansiones, sino que estas mansiones no deberían estar en manos privadas. De hecho, fueron objeto de medidas cautelares en su momento debido a las acciones legales del CDE, que buscaba recuperar parte de los dineros defraudados al Estado.

¿Y el Estado?

Lo inquietante del caso no es solo el conflicto familiar, sino la inacción del Estado chileno frente a una herencia manchada de corrupción. Si bien en su momento se abrieron procesos judiciales y se congelaron bienes, el paso del tiempo, la falta de voluntad política y las redes de protección tejidas por el pinochetismo permitieron que los hijos del dictador accedieran a esos recursos. Hoy, no solo administran esos bienes: también litigan entre ellos para definir quién se queda con qué.

Como recordó Matus, si el Estado fue parte del proceso de apertura del testamento de Lucía Hiriart en 2023 es porque todavía había fondos por reclamar. La cifra oficial que el Fisco exigía a los herederos ascendía a 17 millones de dólares, pero nadie sabe con certeza cuánto dinero acumuló realmente Pinochet a través de sus múltiples actividades ilícitas, incluyendo tráfico de armas y desvío de fondos de organismos estatales.

«Creo que la duda para los chilenos y chilenas siempre va a estar en cuánto realmente acumuló Pinochet como parte de actividades ilícitas y defraudatorias del Estado de Chile. Nunca se ha establecido cuánto tiene esa familia, pero lo que sí sabemos es que la familia Pinochet Hiriart es una de las familias más ricas de Chile, a pesar de que no hay otra actividad económica, comercial que justifique esos dineros, salvo el sueldo como funcionario público, como general y como jefe de Estado, que en su momento se asignó Pinochet», detalló en aquella oportunidad Matus.

Justicia pendiente

Mientras Jacqueline Pinochet denuncia maltrato habitual, apropiación indebida y exclusión familiar, el foco debería volver al origen de la riqueza: una fortuna construida sobre los pilares de la dictadura, la corrupción y el abuso de poder. Lo que está en juego no es solo un puñado de propiedades, sino el precedente que sienta el país respecto a las fortunas ilegítimas construidas desde el poder.

A dos décadas de la muerte de Pinochet, y a casi medio siglo del golpe de Estado, la sociedad chilena sigue arrastrando las secuelas patrimoniales de la dictadura. La pregunta que queda flotando es simple, pero incómoda: ¿por qué los bienes obtenidos ilícitamente por un dictador no han retornado aún al patrimonio del Estado?

«Sería impresentable que, a pesar de todo lo que ya se sabe públicamente y de lo que se ha establecido judicialmente, la familia se lleve toda esa fortuna sin ningún costo», advirtió en su momento la periodista Alejandra Matus.