El Caso Quilleco suma un nuevo capítulo de presión. Según un escrito recibido por esta redacción, presos políticos mapuche iniciaron una huelga de hambre indefinida y apuntaron a la sentencia de enero, acusando vulneraciones al debido proceso.
En el documento, las y los comuneros comunican “el estado actual” de su situación y subrayan que la medida no es simbólica: exigen la anulación del juicio condenatorio, reclaman respeto al debido proceso y, además, vuelven a poner sobre la mesa las condiciones carcelarias del módulo de comuneros mapuche en el Centro de Cumplimiento Penintenciario (CCP) Temuco.
Huelga de hambre indefinida caso Quilleco: las demandas que levantan los presos políticos mapuche
El escrito señala:
“Por medio del presente escrito queremos […] comunicar el estado actual de nosotros los presos politicos mapuche del caso Quilleco, que iniciamos hoy 16 de febrero de 2026 una huelga de hambre de carácter indefinido exigiendo las siguientes demandas:
1.- La anulación del juicio condenatorio en el cual fuimos sentenciados el 20 de enero de 2026 en el tribunal oral en lo penal de Los Ángeles, a 15 y 17 años de presidio.
2.- Que se respete el debido proceso y fin a las condenas políticas.
3.- Mejoras en las condiciones carcelarias dentro y para el módulo de comuneros mapuche para el CCP Temuco.”
El texto sitúa la huelga como respuesta a una condena que, aseguran, se configuró en un escenario adverso para la defensa y con un patrón de criminalización que no sería nuevo para organizaciones mapuche y sociales que han seguido el caso.
Huelga de hambre indefinida caso Quilleco: la sentencia de enero y el trasfondo del proceso
La huelga se inicia semanas después de la condena dictada el martes 20 de enero de 2026 por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles. En ese fallo, siete comuneros mapuche fueron sentenciados con penas de 17, 15, 7 y 5 años de prisión, en el marco de acusaciones vinculadas a la quema de camiones y amenazas por hechos ocurridos el 13 de octubre de 2023 en la comuna de Quilleco.
De acuerdo con la información emanada por la justicia, fueron condenados Óscar Cañupan, José Lienqueo, Bastián Llaitul, Axel Campos y Roberto Garling por incendio de dos camiones y amenazas. A la vez, se indica que fueron absueltos del delito de asociación criminal y también de la acusación por homicidio frustrado a Carabineros. En tanto, Rafael Pichún Collonao y Tania Sagal fueron condenados como autores intelectuales del incendio de un camión, y absueltos del delito de incendio consumado.
El contexto del caso incluye una prisión preventiva que —según los antecedentes entregados— se extendió por más de dos años para cinco de los imputados, desde el 13 de octubre de 2023, además de postergaciones del juicio oral. También se apunta a irregularidades denunciadas durante la investigación, como reformalizaciones cuestionadas, entrega tardía o incompleta de antecedentes a la defensa y el uso de testigos sin rostro, varios vinculados al sector forestal.
El proceso, además, tuvo como querellantes a actores privados y estatales: Forestal Arauco (Grupo Angelini), un contratista de Forestal Mininco/CMPC (Grupo Matte), Transportes Inostroza, la Delegación Presidencial del Biobío y el Ministerio Público. También se menciona que estuvo liderado por el fiscal Juan Yáñez.
No es la primera vez que el caso deriva en medidas de presión: durante el periodo, los presos políticos mapuche del Caso Quilleco realizaron dos huelgas de hambre previas por garantías mínimas como presencialidad en audiencias y el respeto a un plazo razonable. Hoy, la nueva huelga vuelve a instalar la pregunta de fondo: ¿debido proceso real para todas las personas o condenas ejemplificadoras cuando se trata de comuneros mapuche?
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