Incendio de iglesia en Ancud: Corte de Pto. Montt excluyó pruebas de la Fiscalía por múltiples ilegalidades

"El fallo es relevante, porque señala que el cumplimiento de los derechos fundamentales no es algo que los jueces puedan determinar libremente, sino que son básicos, imprescindibles para que una pena sea justa", afirmó Humberto Ramírez, de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos.

Este martes, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt decidió excluir parte de las pruebas que iba a presentar la Fiscalía de Ancud en el juicio oral contra el único imputado por el incendio que destruyó la Iglesia San Francisco de Ancud, el pasado 22 de enero del 2020.

Según consignó Radio Cooperativa, el tribunal ratificó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Ancud, por lo que la Fiscalía no podrá presentar, entre otras pruebas, la declaración íntegra de los 5 funcionarios PDI que detuvieron al acusado, como tampoco las cosas incautadas en el domicilio de éste, puesto que tal diligencia fue declarada ilegal.

Humberto Ramírez, de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Los Lagos, dijo a la emisora que «la Corte estimó que la policía incautó las especies del acusado sin su autorización, como dueño de las mismas, ni con autorización judicial previa, lo que es ilegal. También confirmó que durante la diligencia, autorizada por su madre, a ésta no se le advirtió que su hijo se encontraba detenido y que en ese momento tenía la calidad de imputado».

Asimismo, agrega el reporte de Cooperativa, el tribunal consideró que en el peritaje psicológico del Servicio Médico Legal al acusado también hubo vulneración de garantías, ya que se le hicieron preguntas cuyas respuestas podían autoincriminarlo, sin informarle además de su derecho a guardar silencio y a que estuviera presente un abogado defensor.

«El fallo es relevante, porque señala que el cumplimiento de los derechos fundamentales no es algo que los jueces puedan determinar libremente, sino que son básicos, imprescindibles para que una pena sea justa. En otras palabras, una sanción no puede ser legítima si el camino para llegar a ella implica vulnerar los derechos de las personas», indicó Ramírez, quien anticipó que ahora, las pretensiones del Ministerio Público «se ven bastante mermadas respecto de su pretensión acusatoria».

En este caso, la Fiscalía de Ancud está pidiendo un castigo de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio para el imputado.

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