Incertidumbre política tras anuncio del gabinete: Historiales y declaraciones

Por Matías Toledo Herrera, presidente del Partido Igualdad e integrante de la Coordinadora Social ShiShigang

La proclamación del nuevo gabinete llegó también junto algunos hitos históricos que son importantes mencionar: una clara mayoría de mujeres en cargos ministeriales, la primera ministra del interior, el primer docente como ministro de educación y la llegada de las disidencias sexuales.

Sin embargo, y sin dejar de valorar estos hitos, estos corresponden más bien a una realidad ya ganada en país hace tiempo por las luchas sociales. Es decir, no son producto de la buena voluntad de sectores políticos, sino que es lo mínimo que la ciudadanía espera de cualquier gobierno. Y sin ánimos de aportillar al recién proclamado gabinete, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta. Muchos sabíamos que el gobierno de Gabriel Boric no era un gobierno de corte popular sino más bien academicista, reformador y social demócrata. Pero, no esperábamos lo rápido que la antigua Concertación asumiría tanto protagonismo desde la instalación inicial del gobierno.

Si bien era de conocimiento público que este nuevo gobierno buscaría un pacto con la antigua Concertación para poder darle gobernabilidad al nuevo periodo, nunca nos imaginamos que estos ocuparían casi siete carteras, entre ellas algunas de las más importantes como Hacienda, lo que claramente tendrá serias repercusiones en la implementación de la política pública.

Hoy son muchas las cosas que nos hacen ruido y nos tienen expectantes. No solo por la presencia de la Concertación al interior del bloque de gobierno, sino que también por las constantes declaraciones conciliadoras llamando a la paz, a la desmovilización y jugando al empate entre la violaciones sistemáticas a los derechos humanos (entre ellas asesinatos, mutilaciones y diversos casos de tortura policial y militar), versus los aislados casos de efectivos policiales que resultaron lesionados durante la revuelta popular de octubre.

Sabemos que el camino a la emancipación de los pueblos y el buen vivir solo es conducido por la organización social, por lo tanto la desmovilización hoy no es una alternativa. Ahora más que nunca necesitamos estar despiertos y organizados, atentas para impulsar desde las calles la aprobación de la nueva Constitución, como también para empujar desde la protesta popular los proyectos de ley necesarios que garanticen el buen vivir, sobre todo cuando la izquierda no tiene la mayoría en el parlamento. Hoy vemos que con mucha dificultad se podrá avanzar en los cambios necesarios, no solo por no tener la mayoría en el Parlamento, por la desmovilización popular y la gran ilusión que tiene un gran sector de nuestra población en este nuevo gobierno, sino que también porque muchos de los ministros apuestan, o han apostado, por la privatización y la entrega de concesiones a privados en sus antiguos puestos de trabajo. De seguir ese camino ahora como ministros, eso significaría no solo un retroceso del campo popular, sino que también la profundización de un modelo que ya estaba en decadencia en nuestro país.

Por otro lado, el pacto de gobernabilidad con la antigua Concertación también imposibilitará a la nueva administración de poder hacer una limpieza de la institucionalidad pública, puesto que muchos de los trabajadores y trabajadoras que han saqueado las arcas públicas hoy vuelven a ser gobierno, cambiando todo para que no cambie nada. Sabemos que al interior del Apruebo Dignidad existe la tesis de jugar ajedrez con piezas aliadas y enemigas, en un tablero donde ellos pongan las reglas. Sin embargo, los neoliberales vienen trabajando juntos desde la universidad y su capacidad de articulación y repliegue es tremendamente fuerte. Ya pasó con el gobierno de Bachelet, donde se quiso poner el programa por delante, y terminaron jugando para atrás. Un diputado de Apruebo Dignidad hace muy poco, refiriéndose al nuevo gabinete, dijo “llegó el momento de hacer política” como si toda la política se hiciera negociando en los pasillos del Congreso a espaldas de la ciudadanía, cuando ha sido la ciudadanía a la fecha la que por fuera de este espacio se ha organizado para combatir el hambre desde las ollas comunes y despensas populares, limpiar y reforestar los micro basurales, enfrentar el alza del costo de la vida con los comprando juntos, entre otras. O sea, no fue el Parlamento el que trajo el cambio constitucional sino que fue la protesta popular, y de no ser por el “acuerdo por la paz” quizás también nos haya traído la renuncia y el juicio de Sebastián Piñera por todas las atrocidades cometidas.

No toda la política se hace desde la institucionalidad sino que también desde las asambleas, cabildos, colectivos, jjvv, comités y acciones territoriales. Como vecino, poblador, padre, hermano e hijo, espero de corazón que nuestras condiciones existenciales mejoren. Espero que a este gobierno, y a cualquiera, le vaya bien siempre y cuando administren el Estado para el buen vivir.

Los siguientes antecedentes y la opinión política de ellos, no es una declaración de guerra ni de oposición al gobierno, sino que más bien una serie de inquietudes e interrogantes que nos surgen a los sectores populares organizados.

Ministerio de Educación, Marco Antonio Ávila: Trabajó en la fundación Educar Chile, fundación que apuesta por la privatización de la educación en Chile, está junto a otras organizaciones agrupadas en Acción Colectiva por la Educación, y presentaron una iniciativa de norma popular que busca el financiamiento del Estado a privados en materia de educación. Importante también es señalar que esta última organización trabaja con la Fundación Luksic.

Si bien Marco Ávila pueda que solo haya sido un trabajador en aquel espacio, sin tener responsabilidad política de la línea de la fundación, al igual que muchos docentes trabajan en el sector privado por ser la única opción que tienen, con esta información creemos que es muy importante tener ojo con la vertiente política que se pueda abrir desde acá, porque si la apuesta política del próximo ministro seguirá siendo la privatización de la educación, como lo era en su antiguo puesto de trabajo, estaremos hablando de la profundización del modelo.

Ministerio de Salud, María Begoña Yarza: Fue gerente de calidad en la Clínica Santa María, misma clínica donde Jamin Gerdes se suicidó por acoso laboral de sus superiores. Hace unos días, la FENATS -Federación Nacional de Trabajadores de la Salud-, envió una carta al recién electo Presidente Gabriel Boric denunciando su accionar como directora del Servicio de Salud Metropolitano Sur durante el gobierno de Piñera, donde hizo todo lo posible desde su gestión para que la construcción del Hospital Exequiel González Cortés fuera concesionada a privados.

Hay además otras denuncias por conductas antisindicales, licitaciones de dudosa procedencia e implementación de protocolos que ralentizan la atención en urgencia médica. Conductas que vemos por lo menos como alarmantes, y si bien es importante dejar trabajar a la nueva ministra, consideramos más importante aún construir junto a los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, y no siempre con los grupos academicistas y expertos.

Ministerio de Vivienda, Carlos Montes, o “los fantasmas contraatacan”: Integrante del Partido Socialista, ha sido un firme partidario de las políticas privatizadoras en vivienda. Cito: “Señor Presidente, el proyecto de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, llamado ‘leasing habitacional’, tiene una doble importancia. Por un lado, diversifica las alternativas de los sectores medios para acceder a vivienda y, por otro, genera nuevos mecanismos para atraer inversión privada al sector”. Con esta política muchos chilenos y chilenas después de pagar años tras años, dos o tres veces su vivienda, quedaron en la calle. Con esta política el empresariado inmobiliario se metió de lleno en la inversión por medio de un bien que se arrienda pero no muchas veces se adquiere.

Además de esto participó de la ley de integración social como presidente de la Comisión de Vivienda en el Senado, el traje a la medida de las inmobiliarias. Habiendo construido tantas instancias de trabajo con las coordinadoras y federaciones nacionales de pobladores y pobladoras, el gobierno con esta nominación, nuevamente, pasa por alto a la gente, y designa un ministro con cual tenemos una pésima experiencia.

Ministerio del Deportes, Alexandra Benado: Fue denunciada por malas prácticas laborales mientras ocupaba un cargo de jefatura en Londres 38, denuncia respaldada por el Colectivo Bugambilia, agrupación de vasta y reconocida trayectoria.

Ministerio de Transporte, Juan Carlos Muñoz: Ex asesor de Lagos y Bachelet, en primera instancia para el plan Transantiago, en segunda instancia para mejorar el proyecto de Transantiago, proyecto que consolidó la privatización del transporte público en la Región Metropolitana. Según los datos disponibles, entre el 2003 al 2016, el fisco gastó 5,4 billones de pesos para el funcionamiento de este proyecto, externalizando el servicio que hoy tiene trabajando en condiciones indignas a cientos de trabajadores sin derecho a baño, ni casino.

Hoy es importante no replicar estas políticas que han terminado financiando el negociado del empresariado y precarizando nuestras condiciones laborales.

Ministerio de Hacienda, Mario Marcel: Reconocido economista neoliberal, ligado a la Concertación, ex militante socialista, es el que estará a cargo de una de las carteras más importantes, aplaudido por Luksic y criticado por el mundo político social de la izquierda chilena, trabajó con Piñera y trabajará con Boric. Personaje ligado como asesor y funcionario en materias macroeconómicas en casi todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, director de la DIPRES en el gobierno de Ricardo Lagos, opositor de los retiros del 10% en una de las peores crisis sanitarias y sociales que ha vivido Chile. Mientras el pueblo pasaba hambre, este sujeto se oponía.

Desde el retorno a la democracia, los distintos gobiernos de la Concertación y la derecha han profundizado el neoliberalismo por medio de prácticas privatizadoras y de concesiones, y hoy tenemos a uno de esos “expertos” al mando de uno de los ministerios más importantes del gobierno como es el ministerio de Hacienda.

Ministerio de Desarrollo Social, Jeannette Vega: Fue subsecretaria de Salud Pública, directora de Fonasa durante el gobierno de Bachelet. Ligada al PPD, el 2009 fue denunciada por la Contraloría por un caso donde una trabajadora a honorarios ejerció funciones directivas y resolutivas como jefa el departamento de Epidemiologia, sin tener responsabilidad administrativa. Fue sancionada con una multa y una anotación de demerito, acusación que nunca se cursó, por lo que años después la ministra de Salud, de la misma coalición política, intentó prescribir la acusación.

Esperamos que en este nuevo gobierno todos seamos iguales ante la ley, y las sanciones por responsabilidades administrativas puedan llegar a buen puerto, y no se intente zafar por secretaría.

Ministerio de Defensa, Maya Fernández: Militante del Partido Socialista, funcionaria del gobierno de Ricardo Lagos, se desarrolló dentro de la dirección de relaciones económicas internacionales durante el gobierno de Bachelet, es parte del sector del PS que busca alianza con el FA.

Ministerio de Minería, Marcela Hernando: Militante del Partido Radical.

Ministerio de RREE, Antonia Urrejola: Cercana al Partido Socialista, trabajó con José Insulza como asesora en los dos periodos de la Secretaría General de la OEA, el ministerio del imperialismo, hincha acérrima de la crítica de los procesos de liberación latinoamericanos.

Así las cosas, desde nuestro sector social y político y desde el pueblo que ha luchado por años y años por la soberanía popular y contra los gobiernos del duopulio que mal gobernaron Chile por cerca de 30 años, se justifica la desconfianza en el actuar futuro del nuevo gobierno, y no nos queda más que seguir organizando y luchando por los derechos de los pueblos.

Foto Portada: Agencia Uno