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INDH logra que justicia reabra caso por inmovilizaciones forzadas a discapacitados en centro del Sename

Luego que en 2017 se conocieran públicamente varios videos en los que se constataban las inmovilizaciones a las que eran forzadas tres niños/as y dos adultos con discapacidad intelectual por personal de la Residencia Alihuén-Coanil de Buin, el Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó la reapertura de la investigación, caso en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó querellas por torturas.

La residencia es un organismo colaborador dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME), y allí las víctimas fueron amarrados a la fuerza a una camilla por horas, boja abajo, debiendo orinarse y defecarse.

“En una oportunidad, uno de los niños andaba con un celular jugando a que era el jefe del recinto. La persona encargada le dijo ‘yo soy el único jefe acá” y se tiró a reducirlo, lo puso de guata apoyándole la cara contra el suelo y se puso encima de él, afirmándolo con las rodillas la espalda y las piernas”, relata una testigo presencial para una de las querellas.

La declarante agregó que “al ver la situación otro de los niños se alteró y se tiró a defenderlo, por lo que el jefe del establecimiento lo lanzó lejos. Ahí llegó el equipo y lo amarraron de guata, con los brazos y los pies juntos atrás. Los dejaron a amarrados y se fueron sin dejar instrucciones”.

Estos hechos son constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la luz de los estándares contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos, y se realizaron fuera del marco legal, vulnerando gravemente la integridad personal de las víctimas, asegura el INDH.

Atendiendo a una solicitud realizada por el Instituto, el tribunal ordenó realizar a la Fiscalía una toma de declaraciones a dos de las víctimas, mediante apoyo de profesional especializado para el trabajo en personas con discapacidad. El objetivo es  garantizarle a los /as afectados/as  acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

Pese a haber transcurridos dos años desde que se develaron estos hechos, aún no hay personas formalizadas, por lo que el INDH seguirá instando a los órganos estatales a cumplir con el estándar de debida diligencia en la investigación y sanción, así como a la debida reparación a las víctimas.

Fuente: INDH

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