INDH: Más de 200 víctimas del estallido social desistieron de procesos penales por falta de resultados favorables

La Comisión de Derechos Humanos del Senado analizó los protocolos de acompañamiento de víctimas de trauma ocular del estallido social de 2019, tras el suicidio de Patricio Pardo Muñoz de 26 años, ocurrido el pasado viernes.

Durante la sesión, se escuchó a la representante de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Marcela Cerda, quien se refirió a la efectividad que ha tenido el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) implementado por el Ministerio de Salud.

En este sentido, desde el INDH explicaron que el organismo ha interpuesto más de tres mil querellas, entre las cuales estaba el caso de Patricio.

“Debido al aumento de víctimas tras las crisis social, se hizo necesario generar servicios especializados así se contrataron sicólogos y trabajadores sociales para localizar y dar seguimientos a los representados. La idea es evitar la victimización secundaria, reconocer la dignidad de las personas y propiciar los programas de reparación”, describió Cerda, citada en una nota oficial del Senado, publicada en su página web.

En este sentido, Cerda detalló que se presentaron 19.000 gestiones para el apoyo de los afectados por la violencia y represión policial, de los cuales 11.000 fueron evaluados como efectivas.

“Al 30 de noviembre del 2021, de los más de 3 mil representados solo 326 declararon haber recibido alguna atención física, mental o social, y otras 226 admitieron que no seguirán con el proceso penal al no ver resultados favorables”, manifestó el organismo, citado en la nota oficial.

En un informe elaborado por el INDH, el organismo señala que era deber de la Fiscalía Nacional, tomar medidas concretas para que el Ministerio Público pudiera hacer las labores, no obstante, en casi dos años del estallido social, no se hicieron las diligencias para el esclarecimiento de los casos.

«Lo que se esperaba de la Fiscalía Nacional, en particular, es que tomara medidas especiales y concretas para efectos de que el Ministerio Público abordara de manera oportuna y seria, una situación excepcional como la ocurrida a partir del estallido social. Respecto de esto último, durante estos casi dos años transcurridos desde el inicio del estallido, la Fiscalía Nacional debió haber liderado, elaborado y supervisado de manera constante y oportuna una política de persecución que permitiera maximizar las posibilidades de esclarecimiento y, en su caso, haber solicitado reiteradamente la intervención de los poderes del Estado para lograr dicho cometido, cuestión que no hizo», refiere la investigación realizada por el INDH.

De igual forma, el INDH señala que la lentitud de los avances, se refleja en las pocas causas que se han formalizado, desde octubre de 2019, hasta el día de hoy.

«La lentitud de los avances también se refleja al examinar aquellas causas que han sido formalizadas. En efecto, en estos casos no hay un problema en la identificación del imputado y es posible observar líneas y diligencias de investigación más nítidas. Asimismo, es importante explicar que una formalización supone simplemente comunicar a una persona que se la está investigando para que pueda defenderse, pero también para llevar adelante medidas de investigación más intensas. Se trata de una instancia inicial de la investigación penal que, aunque puede tomar varios años, constituye el primer paso necesario para obtener una sentencia que establezca la responsabilidad del imputado», refiere el informe.

Según los datos proveídos por el Ministerio Público, citados en el informe del organismo, en 2021 existen un total de 57 causas formalizadas, respecto de 118 imputados.

«Ciertamente, se trata de casi el doble de personas imputadas respecto del año anterior, pero la proporción que estas causas representan respecto del total de causas vigentes es del 1,8%», puntualiza la INDH.

Durante la sesión, además, el organismo señaló que el Programa Integral de Trauma Ocular que el MINSAL solo había informado que se había atendido al 64% del total de afectados, debido a que no se contaba con suficientes recursos.

«El equipo es escaso y solo se concentra en la Región Metropolitana (…) El Minsal nos ha informado que a abril de este año, habían 240 pacientes activos, un 64% del total de afectados. Nosotros hemos tenido reuniones para facilitar los protocolos de apoyo a las víctimas. El 23 de diciembre tendremos el resultado de la implementación de las recomendaciones que hicimos”, explicó la representante del INDH ante el Senado.

SEGUIR LEYENDO: INDH sobre suicidio de Patricio Pardo: “Desde el 23 de diciembre de 2019 le reclamamos al Estado una política de reparación que incluyera el acompañamiento a las víctimas”

Apoyo psicológico y reparación de víctimas

El senador Alejandro Navarro instó a la Biblioteca del Congreso Nacional realizar las investigaciones correspondientes para poder tomar las medidas correspondientes para la reparación de las víctimas, tanto en el área psicológica, como entre otras acciones relacionadas a la violaciones de derechos humanos.

Durante la sesión, se acordó que esta semana se conversará con representantes del Colegio Médico para conocer la atención psicológica que se contempla en los programas.