INDH presenta querella por violento allanamiento de la PDI a madre e hija usuarias de marihuana medicinal

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal «por abuso contra particulares», por lo que se catalogó como «extrema vulneración de derechos» de una mujer de 55 años de Chillán y su hija discapacitada, por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que realizó un violento allanamiento en su domicilio y las detuvo por cultivar cannabis.

Desde el organismo denunciaron que los detectives no contaban con ninguna orden judicial para allanar la propiedad, donde además no se encontró ninguna evidencia que hiciera “suponer algún posible tráfico ilícito de drogas”.

Los hechos se registraron el pasado mes de febrero, cuando los detectives llegaron a la casa de Rosa Salazar y su hija -ambas pacientes de Fundación Daya-, y la amedrentaron para que los dejara pasar, incautando un dispositivo de cultivo «indoor» y tres plantas. La mujer pasó cinco horas detenida y esposada en una celda, siendo liberada más tarde gracias las gestiones de Fundación Daya.

“Para nosotros es un paso fundamental comenzar a contar con la presencia del INDH, ya que estamos ante una vulneración a los Derechos Humanos, de un Estado que, en vez de acoger, cuidar y acompañar, decide perseguir a los más débiles, a los enfermos. El problema hoy día es que tenemos un Poder Ejecutivo, un Ministerio del Interior, un Senda, que niega rotundamente esta realidad, negando incluso la propia legislación vigente”, afirmó Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya.

La directora recordó que existen en Chile muchos más casos como el de Rosa Salazar, por lo que -dijo- se hace necesario revisar la Ley de Reparación a las Víctimas de la Ley 20.000, para que se eviten abusos contra la comunidad que ejerce cannabis medicinal.

Desde la PDI, en tanto, hicieron llegar una nota de prensa a El Ciudadano, donde aseguran que «el procedimiento en cuestión se ajustó a derecho, cumpliendo con todos los protocolos establecidos para estos efectos».

«La diligencia realizada el 17 de febrero de 2021, se concretó tras una instrucción entregada por el Ministerio Público, a raíz de una denuncia por infracción a la Ley 20.000. En dicho contexto, y considerando la droga incautada en el domicilio, la fiscalía instruyó la detención de la imputada, decisión que posteriormente el órgano persecutor revocó, determinando el fiscal de turno la libertad de la persona y su apercibimiento», afirmaron desde la institución policial.