Informe de Amnistía Internacional revela impunidad de altos mandos de Carabineros en violaciones a los DDHH

Organización advierte que hasta el día de hoy, "se siguen repitiendo conductas de uso desproporcionado de la fuerza, y el gobierno mantiene un discurso de apoyo irrestricto a Carabineros, que incluso llega a negar la gravedad de lo sucedido hace dos años o la necesidad de abordarlo de manera estructural".

En la víspera de cumplirse dos años del estallido social, este lunes 18 de octubre, la organización Amnistía Internacional (AI) presentó ante la Fiscalía Nacional un informe que recopila estándares internacionales sobre la responsabilidad penal de los mandos de Carabineros durante la revuelta en Chile.

En el documento, AI acusa que dichos mandos superiores «no evitaron ni denunciaron el uso excesivo desproporcionado de la fuerza» por parte de los integrantes de la institución policial durante las protestas.

«Los medios y técnicas instauradas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y muchos de los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos atendiendo el control de las protestas», afirmaron desde la organización internacional en un comunicado.

En esa línea, recordaron que «de forma deliberada, estos mandos habrían obstaculizado el acceso a la información a la Fiscalía y permitido la impunidad al interior de la institución – por ejemplo, en casos como los de Alex Núñez, Gustavo Gatica y Fabiola Campillai. Este ambiente de favorecimiento e impunidad es claro al constatar que, dos años después de la respuesta represiva generalizada de parte de Carabineros, el entonces Director de Orden y Seguridad (Ricardo Yáñez) no solo no ha sido investigado por su rol y responsabilidad durante el estallido social, sino que ha sido ascendido al puesto máximo de la institución como General Director».

En este punto, indicaron que «esta cultura institucional de la impunidad fue avalada por un discurso inflamatorio del Ejecutivo, que demonizó la protesta caracterizando a los manifestantes como un enemigo poderoso, organizado y despiadado, lo cual promovió y posibilitó los diversos crímenes cometidos con ocasión del estallido».

«Hasta el día de hoy, se siguen repitiendo conductas de uso desproporcionado de la fuerza, y el gobierno mantiene un discurso de apoyo irrestricto a Carabineros, que incluso llega a negar la gravedad de lo sucedido hace dos años o la necesidad de abordarlo de manera estructural», advirtieron, finalmente, desde AI.

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