Informe policial descartó existencia de supuestos «audios clave» que involucrarían a exalcalde Jadue con imputado en el «Caso Luminarias»

El Caso LED de Recoleta, que investiga presuntos delitos de Cohecho y Fraude al Fisco en la millonaria licitación de alumbrado público a la empresa ITELECOM Holding Chile SpA, se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo la expectativa mediática puede eclipsar la realidad pericial.

Durante meses, la narrativa pública, alimentada por filtraciones periodísticas, se centró en la existencia de audios clave que vincularían de manera irrefutable al exalcalde Daniel Jadue y a otros funcionarios municipales (Ramón Sepúlveda Castillo, Alfredo Parra Silva y Giannina Repetti Lara) con el imputado León Marcelo Lefort Hernández.

Sin embargo, el Informe Policial N° 20250535477/00390/, emitido por la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana, reveló una verdad técnica ineludible: los audios analizados, que se suponían la prueba más contundente, no contienen ninguna evidencia que sustente dicha conexión, dejando al descubierto el abismo entre la especulación y los hechos.

La investigación judicial, dirigida por la Fiscalía Regional de Ñuble, se concentró en desentrañar la adjudicación del servicio de alumbrado por un monto superior a los 10 mil millones de pesos, y la relación de la misma con transferencias por $50.000.000 desde ITELECOM a la Corporación Cultural de Recoleta, casi un año después de la licitación, como aporte al desarrollo cultural de la comuna.

La evidencia telefónica era crucial, pero se había enfrentado a obstáculos técnicos considerables, incluyendo la falta de metadatos y el volumen ingente de archivos recuperados de respaldos encriptados del sistema XORCOM. En ese contexto, diversos medios y autoridades políticas pretendieron instalar la idea de que el mismo alcalde había hecho desaparecer los audios porque eran la prueba definitiva, lo que terminó por ser nada más que un volador de luces, sin fundamento.

A partir de ello, la Fiscalía Regional instruyó a la PDI mediante el Oficio N° 10363 de fecha 17 de julio de 2025, una diligencia específica: analizar 94 archivos de audio que la Unidad Nacional de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Nacional había identificado por tener los «mayores índices de similitud» con las voces de los sujetos de interés. Se esperaba que estos audios fueran las «conversaciones extraviadas» que finalmente confirmarían las interacciones entre Lefort y el círculo municipal de Recoleta.

El Comisario Larry Jesús Caro Arroyo, oficial investigador, procedió a la revisión técnica y la escucha del contenido.

El resultado, consignado en el informe policial de fecha 30 de octubre de 2025, fue categórico y negativo. La conclusión criminalística establece con claridad: «Del análisis efectuado sobre los noventa y cuatro (94) archivos de audio… no se obtuvieron resultados positivos que permitieran establecer la existencia de conversaciones o registros auditivos vinculados directa o indirectamente con los hechos investigados».

El informe certificó que no se identificaron las voces de Jadue ni de los otros funcionarios municipales, ni se observó contenido que aportara elementos de interés investigativo a la causa. Revisa el informe acá.

La construcción mediática y el daño reputacional irreparable

El fracaso de la prueba pericial al momento de vincular directamente estos 94 audios contrasta dramáticamente con el eco que tuvieron las filtraciones previas.

Varios medios de comunicación, con el diario La Tercera como actor principal en la difusión de información relativa al caso, habían cimentado una narrativa donde la existencia de dichos audios se presentaba como una inminente revelación que probaría las comunicaciones, y por extensión, el compromiso de los funcionarios.

Esta difusión prematura, que interpretaba la «similitud» como una «conexión» ya probada o la existencia de «audios perdidos» como prueba de culpabilidad, desencadenó un significativo daño reputacional: Primero, se materializó una condena mediática previa al veridictum. Al reportar la existencia de los audios como un paso inminente hacia la imputación, se sometió al exalcalde Jadue a un juicio público inmediato. El público asoció inmediatamente su figura a la de la empresa Itelecom y a los delitos de corrupción, sin necesidad de esperar la confirmación técnica.

La sospecha se grabó en el imaginario colectivo; a lo anterior le siguió una erosión de la confianza política, ya que para una figura con alta proyección pública y política, la filtración de supuestos vínculos con corrupción es altamente corrosiva. El daño se dirige a la esencia de la política: la probidad y la confianza.

La imagen de Daniel Jadue como líder se vio permanentemente manchada, obligándolo a destinar recursos y tiempo a la defensa, en lugar de a su actividad política; y por último, el efecto del desmentido tardío. La noticia inicial de la existencia de pruebas incriminatorias se difunde con gran estruendo y viralidad. En contraste, el resultado oficial y técnico que desmiente el contenido de esos audios (un «resultado negativo») llega tarde y con un titular mucho menos atractivo, incluso con la posibilidad no menos cierta de que los mismos medios que difundieron intencionadamente las supuestas revelaciones, ni siquiera consignen lo que finalmente estableció la investigación.

El público, a menudo, solo recuerda el titular de la sospecha, mientras que la exoneración técnica se diluye o se interpreta como un tecnicismo legal.

Así las cosas, el Informe Policial N° 20250535477/00390/ sobre los 94 audios del Caso LED de Recoleta constituye un documento de gran valor investigativo, pues cierra una línea de indagación específica con un resultado concluyente: a más de 7 años de iniciada la investigación, se establece la ausencia de contenido incriminatorio o voces identificables en ese corpus de evidencia.

Sin embargo, esta victoria técnica llega con el peso del costo político ya pagado. Las filtraciones y el reporteo que magnificaron la trascendencia de estos audios, como las reveladas por medios como La Tercera, tergiversaron la realidad procesal, transformando una diligencia de verificación en una virtual condena.

La lección de este caso radica en la necesidad de diferenciar entre el proceso de investigación y el resultado final, sobre todo en tiempos en donde la crisis de corrupción del sistema judicial en su conjunto ha terminado tendiendo sobre toda la institucionalidad un velo que dificulta la más mínima confianza en ella.

La difusión de la mera existencia de «similitudes» o la interpretación de «archivos perdidos» como hechos probatorios, genera un daño reputacional que, aun siendo falso según la pericia oficial, es prácticamente irreversible en la carrera y la percepción de un líder político como Daniel Jadue.

El Ciudadano