Jazmín Aguilar Ortiz, candidata a Senadora por Valparaíso: “De la Ley TEA a una Ley Neurodivergente: el paso urgente que Chile necesita”

La Ley TEA representó un avance histórico en Chile. Por primera vez, el Estado reconoció que la inclusión de las personas autistas no podía depender del esfuerzo individual de las familias ni de la buena voluntad de las escuelas, sino que debía convertirse en un deber legal. Fue un paso necesario, pero no suficiente. Como ocurre con muchas políticas públicas en nuestro país, el marco quedó corto frente a la complejidad de la realidad.

Hoy, miles de personas neurodivergentes continúan invisibles para el Estado. Hablamos de quienes viven con TDAH, dislexia, discalculia, dislalia, dispraxia, síndrome de Tourette, altas capacidades y muchas otras condiciones que no encajan en el molde tradicional del sistema educativo, de salud o laboral.

Estas personas, al igual que las familias TEA, enfrentan las mismas barreras: diagnósticos tardíos o inexistentes, profesionales sin formación, terapias impagables, burocracia agotadora, prejuicios sociales y un sistema que, en lugar de comprender, castiga la diferencia.

La Ley TEA se enfocó principalmente en el ámbito escolar, pero la neurodivergencia atraviesa cada dimensión de la vida. No es solo un tema educativo: es de salud, de trabajo, de participación, de autonomía, de familia y, sobre todo, de dignidad.

Una persona neurodivergente no solo necesita apoyo en la sala de clases, sino también al buscar empleo, al vivir de manera independiente, al acceder a la salud mental o al habitar un espacio público que hoy no siempre está diseñado para la diversidad humana.

Uno de los grandes vacíos de la ley actual es que no garantiza un diagnóstico oportuno. En Chile, descubrir una condición neurodivergente depende del bolsillo de la familia y no de un sistema de salud que debiera detectar y acompañar desde la primera infancia.

Del mismo modo, las terapias necesarias muchas veces quedan fuera del alcance económico. El Estado reconoce el derecho, pero no ofrece los medios. Además, la ley olvidó a quienes sostienen todo este proceso: las familias. Madres, padres y cuidadores que, en muchos casos, deben dejar sus trabajos, endeudarse o enfrentar la sobrecarga emocional sin ningún tipo de apoyo psicosocial.

También se ignoró la transición a la vida adulta. ¿Qué ocurre cuando ese niño neurodivergente termina la escuela? La respuesta del Estado es el silencio. No hay políticas robustas de inclusión laboral, ni programas de autonomía, ni acompañamiento en salud mental. Y sin oportunidades reales, muchos terminan excluidos de la sociedad.

Chile no puede seguir abordando la neurodivergencia como un asunto parcial o exclusivamente educativo. Necesitamos una Ley Neurodivergente Integral, que reconozca todas las condiciones, garantice diagnóstico y tratamiento oportuno, financie terapias, forme a docentes y funcionarios de salud, promueva la inclusión laboral, incorpore la salud mental como eje central y, por encima de todo, coloque a las familias en el corazón de la política pública.

Porque nadie vive la neurodivergencia en soledad. La vive toda la familia. Y si apoyamos a las familias, fortalecemos a la persona neurodivergente. Pero si las dejamos solas, el sistema fracasa.

Hoy Chile tiene la oportunidad histórica de dar el siguiente paso: pasar de una ley que reconoce derechos a una ley que los hace posibles. No basta con decir “existe la ley”; hay que garantizar que se implemente, que tenga recursos y que llegue a cada territorio.

La verdadera inclusión no se decreta en un papel. Se construye con consciencia, con recursos y con voluntad política. Esa es la transformación que estoy dispuesta a liderar desde el Senado.

Porque Chile merece un país donde cada mente sea valorada, respetada y acompañada. Y porque una sociedad que entiende la neurodiversidad, es una sociedad más justa, más humana y más libre.

Por Jazmín Aguilar Ortiz, profesora, psicóloga, magíster en inclusión laboral y candidata a Senadora por Valparaíso.-