Jueces, fiscales y defensores penales se movilizan en el marco del paro de funcionarios públicos

Foto: @ErikaMaira

Este martes, eso de las 14:00 horas, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y la Asociación de Defensores Penales Públicos, además de otros profesionales del Poder Judicial, realizaron una marcha en el marco de la movilización que hace más de 20 días sostienen los trabajadores y trabajadoras del sector público.

Esta es la segunda acción de ese tipo que estas asociaciones realizan en conjunto, como parte de lo que han llamado «Frente Judicial». El jueves pasado, desde el frontis de la Corte Suprema se dirigieron hacia el Ministerio de Justicia para entregar allí una carta, y lo mismo hicieron este martes en el Ministerio de Hacienda.

En conversación con El Ciudadano Claudio Uribe, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, explicó que son parte de las demandas generales que tiene la Mesa del Sector Público, señalando que adhieren al rechazo al 3,2% de reajuste salarial ofrecido por el Gobierno por considerarlo «absolutamente insuficiente». Sin embargo, junto con ello este sector está haciendo frente al congelamiento de sus remuneraciones, lo que estaría afectando a unos 1.200 profesionales.

«Es una medida que atenta absolutamente contra la carrera funcionaria», asegura Uribe, explicando que, por ejemplo, «si prospera el tope de 4,4 millones para el grado 4 en la Fiscalía, que es un grado de jefatura, sería prácticamente obtener lo mismo que un grado 5, que no es un cargo de jefatura».

Claudio Uribe. Foto: elmostrador.cl

Uribe explica que el argumento del Ejecutivo es que «disminuyendo las rentas más altas van a poder favorecer a las más bajas». Sin embargo, sostiene, «es tan poco, que tú te das cuenta que es una tontería; o sea, lo que se ahorran con los sueldos altos no alcanza en absoluto para mejorar las rentas más bajas. Es pura demagogia».

Otro escenario que se abre, agrega, es que «a muchos fiscales les va a convenir trabajar en Santiago y no en regiones, porque lo que sube su remuneración por la asignación de zona les va a significar no tener reajuste».

El presidente de los fiscales cuestiona que se les estaría poniendo al mismo nivel que las autoridades políticas. «Nosotros somos todos funcionarios de carrera, no tenemos por qué tener el mismo tratamiento de personas que se han postulado a cargos públicos, que son electas, que dan señales políticas con su remuneración; nosotros no tenemos por qué hacer eso», argumenta.

La advertencia de la Corte Suprema

Claudio Uribe señala que no han recibido ninguna respuesta de los ministerios de Justicia y Hacienda, que son hasta ahora las carteras a las que se han dirigido. «Es sorprendente que hasta el pleno de la Corte Suprema se ha pronunciado y el Gobierno no ha sido capaz de decir una palabra en la materia», apunta. No obstante, agrega que eso no debiera extrañar pensando en que el Ejecutivo «ya tiene un problema grave de comunicación con la Mesa del Sector Público y con el parlamento, por lo que, que no nos contesten a nosotros, es la guida de la torta no más».

Uribe hace alusión a una declaración pública realizada por la Corte Suprema este martes, en la que el máximo tribunal «reitera su preocupación en torno a los temas que pueden afectar al Poder Judicial con motivo de la rebaja de sueldos (por congelamiento) de 1.150 de sus integrantes», planteando que las demandas de estas asociaciones son «razonables» y «justas».

Junto con ello, advierte que «la ausencia de una política permanente que garantice la intangibilidad de las remuneraciones de este Poder del Estado, podría constituir una limitación a la necesaria independencia con que debe desempeñar sus funciones».

Marcha del 10 de noviembre. Foto: @MagistradosCL

«El gobierno pareciera esperar ganar un gallito»

Frente a la posición que ha adoptado el Ejecutivo en este conflicto, el presidente de la Asociación de Fiscales plantea que «evidentemente al Gobierno le ha faltado capacidad negociadora, se ha amarrado hasta la tozudez con una cifra». Uribe sostiene que si se calcula todo lo que se ofrece en la negociación en materia de bonos, «demuestra que el Gobierno tiene recursos para subir el 3,2%, pero está empecinado en la cifra, casi como si esperara ganar un gallito».

El fiscal agrega que la administración Bachelet «debiera mostrar un grado de flexibilidad en el porcentaje, como una manera de destrabar este punto» y añade: «Llega un momento en que tienes que olvidarte de la tozudez y ser capaz de negociar como la gente; o, si no, este conflicto se va a eternizar».

Por último, Uribe señala que continuarán con estas movilizaciones en conjunto con las otras asociaciones, esperando -«como mínimo»- un pronunciamiento del Ejecutivo y el envío de un proyecto de ley. «No se puede demorar mucho eso. Con él en la mano veremos su contenido y qué acciones se pueden tomar», indica.

Daniel Labbé Yáñez