Juez denunció a fiscal Raúl Guzmán: Pide investigar «infracciones» que habrían significado violación a sus DDHH

En enero pasado una sorpresiva noticia llegaba hasta el Senado en Valparaíso. Entre los 17 nombres que postulaban para ocupar el cargo de secretario de la Cámara Alta -el que dejaría Mario Labbé, funcionario del Congreso desde 1987- figuraba el del actual Fiscal Regional Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien en junio de este año acaba su paso por esa plaza del Ministerio Público.

Tres meses antes, en octubre de 2018, era interpuesta ante el Fiscal Nacional Jorge Abbott una denuncia en contra de Guzmán por parte del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux, quien solicitó a la máxima autoridad del Ministerio Público un sumario administrativo en contra del Fiscal Regional Metropolitano Sur, con el objetivo de que investiguen «las infracciones cometidas por él y que redundaron en violaciones a los derechos humanos» en contra de Urrutia.

Este último pide que se le sancione de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Ministerio Público, «suspendiéndolo preventivamente de sus funciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 de la misma ley, por la gravedad de los hechos denunciados».

Juez Daniel Urrutia

La denuncia

De acuerdo a lo que expone el juez denunciante, los hechos que acusa se habrían producido en el marco de un procedimiento judicial en contra de un grupo de miembros de ANDA Chile que irrumpieron el 4 de septiembre de 2015 en una sucursal del Banco Santander ubicada en la calle Bandera en Santiago, y quienes fueron detenidos por Carabineros.

En ese contexto, según señala Urrutia, en noviembre de 2015 el Ministerio Público requirió un procedimiento monitorio a 76 involucrados en la «toma» del Banco Santander, imputándoles una falta por «desórdenes públicos», ante lo cual el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago les impuso a todos una multa de 1 UTM, es decir, unos $48.300.

Algunos de ellos apelaron y en enero de 2016 a 17 de los imputados que admitieron su responsabilidad se les condenó con 1/3 de una UTM, suspendiéndoles finalmente la sanción; respecto del resto, se realizó una audiencia el 3 de marzo del 2016, donde el juez Daniel Urrutia dispuso el sobreseimiento definitivo de la causa, «por entender que los hechos eran atípicos, puesto que la actuación de los manifestantes lo fue en el ejercicio de su derecho constitucional de manifestación y por tanto la incriminación de la fiscalía era una persecución inaceptable pues violaba dichos derechos».

El Ministerio Público apeló y logró que la Corte de Apelaciones revocara dicha resolución, señalando el ministro redactor Juan Cristóbal Mera que el juez Urrutia «habría incurrido en la hipótesis de prevaricación de los jueces al resolver el sobreseimiento». El juez del Séptimo Juzgado de Garantía se autodenunció al Ministerio Público para que se investigara lo que consideró una «temeraria y falsa acusación».

El caso llegó a la Corte Suprema, la que el 20 de marzo de 2017 resolvió revocar el fallo de la Corte de Apelaciones, argumentando que «la conducta atribuida al juez sumariado (…) dice relación con el pronunciamiento de una resolución judicial susceptible de ser impugnada por la vía ordinaria -como de hecho lo fue, por medio de un recurso de apelación que se tradujo en la revocatoria de la misma- (…)».

Urrutia solicitó audiencia de sobreseimiento en el mismo tribunal que sirve, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que se llevó a cabo en abril de 2017. En dicha instancia, destaca el juez Urrutia, el fiscal Raúl Guzmán se opuso, «en base solamente a diligencias pendientes claramente inconducentes frente a lo investigado y el juez suplente que tomó la audiencia, decidió por esa razón rechazar el sobreseimiento».

Casi un año después, en marzo de 2018, se discutió nuevamente el sobreseimiento definitivo pedido por Daniel Urrutia, oponiéndose nuevamente el fiscal Raúl Guzmán por supuestas diligencias pendientes, e «intentando continuar el hostigamiento y la persecución arbitraria en contra de una magistrado de la República», según acusa el juez del Séptimo Juzgado de Garantía. Finalmente, la Jueza Titular de dicho tribunal sobreseyó finalmente a Urrutia.

«Abusó de su cargo»

En base a este actuar del fiscal Raúl Guzmán es que el juez Daniel Urrutia decidió denunciarlo ante el Ministerio Público, señalando que «es necesario que se investigue y coteje» su proceder, acusándolo de que «abusó de su cargo, pues ordenó una serie de diligencias que no tenían ninguna virtualidad para acreditar el delito de prevaricación, sino solamente que se entienden con el objeto de dilatar el proceso».

En ese sentido, Urrutia menciona que entre otras diligencias Guzmán ordenó que se oficiara a la Corporación de Asistencia Judicial para que dieran copia del informe de práctica del juez de Garantía, así como también a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde -apunta Urrutia- se pidió «copia de las notas del pregrado y certificados varios que nada tenían que ver con los hechos investigados».

Raúl Guzmán

A juicio de Daniel Urrutia, el fiscal Raúl Guzmán en su conducta infringió el Artículo 3º de la LOC del Ministerio Público, el que sostiene que «en el ejercicio de su función, los fiscales del Ministerio Público adecuarán sus actos a un criterio objetivo, velando únicamente por la correcta aplicación de la ley. De acuerdo con ese criterio, deberán investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen”.

«La investigación debió cursar sobre la hipótesis denunciada, si cometí prevaricación o no al sobreseer en audiencia a los imputados por la falta de desordenes públicos. Por lo que, era necesario escuchar el audio y decidir si prevariqué. La investigación finalmente duró cerca de dos años! Tiempo en que se me mantuvo en calidad de imputado de manera arbitraria e injusta», denuncia el juez del Séptimo Juzgado de Garantía capitalino.

Y agrega: «El fiscal denunciado ha distraído consciente y arbitrariamente fondos públicos destinados a investigaciones penales serias y ha omitido su deber de objetividad al investigar este caso, más claro queda de la dilapidación de recursos, que ni siquiera apeló al sobreseimiento, probando con aquello, que no estaba ni siquiera convencido de intentar formalizar la investigación, sino que se orientaba por otros oscuros fines».

Urrutia sostiene que en su calidad de «defensor de derechos humanos, en este caso, del derecho de los manifestantes de ejercer sus derechos y no ser perseguidos de manera arbitraria (…) fui objeto de una persecución por parte de la sala que revisó el sobreseimiento definitivo que resolví en su oportunidad».

Por otra parte, el juez hace notar que Guzmán «conoce personalmente desde antes» al mencionado Ministro de la Corte de Apelaciones Juan Cristóbal Mera -quien redactó el fallo que revocó el sobreseimiento dictado por Daniel Urrutia- lo que a su juicio «plantea una duda razonable de coordinación a efectos de lograr que transcurriera el tiempo para que prescribiera la posibilidad de realizar una denuncia calumniosa que es justamente de un año». «Esto explicaría lo inexplicable, el porqué el fiscal Guzmán se niega a cerrar la investigación y ordena realizar diligencias que no tienen ningún fundamento razonable atendido lo que se está investigando, esto es la eventual prevaricación en una resolución judicial dictada en audiencia», añade.

La denuncia del juez Daniel Urrutia en contra de Raúl Guzmán fue rechazada a fines de febrero pasado por el Fiscal Nacional (s) Xavier Armendáriz, por lo que el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago presentará una reposición con el objeto de que el Ministerio Público se pronuncie respecto del actuar del Fiscal Regional Metropolitano Sur.