Jueza de Familia y PDI entregaron antecedentes sobre abusos y explotación de menores bajo la protección del Estado

Con observaciones provenientes del Poder Judicial y la PDI, continuó el trabajo de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre abuso y explotación sexual a menores bajo la protección del Estado.

Primeramente, la jueza del Tercer Juzgado de Familia, María Pilar Villarroel, manifestó que estos hechos no corresponden a una situación aislada ni nueva. Al analizar el fenómeno, explicó, es posible visualizar las falencias de toda la institucionalidad.

A su juicio es urgente y prioritario visibilizar «que no existe un seguimiento exhaustivo de las causas más graves, incluso con riesgo vital. Aquellas causas que cuenten con niños, niñas y adolescentes en residencia o en familias de acogidas externas deben tener prioridad en el sistema judicial», puntualizó.

Para la jueza, «actualmente las herramientas son absolutamente insuficientes en temáticas como diversidad sexual, violencia de género y la explotación sexual comercial infantil». En ese sentido, detalló que ha podido constatar que las redes de explotación sexual infantil logran expandir sus alcances a nuevos hogares de menores.

«Es un deber moral de la sociedad hacerse cargo de nuestra infancia y adolescencia vulnerada. Si no, serán estos mismos niños y adolescentes quienes en su adultez nos pasarán la cuenta de lo que no hicimos hoy y lo más grave, es que no podremos alegar ignorancia», cerró Villarroel.

Visión de la PDI

Seguidamente, expuso el subprefecto Francisco Ceballos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, quien se refirió al equipo interdisciplinario que se conformó el año 2016, a solicitud del Ministerio Público. Su objetivo fue investigar de manera exclusiva una serie de fallecimientos, que venían registrándose en el Servicio Nacional de Menores.

Esta investigación, explicó Ceballos, «detonó a partir de la muerte de Lissette Villa en el Cread de Galvarino y tuvo dos grandes pilares, por un lado se investigó estructuralmente el Sename y por otro los fallecimientos, que fueron 1313. De esta cifra 878 correspondían a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a la investigación nacional».

Sobre la investigación, el funcionario policial detalló que se realizaron procesos en cada uno de los centros dependientes del Sename, tanto en organismos de administración directa (Cread) como en organismos colaboradores (Oca).

En total, la muestra investigada abarcó 240 residencias. De acuerdo al reporte presentado, un número importante de fallecimientos que fue investigado estaba asociado a causas médicas: «Lo que se investiga son los circunstancias en las que se generan los fallecimientos. El diagnóstico médico no siempre resultaba relevante para entender las circunstancias del fallecimiento», indicó Ceballos.

De acuerdo a la investigación, el 100 % de los Cread y el 79% de los organismos colaboradores presentaba un historial de abandono. Al momento de realizar las visitas, 68 centros presentaban situaciones de abandono vigente. En relación a la victimización intra-residencial y vulneración de derechos, la información fue levantada a partir de declaraciones realizadas con el personal que desarrollaba funciones en los centros y el registro de circulares (2308 y 2309).

Así, se levantaron 2 mil 71 vulneraciones (ocurridas en gran parte del año 2017); y 432 de ellas corresponden a maltratos por parte de adultos del centro (20,8%). En tanto, hubo 1265 maltratos entre pares (61,4 %), 53 registros de maltrato por familiares de niños niñas y adolescentes (2,6%), 123 actos de connotación sexual cometidos por un adulto contra los residentes (6%) y 187 actos abusivos de connotación sexual cometidos por pares (9,1%).

De los 123 actos abusivos de connotación sexual cometidos por adultos intra y extra residencial, 92 afectaron a centros pertenecientes a organismos colaboradores acreditados que funcionan bajo modalidad de atención a población adolescente.

Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados

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