Mujer fue acusada erróneamente de abandonar a su pequeña hija

Justicia condena a Municipalidad de Lo Prado por discriminación contra Joane Florvil

El Quinto Juzgado Civil de Santiago falló parcialmente a favor de la demanda por discriminación presentada por la familia de Joane Florvil, mujer haitiana que falleció en 2017 tras ser detenida y acusada de abandonar a su pequeña hija, contra la Municipalidad de Lo Prado

Por Absalón Opazo

05/01/2019

Publicado en

Chile / Género / Justicia y DD.HH

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El Quinto Juzgado Civil de Santiago falló parcialmente a favor de la demanda por discriminación presentada por la familia de Joane Florvil, mujer haitiana que falleció en 2017 tras ser detenida y acusada de abandonar a su pequeña hija, contra la Municipalidad de Lo Prado.

La acción civil estaba dirigida contra el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, y la jefa del Departamento de Prevención y Promoción Comunitaria del municipio, a quien acusaron de negar un procedimiento de apoyo a la mujer. El libelo apuntaba a lo ocurrido el 30 de agosto de 2017, cuando Florvil acudió al Departamento de Prevención y Promoción Comunitaria del municipio para pedir ayuda luego de que su marido sufrió un robo.

La mujer no hablaba español, y mientras iba a buscar a un traductor, dejó a la pequeña con el guardia. Luego la Municipalidad informó la situación a Carabineros, lo que desembocó en la detención de Florvil por presunto abandono y el traslado de la niña al Sename.

Esa misma noche, la mujer presentó problemas de salud y fue internada en la ex Posta Central, donde un mes después falleció. En noviembre, la justicia declaró su inocencia póstuma. En este marco, el juzgado acogió parcialmente la demanda de la familia, indicando que Florvil «no hablaba español, por lo que no podía darse a entender».

En ese sentido, entre los puntos planteados por la familia, se consideró que al tratarse de una repartición municipal, no existiría justificación razonable para no haber atendido allí a la mujer y haberla derivado a otras oficinas, en el marco de tarea de brindar apoyo a la comunidad. Sin embargo, la sentencia desestimó que fuera desproporcionada la decisión de los funcionarios de llamar a Carabineros ante la situación.

Así, finalmente, la justicia fijó una multa de 20 UTM (casi un millón de pesos) a pagar por el municipio a beneficio fiscal, y ordenó la capacitación de los funcionarios que trabajan en el módulo de atención a extranjeros.

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