Defensor presenta licencia por 20 días y tribunal reagenda juicio contra ex intendente de Atacama para un año y dos meses más

La Justicia de Atacama ha dejado más huellas en extraño juicio al exintendente Sánchez: licencias, retrasos y vínculos políticos bajo sospecha.

Un proceso plagado de hechos inusuales ha generado múltiples sospechas, en el que aparece imputado quien fuera intendente durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y parte del círculo cercano del senador y expresidente de RN, Rafael Prohens.

Este lunes 1 de septiembre debía iniciarse el juicio oral contra el exintendente de la Región de Atacama, Francisco Sánchez, y su hombre de confianza, Rodrigo Albornoz, en una causa criminal en la que se les imputa a ambos ser autores de delitos reiterados de estafa cometidos en perjuicio de la empresa minera Atacama Kozan, en la época en que ambos se desempeñaban como ejecutivos de la compañía.

Sin embargo, un día antes del inicio del juicio, el abogado de Albornoz, Patricio Pinto Castro, presentó una licencia médica por 20 días. Ante esto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó acogió la solicitud de suspensión y fijó como nueva fecha de inicio el 13 de octubre de 2026, es decir, un año y dos meses después.

Lo llamativo es que originalmente, en diciembre de 2024, el Tribunal había recibido los antecedentes para fijar la fecha del juicio, estableciéndose el 1 de septiembre de 2025, es decir, diez meses después. Con la nueva suspensión, el juicio se encuentra ahora programado para comenzar casi dos años después de haber ingresado al Tribunal.

Con ello se escribe un nuevo capítulo de un proceso judicial marcado por irregularidades, en una causa que busca condenar a quien no solo fue la máxima autoridad regional de Atacama, sino también un dirigente destacado de Chile Vamos y parte del círculo cercano de Rafael Prohens, expresidente de RN y actual senador por la zona, quien busca su reelección el próximo 16 de noviembre.

Fiscalía de Atacama decide no perseverar

La acusación contra Sánchez se originó a partir de una querella presentada en 2019 por SCM Atacama Kozan, cuya investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Local de Copiapó, bajo la dirección del fiscal Luis Miranda.

Tras tres años de investigación -y pese a que la Fiscalía formalizó y reformalizó a Sánchez y Albornoz por delitos reiterados de estafa-, en 2022 el Ministerio Público comunicó sorpresivamente su decisión de no perseverar en el caso. El argumento fue controvertido: aunque los hechos fraudulentos habían sido corroborados durante la investigación, a juicio de la Fiscalía se trataban de conductas tipificadas como “administración desleal”, delito incorporado al Código Penal recién en noviembre de 2018, es decir, con posterioridad a los hechos imputados.

Lo más llamativo es que, hasta pocos meses antes, la propia Fiscalía de Copiapó los había formalizado por estafa, delito vigente al momento en que Sánchez y Albornoz habrían cometido el fraude multimillonario.

En la audiencia en que se comunicó la decisión de no perseverar, el Juzgado de Garantía de Copiapó autorizó a los querellantes a llevar a Sánchez y Albornoz a juicio sin la participación del Ministerio Público, dado el cúmulo de antecedentes. Este mecanismo, permitido por la ley solo en casos excepcionales, busca impedir la impunidad cuando el Ministerio Público decide no acusar.

Las críticas a la Fiscalía se intensificaron, especialmente porque las defensas interpusieron múltiples recursos -incluso ante la Corte Suprema- para impedir que los querellantes llevaran el caso, sin éxito.

El rol de Alexis Rogat

En esta trama emergió el nombre del abogado Alexis Rogat, entonces fiscal regional de Atacama, quien avaló la decisión de cerrar la investigación y no perseverar. La medida favoreció a Sánchez, un dirigente de RN cercano a Prohens.

Rogat dejó el cargo de fiscal regional en 2024 y pocos meses después inició su práctica privada. En ese contexto, se incorporó a causas del denominado “Estudio Jurídico Atacama”, propiedad de Patricio Pinto Castro, defensor de Rodrigo Albornoz.

Aunque Rogat ha negado formar parte de ese estudio, en julio de este año la oficina difundió un comunicado en el que informaba que tanto Rogat como Pinto asumirían la defensa del actual gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, imputado por delitos de abuso sexual.

Jueza con vínculos políticos en el Tribunal

Según reveló El Desconcierto, entre los tres jueces designados para el juicio se encuentra Lorena Rojo Venegas, hermana de Karen Rojo, exalcaldesa de Antofagasta condenada por fraude al fisco y actualmente prófuga de la justicia chilena en Países Bajos.

El hecho genera suspicacias, pues de los ocho jueces disponibles, justamente fue designada quien tiene vínculos familiares y políticos con un caso que involucra a un exintendente nombrado en el mismo gobierno que la promovió como magistrada.

En la audiencia del 1 de septiembre, la jueza Rojo reconoció públicamente su parentesco con Karen Rojo y que su nombramiento como jueza del tribunal fue realizado en 2011 por el entonces presidente Sebastián Piñera.

Prohens y Sánchez: una relación de cercanía

Con el reagendamiento, desaparece la posibilidad de que el actual senador Rafael Prohens -quien busca la reelección- tuviera que declarar en pleno período de campaña, ya que estaba citado como testigo.

La relación entre Prohens y Sánchez es de larga data. Ambos compartieron militancia en RN, y Sánchez fue designado intendente de Atacama en 2018 por Piñera, reconociéndose como cercano colaborador de Prohens.

Además, han compartido negocios: destaca un contrato firmado cuando Sánchez era subgerente de Atacama Kozan con la empresa Sociedad Agrícola Doña Berta Ltda., representada por Prohens, que comprometía el suministro de agua del río Copiapó. Dicho contrato está hoy bajo investigación, ya que habría sido utilizado como mecanismo para desviar de forma fraudulenta más de 2,7 millones de dólares desde la minera hacia la sociedad de Prohens.

Actualmente existe una investigación penal en curso contra Sánchez y Prohens en la Fiscalía Local de Copiapó.

El Ciudadano