Con un llamado a lograr “justicia económica y estabilidad laboral” para más de 900 mil funcionarios, la Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y compuesta por 16 organizaciones de trabajadores estatales, entregó formalmente su Pliego de Negociación 2025 al Ministerio de Hacienda, dando inicio al proceso anual de reajuste y mejora de condiciones laborales en el último año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
El documento incluye un amplio paquete de demandas económicas, laborales y de nivelación, que las organizaciones sindicales consideran decisivas en el actual contexto político y fiscal.
La coordinadora de la Mesa, Laura San Martín, señaló que el petitorio busca “justicia económica y estabilidad laboral” para los más de 900 mil trabajadores del sector, marcando la hoja de ruta para una negociación que calificaron de “decisiva”.
Mesa del Sector Público pide reajuste real «sin exclusión ni régimen»
Entre las exigencias centrales destaca un reajuste real del 2% para el periodo diciembre 2025–noviembre 2026, aplicable a todos los regímenes laborales del Estado, incluidos honorarios, municipalidades, universidades estatales y servicios locales de educación (SLEP).
Al respecto, San Martín planteó que se trata de un «reajuste aplicable a la totalidad del sector público sin exclusión ni régimen».
«Esta demanda es coherente con la responsabilidad que nos caracteriza y contrasta con las exorbitantes ganancias de la banca y el retail», expresó, en declaraciones recogidas por Radio y Diario U. de Chile.
Además, el pliego establece una propuesta de ingresos mínimos por estamento: $591.483 para auxiliares, $658.265 para administrativos y $700.241 para técnicos. Complementariamente, en el documento se exige un bono mensual de $63.502 para todos los trabajadores y trabajadoras con remuneraciones brutas inferiores a $798.015.
Universalización de beneficios y derechos laborales pendientes
Un pilar fundamental de la propuesta es la exigencia de asegurar la cobertura universal de los aguinaldos, bonos de vacaciones, escolaridad y término de negociación, eliminando los criterios de exclusión que, según las organizaciones, afectan especialmente a trabajadores regidos por leyes especiales, SLEP y el sector municipal.
“La cobertura universal de los beneficios y el fin de la precariedad es prioridad”, recalcó San Martín.
Junto con lo económico, la Mesa planteó la urgencia de avanzar en materias laborales pendientes. Entre ellas, la derogación de la causal de vacancia por salud incompatible, el fortalecimiento de la estabilidad mediante la titularidad, el cumplimiento de los acuerdos en salud mental, cuidado infantil, seguridad funcionaria e incentivos al retiro, y la instalación de una propuesta clara para aplicar la reducción de jornada a 40 horas en el sector público.
Preocupación por el contexto fiscal
Desde el Colegio de Profesores, integrante de la instancia, su presidente Mario Aguilar manifestó una preocupación por el contexto fiscal que rodea el proceso. “Vemos señales preocupantes”, afirmó, apuntando directamente a que el proyecto de Presupuesto 2025 “no considera el reajuste del sector público”.
Lo anterior, según Aguilar, podría leerse como “pretender un reajuste cero, que en la práctica es bajar los sueldos”. Advirtió que «sería absolutamente inaceptable un reajuste menor al IPC», y señaló que «ese debe ser el piso de la conversación».
A juicio del dirigente, el crecimiento del país “debe reflejarse en los trabajadores y no solo en los grandes poderes económicos”.
Aguilar señaló que se trata de “un petitorio común que demanda la defensa y dignidad del trabajo público. Los profesores somos trabajadoras y trabajadores públicos y hoy hay una campaña muy orquestada para denigrar dicha función y denostarla”.
En la misma línea, la vicepresidenta de la CUT y encargada del sector, Gabriela Farías, reforzó la crítica al trato hacia el empleo público
“La imagen de los funcionarios públicos ha sido vulnerada y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos quienes llevamos el Estado a las personas”, señaló.
Indicó que tanto el Ejecutivo como el Parlamento deben estar “a la altura del momento” para responder a un petitorio que calificó como “justo y largamente esperado”.
Llamado a la movilización: “La fuerza de nuestra negociación reside en la unidad”
Las organizaciones fueron claras en señalar que este proceso será decisivo, dada su coincidencia con el último año de administración del presidente Boric.
“Enfrentamos el último proceso de negociación con este gobierno y no permitiremos retrocesos”, advirtió la coordinadora Laura San Martín.
Al cierre del acto de entrega, la dirigencia hizo un llamado a sus bases a mantenerse movilizadas y unidas, subrayando que “la fuerza de nuestra negociación reside en la unidad”.
El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, entregará su respuesta formal al petitorio el próximo 4 de diciembre, fecha a partir de la cual se espera el inicio de las mesas de diálogo y negociación que definirán las condiciones laborales de casi un millón de trabajadores del Estado durante el próximo año.
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