En una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 9 de noviembre, cuatro organizaciones de la sociedad civil formalizaron su «profunda preocupación» por lo que califican como una sistemática desarticulación de las políticas de derechos humanos en el país.
La misiva —suscrita por la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, Londres 38 Espacio de Memorias, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)— fue dirigida a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, e incorpora 23 preguntas para que el organismo requiera explicaciones formales al Estado de Chile.
De acuerdo a lo informado, el primer punto planteado fue el que calificaron como «la estrategia de impunidad de Rabat», esto es, las salidas anticipadas y las rebajas de condena a criminales de lesa humanidad.
En la carta se denuncia que entre marzo y octubre, el Programa de Derechos Humanos no se presentó en 29 audiencias en las que se discutía la libertad de 24 agentes condenados por graves violaciones a los derechos humanos.
Según la denuncia, esta decisión —impulsada por instrucciones del Ministerio de Justicia— resultó en la liberación inmediata de seis agentes y la reducción de penas de otros dos.
Para Magdalena Garcés, de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, «se trata de una estrategia del Ministerio de Justicia y DDHH, que busca facilitar la salida anticipada de prisión de los agentes del Estado condenados por graves violaciones a los derechos humanos».
Asimismo, se cuestiona la rebaja por decreto de 19 meses al exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo, firmada por el ex subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, además de reducciones de condena a 56 personas sentenciadas por abusos y violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Recortes al Plan Nacional de Búsqueda y Sitios de Memoria
El siguiente punto tiene que ver con el presupuesto proyectado para 2027 por el Ejecutivo chileno, donde se contemplan drásticas caídas en materia de Derechos Humanos y Justicia.
«El Plan Nacional de Búsqueda reduce sus recursos en un 27,71% real y el Programa de Sitios de Memoria cae un 60,69%, perdiendo la totalidad de sus fondos de inversión y enfrentando una reducción global del 78,6% respecto a la base de 2026», alertaron las organizaciones.
«Se trata de una señal preocupante de negacionismo instalado en el Ejecutivo», remarcó Paulina Zamorano de la Red de Observadoras, advirtiendo que «estamos ante un retroceso sin precedente en materia de derechos humanos, que impacta directamente en la protección y resguardo de la memoria histórica».
Desde las organizaciones, asimismo, alertaron que en la discusión presupuestaria el Plan Nacional de Búsqueda y 14 Sitios de Memoria quedarían sin fondos.
En la misma línea, también alertaron sobre la paralización del proceso de expropiación en la exColonia Dignidad y la falta de garantías para proteger evidencias en el antiguo centro de tortura, sumado al llamado de la ONU a impedir usos del recinto que comprometan su preservación, según señalaron desde la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, Colonia Dignidad.
Reforma regresiva al INDH
Un tercer punto planteado en la carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la reforma que busca impulsar la administración de Kast al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Al respecto, la misiva informa que «el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para transformar profundamente el INDH», cuyos aspectos críticos serían, primero, «la propuesta de reducción del Consejo de 11 a 5 integrantes, que excluye a la sociedad civil de la designación directa de consejeros, y establece que el primer Consejo será nombrado por el Presidente de la República».
«Además, elimina las sedes regionales, quita al INDH la facultad de presentar querellas y reduce su presupuesto en 22%», añaden las organizaciones en su carta.
“No son cifras neutras: comprometen programas, empleos y derechos”
Desde la ANEF advirtieron que la actual discusión presupuestaria debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. «Mantenemos la alerta: ni un peso menos para la ciudadanía», dijo Nuvia Guajardo de la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de Justicia.
Aquí, se denunciaron recortes en el área de Culturas (10,1%) y el «limitado» financiamiento de Prodemu solo hasta marzo de 2027, con miras a su cierre, afectando con ello programas clave para la niñez, las mujeres y poblaciones vulnerables, entre otros.
Ante este escenario, las organizaciones firmantes exigieron que la CIDH requiera al Estado de Chile explicaciones sobre los fundamentos y efectos de estas decisiones, así como medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios públicos, proteger los testimonios y evidencias, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de verdad, justicia, memoria y reparación.
Seguiremos informando.
