Los 56 decretos que redujeron las condenas de condenados por delitos sexuales contra menores llevan la fórmula «por orden del Presidente de la República». El ministro de Justicia, Fernando Rabat, materializó la firma. El procedimiento se ampara en una interpretación administrativa de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la no retroactividad de la Ley 21.421.
El Ciudadano
El detalle del procedimiento
La polémica se desató tras conocerse que, entre el 11 de marzo (día en que asumió el gobierno) y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condena. De ellos, 27 corresponden a personas sentenciadas por abuso sexual de menores y 29 por violación. Las solicitudes fueron evaluadas por la Comisión de Reducción de Condenas, verificadas por la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) y estudiadas por la División de Reinserción Social. Finalmente, fueron aprobadas «directamente por el Ministerio por orden del presidente de la República«, sin que mediara una orden judicial específica para cada caso.
El titular del Ministerio de Justicia, Fernando Rabat, confirmó la existencia de los decretos y asumió la firma material de los mismos. Sin embargo, la estructura del acto administrativo es clara: la autoridad formal recae en el Presidente José Antonio Kast, y el ministro actúa como su delegado para estampar la rúbrica. En la práctica, esto significa que Kast es quien autorizó la medida ,y Rabat puso la firma en los documentos.
El argumento oficial: «Cumplimiento de sentencias»
La defensa del gobierno se ha centrado en que no se trata de una decisión política discrecional, sino del acatamiento obligatorio de la jurisprudencia de la Corte Suprema. El ministro Rabat explicó que la Ley N° 21.421, vigente desde el 9 de febrero de 2022, excluyó explícitamente a los condenados por delitos sexuales contra menores de la posibilidad de acceder a rebajas de condena.
Sin embargo, el argumento oficial sostiene que el máximo tribunal, a través de diversos recursos de amparo, estableció que esta exclusión no puede aplicarse de forma retroactiva a delitos cometidos antes de la entrada en vigencia de la ley. Rabat señaló que «lo que hizo el Ministerio —incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos— fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos». Bajo esta lógica, el Ejecutivo se habría limitado a «cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo», y la firma del Presidente sería un «mero trámite» para acatar un fallo previo.
Pero lo que no se expresa y que se oculta, es que el gobierno ocupó la resolución para evitar pasar por la justicia y dar Kast el beneficio de manera directa a violadores y abusadores sexuales de menores.
Las críticas: «La ley no los obliga»
La oposición ha cuestionado frontalmente esta interpretación. La exvocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que «la ley no los obliga» a conceder las rebajas y acusó al Ejecutivo de cambiar el criterio respecto de administraciones anteriores. Según Vallejo, tanto en el gobierno de Boric como en el de Piñera, las solicitudes de este tipo se rechazaban sistemáticamente, obligando a los condenados a recurrir a la justicia para obtener el beneficio.
El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, reforzó esta idea, señalando que «nuestro criterio era rechazar» y que el gobierno anterior peleaba en los tribunales para impedir las rebajas. Gajardo acusó que la actual administración, al otorgarlas por vía administrativa sin esperar un fallo caso a caso, «le facilita la vida a los delincuentes».
La controversia también ha dejado al descubierto una fisura jurídica. Si bien Rabat invoca una «doctrina» de la Corte Suprema, el máximo tribunal también ha fallado en sentido contrario. En marzo de 2026, la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo similar, estableciendo que la rebaja es un beneficio y no un derecho adquirido, por lo que correspondía aplicar la exclusión de la ley de 2022.
Consecuencias políticas
El caso ha escalado al Congreso. El Partido Comunista anunció que buscará interpelar al ministro Rabat para que explique el procedimiento, mientras que parlamentarios de otros sectores han exigido conocer la identidad de los 56 beneficiados y los fundamentos de cada decreto. La Defensoría de la Niñez también rechazó la medida, calificándola como un «retroceso para la protección efectiva» de los menores.
En resumen, el procedimiento administrativo se completó con la firma de Rabat bajo la fórmula «por orden del Presidente», pero la legitimidad de ese acto y la interpretación de la jurisprudencia que lo sustenta siguen siendo el centro de un intenso debate político y jurídico.
La Constitución Política de Chile. El artículo 35 establece que «los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden del Presidente de la República«. Es decir, la ley faculta al ministro a firmar de su puño y letra en representación del Presidente.
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