La defensa de un narco: El antecedente que tiñe el nombramiento del subsecretario de Pesca

La elección de los subsecretarios para el próximo gobierno de Sebastián Piñera ha acaparado la atención de los medios durante esta jornada. Ante un momento que define en parte la gestión del país en los próximos cuatro años, la decisión de quienes ocupen estos cargos resulta de gran importancia.

Entre los nuevos nombres que componen el equipo de trabajo de Piñera aparece uno que llama bastante la atención y no solo por los proyectos y desafíos que enfrenta su gestión, sino por las actividades e interrogantes que figuran en su pasado. Eduardo Riquelme será el nuevo subsecretario de Pesca y a las críticas a la actual Ley de Pesca, sumado a la reciente crisis que vive la zona de Chiloé por la marea roja, se deben agregar los cuestionamientos que ha enfrentado anteriormente en su rol como abogado.

The Clinic publicó el 15 de octubre de 2015 una nota en donde se consigna a Riquelme «como uno de los juristas a los que se les entrega patrocinio de poder para la defensa de Carlos Riffo Peña, alias El Mosca, conocido narcotraficante de La Legua Emergencia». Esto en el marco de su desempeño como asesor del diputado RN Nicolás Monckeberg en el Congreso.

Entonces, el parlamentario había criticado duramente la Ley de Drogas porque las modificaciones a la misma habrían favorecido a los narcotraficantes. Sin embargo, paradójicamente Riquelme -ligado a Monckeberg por un contrato de 18 millones de pesos-, comenzaba la defensa de Riffo, uno de los narcotraficantes más connotados de Santiago.

En la misma publicación de 2015, The Clinic destaca que tras las consultas de ese medio, Riquelme finalmente renunció a la defensa de El Mosca.

En tanto, ese mismo año El Mostrador vinculó a Riquelme en otro escándalo. De acuerdo a una nota del 10 de julio de 2015, el recientemente nombrado subsecretario de Pesca habría recibido más de 4 millones de pesos por pagos hechos por la empresa inversiones Caburga a distintos políticos y asesores en 2009, en el marco de los casos de financiamiento ilegal de la política.

El Ciudadano