La infructuosa lucha de reparación de las víctimas del Estallido Social

Por Ricardo V. Rivera Montero

De acuerdo con Naciones Unidas los principios de la Justicia Transicional son la Verdad, Justicia, Reparación, Garantías de No Repetición y Memorialización. En el contexto chileno eso ha significado la creación de Comisiones de Verdad, la judicialización de causas penales por violaciones de derechos humanos, la creación de políticas públicas de reparación biopsicosocial para las víctimas y sus familiares, el reconocimiento institucional de responsabilidad estatal de los hechos así como la creación de instituciones y procedimientos que eviten la repetición de las violaciones, y finalmente, la creación de instancias de memoria que recuerden los hechos ocurridos contribuyendo a una sociedad respetuosa de los derechos humanos de todos los habitantes del país. Todo lo anterior ha tenido un profuso desarrollo durante los últimos 35 años con motivo de los 17 años de dictadura civil-militar anteriores a la transición a la democracia. No así con las violaciones ocurridas durante el Estallido Social de 2019 – 2020.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, en su discurso con motivo de la presentación de la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación para Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas en el Estallido Social, el día 24 de mayo de 2022 declaró que “la disposición está, el compromiso está, depende de nosotros sacarlo adelante” y que “nos comprometemos a que vamos a dar lo mejor de nosotros para que la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición no sean palabras que se las lleve el viento”, pero sus palabras más importantes, al ser un mensaje hacia las víctimas son las siguientes:

“Cuenten con nosotros, no están solos. Cuando vean que nos demoremos más de la cuenta, recuérdennoslo porque, a veces, en estos días vertiginosos la brújula se pierde, pero yo sé que estamos aquí por esto y ese es nuestro compromiso irreductible.”

Lamentablemente, a pesar del compromiso explicito del Presidente al inicio de su mandato, pocos, nulos o insuficientes han sido los avances en esta materia, como se puede apreciar en la evaluación realizada por la senadora Fabiola Campillai, quien, ad-portas de la última Cuenta Pública del primer mandatario realizada el día 1 de junio, declaró tajantemente “no cumplió con ninguno de sus compromisos con las víctimas y sobrevivientes del Estallido”. ¿Qué compromisos? La Senadora señala que “la justicia, con una Comisión de Verdad, y con una ley de reparación”.

El Ejecutivo puede argumentar que cumplió los compromisos contraídos con las víctimas al realizarse el informe “Propuestas y Recomendaciones para una Reparación Integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de violencia institucional durante el Estallido Social” de la Unidad Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Reparación Integral para víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social, fechado 31 de marzo de 2023, pero las propuestas y recomendaciones del texto no se han materializado en lo sustantivo; por ejemplo, la Unidad recomendó la creación de un “Programa de Reconocimiento y Acompañamiento Psicojurídico que recepcione, escuche y registre testimonios, y reúna antecedentes”, apuntando que “el ingreso a éste, permitirá construir una caracterización de las víctimas y de sus familiares, que aporte antecedentes suficientes para definir medidas de reparación acorde al número de víctimas, la diversidad de consecuencias de lo que les ocurrió y sus necesidades”, Este programa actualmente no existe.

Lo que hizo la actual administración fue continuar con las acciones iniciadas durante el gobierno anterior, el de Sebastián Piñera, el mismo en el cual se desarrolló por parte de agentes del Estado hechos de violencia institucional y violaciones de derechos humanos, como lo son la asignación de Pensiones de Gracia y la continuación del Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), pero bajo el nombre de Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO). Tristemente la asignación de las Pensiones de Gracia, así como los Indultos relacionados al Estallido Social generaron sendas crisis políticas y comunicacionales al Gobierno, generando de esta manera una pérdida significativa de apoyo en la opinión pública y una estigmatización palpable hacia las víctimas. Víctimas que, en casos extremos, como las que resultaron con lesiones irreversibles de daño ocular, han decidido, desgraciadamente, quitarse la vida.

La falta de avances en acciones significativas, así como el sostenido y creciente sentimiento de abandono del Estado por parte de las víctimas y sus familias son una deuda que debe molestar a la ciudadanía, porque es un incumplimiento no solo al programa de gobierno que la mayoría del país votó, sino que al imperativo moral de que no es correcto el daño que se les realizó por acción y ahora por omisión; no corresponde olvidarse, en palabras del propio mandatario, de este “compromiso irreductible” por la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memorialización de los hechos ocurridos durante el Estallido Social. La esperanza de que el Ejecutivo cambie el rumbo y constituya una Comisión de Verdad continúa; en otros tiempos y en contextos más difíciles y hostiles antecesores de Gabriel Boric en el sillón de O’Higgins lo realizaron: Aylwin y Lagos instruyeron la creación de las comisiones “Rettig” y “Valech” respectivamente, así como Frei Ruiz-Tagle continuó el trabajo de la primera con la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, trabajo incesante que por los sucesivos mandatarios fue seguido en el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, anteriormente alojado en la Subsecretaría de Interior.

Todo trabajo que tenga como horizonte los principios de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memorialización, es digno de realizarse porque solo contribuyen a una sociedad más digna y humana para las víctimas de los horrores de un pasado al que nadie debería querer volver nunca más.

Por Ricardo V. Rivera Montero

Administrador Público, Universidad de Chile. Magíster en Ciencia Política, Universidad de Chile. Diplomado en Derechos Humanos, Violencia Institucional y Políticas Públicas, Fundación Henry Dunant. Diplomado en Análisis de Inteligencia Político-Estratégico, Universidad de Concepción – Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

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