La institucionalización del extremismo: La ley israelí de pena de muerte contra los detenidos políticos palestinos como punto de inflexión jurídico y moral

Por Vera Baboun, Embajadora del Estado de Palestina en Chile

El nuevo proyecto de ley del Knéset (Parlamento) israelí que impone la pena de muerte a los detenidos políticos palestinos representa una grave escalada del extremismo institucionalizado en Israel y un ataque directo al derecho internacional.

No se trata de una medida jurídica aislada, sino de la manifestación de una ideología más amplia que busca normalizar la opresión mediante estructuras legales y presentar la violencia de Estado como “justicia”.

Al enmarcar esta iniciativa como legislación y no como política, Israel, en su condición de potencia ocupante, intenta revestir las ejecuciones extrajudiciales con una apariencia de legalidad, un patrón ya evidente en sus prácticas militares en Gaza y Cisjordania.

De aprobarse, esta ley equivaldría a un crimen de guerra sancionado por el Estado y a una violación flagrante de las Convenciones de Ginebra, que prohíben explícitamente atacar a prisioneros de guerra y aplicar medidas punitivas basadas en criterios étnicos o nacionales.

Su aprobación en primera lectura en el Knéset revela un inquietante consenso político en torno a la deshumanización del pueblo palestino, reduciéndolo a una población sin derechos ni protección jurídica. En esencia, esta ley codifica el apartheid y el genocidio dentro del ordenamiento jurídico israelí.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina ha señalado acertadamente que este proyecto constituye tanto una continuación de la campaña genocida en Gaza como una extensión de esa misma lógica hacia la ocupada Cisjordania y Jerusalén Este.

El poder judicial israelí y el Knéset, en lugar de actuar como contrapesos al poder ejecutivo, se han convertido en instrumentos de legitimación, legalizando lo que el derecho internacional define como crímenes de lesa humanidad.

El peligro de esta ley radica en su capacidad para institucionalizar el exterminio bajo la cobertura del derecho. No solo amenaza a los prisioneros palestinos, sino que sienta las bases para la eliminación física y política de todo un pueblo.

Este tipo de legislación no se limita al ámbito judicial: es una pieza más en un entramado de medidas extremistas —desde los bombardeos en Gaza hasta la expansión de colonias en Cisjordania y los linchamientos de colonos en Jerusalén— que buscan erradicar la presencia palestina. La ley de pena de muerte convierte el odio en política de Estado y consolida un régimen donde la impunidad se eleva a categoría legal.

Este desarrollo pone además en evidencia el fracaso de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas. El establishment político israelí impulsa tales medidas bajo plena observación global, confiado en que las condenas serán meramente retóricas y las consecuencias, mínimas. Esta “supervisión mundial de la impunidad” —en la que el mundo observa sin actuar— alimenta el extremismo y socava la credibilidad de las instituciones internacionales.

En términos políticos, este proyecto cristaliza la fusión entre derecho e ideología en la gobernanza israelí: los mecanismos legales ya no se utilizan para garantizar justicia, sino para instrumentalizarla. Se trata de la expresión jurídica de la lógica colonial asentadora: legislar la dominación, borrar la resistencia y redefinir los derechos humanos según jerarquías raciales.

El llamado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina a activar de manera inmediata los instrumentos internacionales de rendición de cuentas —incluidos la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)— es tan legítimo como urgente. La comunidad internacional no debe limitarse a condenar, sino actuar: sancionar a quienes promovieron y votaron este proyecto, incluir sus nombres en las listas de responsables de crímenes de guerra y reafirmar el principio universal de que ningún Estado está por encima de la ley.

Si esta legislación avanza sin consecuencias, marcará un hito oscuro: el momento en que el sistema legal israelí abrace formalmente el fascismo, y el mundo, una vez más, opte por el silencio en lugar de la justicia.

Por Vera Baboun, Embajadora del Estado de Palestina en Chile.-

Foto Portada: Yonathan Sindel