La Libertad de Prensa ante el Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional se encuentra ante un caso que tendrá importantes efectos en el rol fiscalizador de la prensa, ya que debe decidir si el delito de injurias resulta inconstitucional en un caso contra el editor de un medio de comunicación local, por una noticia que informaba sobre presuntos sobresueldos de funcionarios públicos en un municipio de la Región del Biobío.

En la causa penal al comunicador se le impuso una pena de 61 días de cárcel, que cumplirá con firma mensual (ya que no tenía antecedentes penales previos) pero que en caso de otra condena de estas características debería cumplir en prisión efectiva.

Este tipo de causa pone en evidencia que la regulación penal de la difamación como delito genera consecuencias nocivas para la libertad de expresión, ya que no buscan defender la honra de funcionarios públicos, sino que impedir el escrutinio ciudadano, especialmente si se denuncian hechos de corrupción.

¡Estamos ante delitos que no han sido modificados del Código Penal desde 1874! Una norma obsoleta que genera un efecto de autocensura, cuyo proceso excluye al Ministerio Público y deja todo el poder de la persecución penal en el acusador por sobre el interés público. De hecho, solo entre 2015 y 2022 ingresaron más de 3.000 querellas que involucran a medios de comunicación.

La urgente necesidad de modernizar la norma ya ha sido advertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace un año la declaró incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y sentenció al Estado por vulnerar la libertad de expresión del abogado Carlos Baraona, quien fue condenado a 300 días de prisión suspendida por denunciar la participación de un parlamentario en la tala ilegal del alerce, instando al país a su modificación y a abstenerse de aplicarla.

A un mes de que Chile sea el anfitrión de la 31ª Conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa es hora que se acate esta sentencia.

Claudia Lagos, académica de la Universidad de Chile
Javier García, presidente Observatorio del Derecho a la Comunicación
Carlos Baraona, abogado ambientalista