La responsabilidad de los civiles en los crímenes de la Dictadura: El caso de «la masacre de Laja»

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió la solicitud de los familiares de las víctimas de la Masacre Laja-San Rosendo y del programa de derechos humanos, para encausar a 4 civiles por su participación en este horroroso crimen, donde fueron asesinadas 19 personas el 18 de septiembre de 1973.

Según consigna el portal Resumen, el fallo del tribunal de alzada contempla el encausamiento de los civiles Pedro Jarpa Forester, Carlos Ferrer Gómez, Lionel Aguilera Covarrubias y Rodolfo Román Román, como cómplices en los homicidios calificados de Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez.

Este caso ha sido emblemático para visibilizar el involucramiento de civiles en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar. La empresa papelera de los Matte, en este sentido, ha logrado salir limpia de polvo y paja, pues la justicia sólo ha perseguido la responsabilidad individual de ex ejecutivos y trabajadores en el crimen.

Recordemos que en este caso, Pedro Jarpa Forester, Jefe de Seguridad de la Papelera de Laja, según la investigación avalada por la Corte, facilitó la detención de estos trabajadores de la empresa, “proporcionando sus nombres, sindicándolos e identificándolos cuando ellos salían y entraban a la planta frente a Carabineros”.

En tanto, Carlos Ferrer Gómez y Lionel Aguilera Covarrubias, en esos momentos jefes de la papelera CMPC, fueron encausados por proporcionar a Carabineros de la Tenencia Laja los nombres de los trabajadores que a su juicio eran “agitadores políticos”, colaborando con su detención en la puerta de acceso a la Planta. La sentencia agrega que los acusados “facilitaron vehículos y personal de choferes para su traslado y materiales como cal para cubrir sus cuerpos una vez que fueron asesinados”.

En el caso de Rodolfo Román Román, este habría actuado como chofer de los vehículos utilizados en el traslado de los detenidos, “especialmente un jeep Land Rover, prestando colaboración en los ilícitos descritos”, indica el tribunal de alzada.

Los argumentos de la Corte para procesar a los inculpados tiene que ver con lo concluido a partir de sus propias declaraciones, lo que había sido desestimado por el ministro a cargo de la investigación, Carlos Aldana.

“Las presunciones fundadas sobre la participación antes señalada nacen de las declaraciones de los propios inculpados, en cuanto Pedro Jarpa Forester reconoce que reunió a un grupo de gente que aparecía en una lista proporcionada por Fernández Mitchell (carabinero a cargo de la tenencia de Laja, N. de la R.), y procedió a llamarlos por su nombre, afirmó también que dentro de los vehículos utilizados por los carabineros estaba un Land Rover de la papelera y cree que Rodolfo Román trabajó, seguramente como chofer, junto a los carabineros; Ferrer Gómez y Aguilera Covarrubias reconocen haber prestado los vehículos a requerimiento de Carabineros y también haber dado cal, aun cuando para otro fin; y Román Román quien pese a negar haber realizado el traslado de todos los detenidos, reconoce ser chofer particular de la papelera y haber tenido a su cargo un Land Rover”, dice el dictamen, citado en el portal Resumen.

La masacre de Laja es una de las tantas muestras de la colusión existente entre civiles, uniformados, policías, empresa privada, justicia y gobierno, para la comisión y encubrimiento de delitos de lesa humanidad, dirigidos principalmente contra la clase obrera y campesina chilena, base social y política del gobierno de la Unidad Popular.

Aquí más información sobre la masacre de Laja – sitio Memoria Viva

Foto portada: Reconstitución de escena de la masacre de Laja