«Lamentablemente las políticas públicas siguen llegando tarde»: Unicef lamentó brutal crimen de niño en Renca y llamó a revisar mecanismos de prevención

Tras la muerte de un niño de 1 año y 11 meses debido a lesiones «atribuibles a terceros», hecho ocurrido esta semana en la comuna de Renca y por el que están detenidos los padres del menor (foto de portada), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, manifestó que el Estado debe revisar el funcionamiento de los mecanismos de prevención de vulneración de derechos para evitar situaciones tan lamentables como el fallecimiento de un niño a causa de violencia.

El organismo internacional señaló que, a 32 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado, no es aceptable que niños, niñas o adolescentes mueran por causas evitables. En este sentido recordó que, durante este tiempo, en el país se han implementado diferentes políticas públicas orientadas a prevenir y detectar vulneración de derechos, especialmente casos vinculados con la violencia intrafamiliar.

“El reciente fallecimiento de un niño de un año y 11 meses cuestiona la forma en que están funcionando estos mecanismos, ya que su situación solo fue conocida cuando llegó en un estado crítico de salud al hospital. Es probable que haya sido víctima de violencia durante mucho tiempo. Esa situación debió haber sido detectada, por ejemplo, en los controles de salud que le correspondía por su edad”, afirmaron desde la entidad.

El organismo internacional recordó que, en el caso de los niños y niñas menores de seis años, existe Chile Crece Contigo, que es parte del Sistema Intersectorial de Protección Social, cuyo objetivo es acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias: “Chile Crece Contigo opera en el sistema de salud a través del control del niño sano, donde existen protocolos para la detección de maltrato. Es importante investigar por qué en este caso los protocolos no funcionaron”.

En ese sentido, Unicef agregó que si los mecanismos con que cuenta el país para detectar y prevenir la violencia no están funcionando, estos deben ser revisados y modificados: “Las instituciones no pueden reaccionar solo cuando niños o niñas mueren en manos de algún familiar, o en medio de una balacera, o estando bajo protección del Estado, o queda herido en medio de una manifestación. Lamentablemente las políticas públicas siguen llegando tarde”.

Finalmente, desde la entidad aseguraron que el Estado debería identificar y registrar las causas que provocan muertes violentas de niños, niñas o adolescentes, para orientar las decisiones de las políticas públicas orientadas a prevenirlas.

“Actualmente no existe un registro que permita saber con claridad la causa que provocó el fallecimiento de un niño, niña o adolescente en el caso de muertes violentas, ya que todas son identificadas como traumatismo sin diferenciar si se trata de un accidente de tránsito o de violencia intrafamiliar. Contar con esta información, que aclara las causas de una muerte violenta, permitiría dimensionar la situación, fortalecer las políticas públicas y el trabajo intersectorial e interinstitucional, y sensibilizar a la sociedad”, concluyeron desde Unicef.

El terrible último caso en Renca

En prisión preventiva e imputados por violación con homicidio y parricidio de víctima menor de edad, quedaron los padres del niño fallecido esta semana en Renca, comuna de la Región Metropolitana. Esto, pues los análisis forenses arrojaron como causa de muerte un traumatismo abdominal cerrado por golpe con objeto contundente, descartando la «caída de la escalera» indicada por ambos inculpados al momento de presentarse con su hijo en un centro de salud primaria.

Precisamente, debido a la gravedad de las heridas, el menor fue trasladado desde el consultorio al Hospital Roberto del Río, donde finalmente murió. De esta manera, y tras las denuncias hechas por funcionarios hospitalarios a la Policía de Investigaciones (PDI), el primer análisis apuntó que la muerte del menor fue provocada por la intervención de terceros.

En el caso se hizo parte de inmediato la Defensoría de la Niñez, quien presentó una querella contra los padres del niño. El plazo de la investigación se fijó en 180 días.