Gabinete de Piñera

Las dudas de Diego Ancalao por nombramiento de Alfredo Moreno en Desarrollo Social: “Es una persona fiel a los principios del latifundio empresarial”

A cargo de la cartera de Desarrollo Social, y por medio de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Moreno deberá hacerse cargo de las políticas públicas orientadas a las 9 etnias reconocidas por la Ley Indígena. Por Felipe Menares Velásquez.

Por Felipe Menares

24/01/2018

Publicado en

Chile / Mapuche / Política / Portada / Pueblos

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Sin duda fue uno de los nombres que más sorpresas generó cuando el presidente electo, Sebastián Piñera, dio a conocer su gabinete en la sede santiaguina del Congreso Nacional. Se trata de Alfredo Moreno, quien fue designado como ministro de Desarrollo Social, siendo uno de los que se repetirá el plato, puesto que durante la primera administración piñerista fue ministro de Relaciones Exteriores. Hasta antes de conocerse su nueva incursión ministerial, Moreno se desempeñaba como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la instancia que reúne al gran empresariado nacional.

A cargo de la cartera de Desarrollo Social, y por medio de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Moreno deberá hacerse cargo de las políticas públicas orientadas a las 9 etnias reconocidas por la Ley Indígena (Nº 19.253): Aymara, Atacameña, Colla, Quechua, Rapa-Nui, Mapuche, Yámana, Kawashkar y Diaguita.

¿Cuál será el carácter de su gestión, considerando que viene del mundo empresarial? ¿Cuáles serán sus aproximaciones al conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche, en el contexto de una alta presencia de terratenientes y empresarios en el territorio reclamado por las comunidades movilizadas?

Alfredo Moreno y Sebastián Piñera

En conversación con El Ciudadano, Diego Ancalao, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena, manifiesta sus reservas respecto a la reciente nominación de Moreno como titular de Desarrollo Social y señala que “todos los discursos de ellos van en protección de la clase media y resulta que los pueblos originarios en Chile no alcanzan a llegar a la clase media, en términos mayoritarios. Entonces, la pregunta es de qué manera ellos van resolver la situación de los pueblos indígenas, porque se ve poco promisorio”.

“También llama la atención cómo un empresario va a implementar el nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas y qué mirada la va a dar a la Conadi. ¿Se va a transformar en una corredora de propiedades o la van a reformar a un nivel más social? Lo que ha demostrado Piñera con su gabinete es que tiene una visión empresarial sobre el Estado”, agrega el dirigente.

La SNA palmotea la espalda de Moreno

A fines de marzo de 2017, Alfredo Moreno llegó a la presidencia de la CPC. Una de las agrupaciones que lo apoyó desde un principio fue la Sociedad Nacional de Agricultura. «El señor Moreno tiene una dilatada trayectoria empresarial, capacidad de diálogo y vocación pública, reuniendo todas las condiciones que los actuales tiempos demandan para liderar la CPC”, señalaban desde el gremio antes de que el ex canciller asumiera el liderazgo de los peces gordos.

En su calidad de conglomerado del latifundio nacional, la SNA ha tomado postura en el conflicto entre el Estado y las comunidades que reivindican la posesión de territorios. Incluso, en mayo de 2017 llamaron “a los poderes públicos y, en particular al Poder Ejecutivo, a que recurran a facultades como las contempladas en nuestra Constitución Política, como son los Estados de Excepción para restablecer el Estado de Derecho y garantizar que la seguridad y la paz social vuelvan a imperar en la zona”.

Ricardo Ariztía

En la SNA también son partidarios de la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de comuneros detenidos y fervientes creyentes de la culpabilidad de los 11 imputados del caso Luchsinger-Mackay, quienes fueron absueltos en un primer juicio, que posteriormente fue anulado por la Corte de Apelaciones de Temuco, lo que representó para el presidente del gremio, Ricardo Ariztía, una “buena y justa señal”, puesto que a su juicio “la decisión unánime de los jueces es contundente y abre las esperanzas de que por fin se haga justicia”.

Según explica Diego Ancalao, “uno de los problemas de la devolución de los terrenos que están reconocidamente usurpados por el Estado, es que se encuentran en manos de privados, tanto empresas forestales como latifundistas del empresariado agrícola, que tienen intereses sobre los territorios y lo quieren seguir explotando. Entonces, quieren seguridad y por eso que es tan importante para ellos tener una persona que sea fiel a los principios del latifundio empresarial agrícola y no necesariamente con una visión más liberal del desarrollo económico de los pueblos originarios. Esto viene a asegurar el crecimiento económico a costa del empobrecimiento de las grandes masas y de los pueblos originarios y dejar grandes territorios en administración de pequeños grupos de amigos”.

Sobre esto último, Ariztía afirmó en una columna que “gran parte de los mapuches quiere ser parte del desarrollo económico y productivo, por lo que se debe propiciar el acceso a capital; apoyándolos en capacidad de gestión y capacitación; generar asociatividad y desarrollo con identidad. Buscar fórmulas para las más de 300 mil hectáreas que hoy están improductivas”.

Al respecto, el dirigente mapuche piensa que “es muy necesario el desarrollo económico para los pueblos originarios, porque sin desarrollo económico no hay autonomía política. Sin embargo, lo que no se comparte es que el desarrollo económico sea en territorio indígena solamente para unos pocos que no son indigenas”.

¿Corregir el rumbo?

En julio de 2017, Alfredo Moreno participó en en el Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), instancia en la que criticó las políticas públicas implementadas para la región. Dijo que “son fallidas y que tenemos que tener la mínima valentía y seriedad para mirarlas a la cara esas políticas y decir qué podemos hacer mejor, porque es evidente que debemos que corregir el rumbo”.

Una de las dudas que debe despejar el futuro gobierno de Piñera es la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Hace unos días, el ex intendente de La Araucanía y actual diputado electo por Evópoli, Andrés Molina, dijo a La Tercera que Piñera “no estaría conforme con su aplicación” y que “cuando se suscribió se presentó como la gran solución, pero no ha sido así. Ha dejado una sensación de no participación entre los propios mapuche, porque las consultas, que son el corazón del convenio, no son vinculantes y se sienten engañados”.

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Sobre la base de este trascendido, consultamos a Diego Ancalao si está en riesgo la ratificación del documento. “Sin duda corre peligro, pero yo no creo que la visión política de este nuevo gobierno sea tan reducida, porque si no ratifica el Convenio 169, van a haber continuas y grandes movilizaciones de los pueblos originarios, porque si no se renueva, se le quita la posibilidad de consulta para los grandes proyectos que se involucran en comunidades y territorios indigenas”, asevera el presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo del Liderazgo Indígena.

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