Las volteretas de la derecha sobre la población venezolana en Chile

Por Javier Pineda Olcay

Las declaraciones de Nicolás Maduro generaron urticaria en la derecha. Te puede gustar o puedes odiar al Presidente de Venezuela, pero éste dijo una verdad del porte de un buque: quien fue a buscar e invitar a los venezolanos a Cúcuta fue el ex Presidente Sebastián Piñera en febrero de 2019.

Pero la historia parte un poco antes. La misma semana en que asumió su segundo mandato, el 15 de marzo de 2018, se publicaba una entrevista conferida al medio alemán DW, en el cual afirmaba que “vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad”. En el año 2017 ya habían llegado 167.000 personas venezolanas a territorio nacional.

Un mes después, desde el 16 de abril de 2018, comenzaría a regir la “Visa de Responsabilidad Democrática”, la cual les permitía a las personas venezolanas estar en Chile por un año, prorrogable por otro más, constituyendo un privilegio respecto a personas de otras nacionalidades.

Además, Álvaro Bellollio, quien hoy se pasea dando lecciones sobre cómo expulsar venezolanos, fue quien estuvo a cargo de implementar el “Proceso de Regularización Extraordinario”, lo cual permitió regularizar su situación migratoria a todas aquellas personas que habían ingresado ilegalmente al país antes del 8 de abril de 2018. Karla Rubilar, intendenta Metropolitana, afirmaría que “la migración llegó para quedarse”.

Esta visa no requería la presentación de antecedentes penales. Solo acreditar la nacionalidad venezolana.

En marzo de 2019, Felipe Kast y Hernán Larraín, junto a la embajadora de Juan Guaidó, Guarequena Gutiérrez, solicitaban flexibilizar las medidas permitiendo que esta visa se renovara con pasaportes vencidos. Kast para ese entonces, quería regularizar la situación migratoria de todos aquellos venezolanos que consideraba “ilegales”: ‘Muchos venezolanos en Chile se encuentran ilegales y otros, están separados de sus familias simplemente porque la dictadura de Maduro no quiere renovarles el pasaporte’, señalaba en El Mercurio. A los días después se acogió esta solicitud por el gobierno de Piñera.

El 19 de febrero de 2019, mientras Piñera vacacionaba en Futrono, lo llamó el Presidente de Colombia de ese entonces, Iván Duque, quien lo invitó a participar el 23 de febrero de ese mismo año en un acto en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela.

La fachada sería la entrega de ayuda humanitaria y el concierto “Venezuela Aid Live”, pero en realidad, lo que buscaban era presenciar en vivo y en directo una supuesta caída del gobierno de Nicolás Maduro, el que según información de la inteligencia de EEUU sería abandonado por las FFAA de Venezuela, las cuales permitirían que Juan Guaidó ingresara la ayuda humanitaria y así estallaría una rebelión popular que haría caer al gobierno venezolano.

La presencia de Sebastián Piñera en este evento le permitiría catapultar su liderazgo a nivel regional, pero resultó en un fracaso no solo para la política exterior del país ni para el liderazgo del propio Piñera, sino que significaría el comienzo de la crisis migratoria que afecta al país hasta el día de hoy. Esta información no es invento de Maduro, sino que salió de fuentes al interior del propio piñerismo, donde hace tres años trataban de responsabilizarse unos a otros filtrando la interna a Ex Ante.

En dicha oportunidad, entre aplausos de la población venezolana y colombiana, vociferaba: “¡Vénganse a Chile! ¡Tenemos trabajo para todos ustedes!”. En esa misma oportunidad, el ex Presidente de Colombia, Iván Duque, le agradeció a Piñera señalando que: «Quiero destacar eso que nos ha manifestado hoy de contribuir a recibir migrantes que vienen de las fuerzas militares que han cedido ya cualquier lealtad a la dictadura, y que le han jurado lealtad al Presidente Juan Guaidó».

Lo seguro es que esos migrantes venezolanos provenientes de las fuerzas armadas llegaron a Chile, pero lo incierto es donde se insertaron para trabajar. Resulta difícil creer que ex oficiales se dedicaban a vender helados de agua, como nos quisieron hacer creer con Ronald Ojeda.

En julio de 2019 el Ministro del Interior de ese entonces, Andrés Chadwick, señalaba en la Comisión de DDHH del Senado que la población venezolana en Chile alcanzaba la cifra de 400.000 personas y que en los próximos meses se esperaban 300 mil personas más. Ante las interpelaciones de la oposición, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, afirmaba por la prensa que Chile seguirá recibiendo personas venezolanas “hasta que el país lo resista”.

Paralelo a ello, los senadores de la Región de Arica y Parinacota, José Durana (UDI) y José Miguel Insulza (PS) alertaban de los problemas que estaba generando en el paso de Chacayuta.

Sólo la pandemia significó una disminución del flujo de personas venezolanas a Chile, pues las fronteras fueron cerradas. Aún así, la migración de forma irregular por pasos fronterizos no autorizados continuó, generando crisis en poblados fronterizos como Colchane.

Esto provocó que en noviembre de 2020 se anunciara el fin de las solicitudes de la “Visa de Responsabilidad Democrática”, manteniéndose excepcionalmente para casos de reunificación familiar. Esta tendencia se mantuvo para los años 2021, 2022 y 2023, donde un porcentaje importante de los ingresos se realizó de forma clandestina por pasos irregulares.

En diciembre de 2022 se estimaba la presencia de 1.625.074 personas extranjeras residentes en Chile, de las cuales más de 530 mil serían venezolanas. Del total de las personas extranjeras en Chile se estima que 107.233 estarían en situación irregular. Esto demuestra que el grueso de la población migrante proveniente de Venezuela (más de 400 mil personas) lo hicieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, con el mayor peak durante los años 2018 y 2019.

Esto confirma que la derecha les invitó porque con su relato pretendían equiparar a la no derecha con el gobierno venezolano. Incluso la campaña presidencial entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillier en el año 2017 estuvo marcada por la amenaza de transformarnos en “Chilezuela”. El testimonio de miles de personas venezolanas ratificando esa versión era un aliento electoral para la derecha y por ello los fueron a buscar por cientos de miles.

Sin embargo, cuando los costos electorales comenzaron a ser mayores por la crisis que estaban generando en las fronteras y cuando se descubrieron organizaciones criminales provenientes de Venezuela como el Tren de Aragua, se olvidaron de las invitaciones y han comenzado a tratar de responsabilizar al gobierno del Presidente Gabriel Boric por la enorme población venezolana que habita el país.

Ahora gritan “ningún venezolano más” y se ingenian buscando mecanismos –a veces con apoyo de diputados oficialistas– sobre cómo expulsarlos. La crítica al crimen organizado se ha transformado en ataques xenófobos directos, donde pagan justos por pecadores. La derecha pasó del “recibirlos hasta que nos duela” hasta un “echarlos aunque les duela”.

No obstante ello, los siguen usando cuando les sirven. Al mismo tiempo que exigen la expulsión de los venezolanos, le piden al Presidente Boric realizar todo tipo de gestiones para esclarecer crimen de Ronald Ojeda, el cual es evidente que estaba vinculado a actividades delictuales. Incluso pidieron más protección para ex militares venezolanos que residen en Chile. ¿Por qué se esmeran en gastar presupuesto público nacional en apoyar a golpistas venezolanos? El discurso patriota les llega hasta que les sirve realizar un punto político, por más ínfimo que sea.

De todas formas, la derecha se permite actuar de esta forma porque aún cuando tengan conductas xenófobas, asumen que la población venezolana residente en Chile les preferirá por sobre todo aquello que “huela a chavismo”. Y mientras gritan “expulsión para todos”, lo cierto es que la población venezolana seguirá en el país y el transcurso del tiempo ha significado que decenas de miles de éstas adquieran derechos políticos.

En el plebiscito de diciembre de 2023 más de 107 mil personas venezolanas estaban habilitadas para votar, las cuales podrían incrementarse en más de 50 mil para las elecciones municipales. Cabe preguntarle a aquellas personas venezolanas residentes en Chile: ¿Seguirán votando por quienes les invitaron y ahora que no les sirven les desprecian?

Javier Pineda Olcay