Libertad de expresión en un hilo en días claves para la democracia

Hace pocas semanas, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), publicó su informe del año 2020, donde en el capítulo sobre Chile hace referencia a ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura, y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas.

Por Opazo

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Por Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas

Chile está ad portas de vivir el proceso democrático más importante de los últimos treinta años. Una Convención Constitucional paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios redactará una nueva Constitución, hija de las protestas sociales que movilizaron a millones de personas cansadas de este modelo neoliberal y patriarcal.

Este contexto preconstituyente, marcado por la pandemia y la crisis política, se ha tensionado aún más con las respuestas autoritarias del Gobierno. Las recientes agresiones a la libertad de prensa han dejado de ser hechos aislados a acciones frecuentes, tales como presiones indebidas a dueños de medios de comunicación -como el Canal La Red- por cuestionamientos a su línea editorial, críticas a la prensa internacional, presiones del Ejército y de las Fuerzas Armadas por programa de sátira política, entre otros.

A esto se suman los datos entregados por informes internacionales que han sistematizado las agresiones que la prensa ha vivido en Chile desde la protesta social, iniciada en octubre del 2019. Hace pocas semanas, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE), publicó su informe del año 2020, donde en el capítulo sobre Chile hace referencia a ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas.

El informe de la RELE aborda diversos casos de agresiones y amenazas a mujeres periodistas y comunicadoras, así como acciones de censura cruzadas por violencia de género. Algunos de los casos expuestos en el informe son las amenazas de muerte recibidas por la periodista Jenny Pérez de la cadena alemana Deutsche Welle; las detenciones de las cuales fue víctima la periodista Claudia Aranda y los ataques con químicos que recibió la periodista Alison Vivanco por parte de Carabineros, mientras realizaban labores profesionales. Además, el documento destaca la preocupación de la Relatoría por el proceso penal iniciado en contra del grupo artístico Las Tesis, “que podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.

La Relatoría para la Libertad de Expresión señala con claridad que “los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática”. Además, “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Estos datos, dan cuenta de una escenario nacional en donde se lesionan derechos básicos para la democracia como la libertad de expresión y de prensa, algo que no solo ha sido denunciado por organizaciones y redes de periodistas, si no que lo demuestra la “Clasificación Mundial de Libertad de Expresión” elaborado por Reporteros Sin Fronteras, que en su informe del año 2021 señala que chile bajó 3 niveles en el ranking por “pluralismo limitado” y “agresiones a la periodistas”. El documento internacional señala que en Chile “existe una fuerte concentración de la prensa, falta pluralismo”. Además, enfatiza que “en los últimos años han cerrado varias radios. Los medios de comunicación comunitarios enfrentan grandes problemas para subsistir, lo que limita gravemente el debate democrático en el país”.

Derecho a la comunicación en la nueva Constitución

Todas estas agresiones a la prensa y a la libertad de expresión se están generando en un contexto de cambio Constitucional que ha puesto al centro del debate la urgente necesidad de que el Estado de Chile garantice derechos para todas las personas, algo que en el ámbito de las comunicaciones- como en muchos otros ámbitos- no ocurre.

Las carencia en materia de derechos vinculados a las comunicaciones son enormes. La actual Constitución chilena, redactada durante la dictadura militar, desconoce el derecho de todas las personas a emitir y recibir información oportuna, diversa y veraz. Además, avala el monopolio privado sobre los medios de comunicación social, desconociendo los postulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto de San José de Costa Rica suscrito por Chile en 1969.

Está claro que para avanzar en la protección de la libertad de expresión y de prensa, se requieren mayores garantías y marcos regulatorios que permitan el desarrollo de medios de comunicación pluralistas, diversos, donde las periodistas puedan desarrollar su trabajo sin temor a la censura, al acoso ni la violencia.

Como Red de Periodistas Feministas, nos hemos convocado a través del Bloque por el Derecho a la Comunicación, para incidir en la nueva Constitución, bajo la certeza de que Chile debe consolidar un marco jurídico e institucional que garantice efectivamente el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país; en donde se eliminen las normas y prácticas heredadas de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición a la democracia, cuya permanencia no tiene sentido en la actual evolución de nuestra democracia.

Para nosotras, el Derecho a la Comunicación es una amplia comprensión- establecida por el sistema internacional de derechos humanos- sobre las garantías asociadas a la comunicación, tales como la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información; que garantizar el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino que también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales.

No podemos enfrentar un proceso histórico de cambio y redacción de la nueva Constitución si no se respetan valores básicos de la democracia. Sin libertad de expresión ni de prensa es imposible sostener un Estado que garantice derechos esenciales para la ciudadanía. Por eso, desde la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, estaremos atentas a las acciones que se desarrollen en estas semanas claves para la democracia nacional, impulsando un cambio político, social y cultural para acabar con las desigualdades de Chile.

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