Licitación Red Movilidad 2025: TDLC y Senado examinan denuncias por distorsiones competitivas y sobrecostos fiscales

A pocas semanas del cierre del proceso, la Licitación 2025 del sistema Red Movilidad ha entrado en una fase de alta tensión institucional.

Según informó El Mercurio, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mantiene en tramitación una consulta que cuestiona el diseño de las bases, mientras que la Comisión de Transportes del Senado ofició al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para requerir antecedentes sobre su impacto fiscal, competitivo y jurídico.

El proceso en curso contempla la adjudicación de 51 recorridos y 850 kilómetros de RED, equivalentes al 15% del sistema, con plazo máximo de adjudicación fijado para el 13 de marzo. Las propuestas económicas deben presentarse entre el 30 de diciembre y el 7 de enero, en un calendario que ha intensificado el debate sobre la solidez técnica y jurídica del diseño licitatorio.

Las objeciones fueron presentadas por la empresa Villarrica Asesoría y Transporte, a través de una consulta técnica y un posterior recurso de reposición ante el TDLC, en los que se sostiene que las bases contienen distorsiones estructurales que favorecen a operadores incumbentes —principalmente Metbus y Vule—, restringiendo la competencia efectiva y generando un perjuicio económico directo para el Estado.

Contratos directos, no competencia y costo fiscal

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la mantención de servicios bajo el régimen de Condiciones de Operación (CO), un mecanismo de asignación directa que excluye dichos recorridos del proceso licitatorio.

Según la consulta técnica, este modelo —que la ley define como excepcional y limitado a un máximo de 18 meses— se ha extendido en algunos casos por más de una década, transformándose de facto en un esquema permanente.

De acuerdo con la consulta presentada ante el TDLC y antecedentes recogidos por El Mercurio, la comparación entre contratos de asignación directa y contratos adjudicados vía licitación muestra tarifas más elevadas para los operadores incumbentes, con brechas que en procesos recientes alcanzarían hasta un 17% en el valor por kilómetro y hasta un 29% en la tarifa por pasajero, con impacto directo en el gasto fiscal del sistema, que debe ser absorbido por el subsidio estatal al transporte público.

Refutación técnica a la tesis de la “gradualidad”

En El Mercurio, el Ministerio de Transportes sostuvo que el diseño de la licitación responde a una implementación “gradual”, orientada a resguardar la continuidad del servicio, y que el proceso permitiría tanto a operadores actuales como a nuevos adjudicarse unidades.

Sin embargo, según lo expuesto en la consulta ingresada ante el TDLC, dicha tesis no se sostiene a la luz del diseño concreto de las bases.

En primer lugar, el límite de concentración de flota —fijado en 25%— excluye del cómputo a los buses que operan bajo contratos de asignación directa. Esto permitiría que operadores incumbentes como Metbus y Vule se adjudiquen hasta dos Unidades de Servicio adicionales, alcanzando niveles de concentración significativamente superiores a los de cualquier nuevo entrante.

Según la consulta, esta exclusión no solo constituye una barrera de entrada para oferentes idóneos, sino que contradice el objetivo sectorial explícito de evitar concentraciones excesivas en la operación del sistema.

Adicionalmente, la consulta cuestiona la supuesta neutralidad técnica del proceso. Las bases obligan a los adjudicatarios a recibir 225 buses eléctricos marca BYD, que operan bajo un estándar de carga chino distinto del estándar europeo exigido para el resto de la flota.

De acuerdo con lo presentado ante el TDLC, solo Metbus cuenta actualmente con la infraestructura compatible para dichos vehículos, mientras que cualquier otro oferente debería realizar inversiones adicionales en cargadores y sistemas energéticos.

Aunque el MTT ha señalado que esta exigencia no genera mayores costos por tratarse de un estándar reconocido, la consulta sostiene que, en los hechos, introduce una ventaja competitiva no replicable en el corto plazo, debilitando la efectividad real de la competencia que el proceso declara promover.

Oficio del Senado

Frente a estos antecedentes, la Comisión de Transportes del Senado acordó oficiar al MTT para requerir información detallada sobre el impacto fiscal de las CO, las razones para no aplicar los límites de concentración a los incumbentes y los riesgos jurídicos de adjudicar contratos de hasta 14 años mientras el TDLC mantiene en tramitación la consulta.

El senador Karim Bianchi, impulsor del oficio, señaló que en un contexto de estrechez fiscal se hace necesario “avanzar hacia mejores contratos, con mejores servicios y a menor costo solo es posible mediante procesos de licitación públicos, abiertos y bien diseñados”.

Con el calendario de ofertas en curso, el Senado solicitó al Ejecutivo pronunciarse sobre la conveniencia de suspender el proceso hasta que el TDLC se pronuncie, a fin de resguardar la competencia efectiva, la eficiencia fiscal y la solidez jurídica del sistema.

El Ciudadano