Los culpables de la larga fase de recesión experimentadas por la economía chilena

Los hechos que detallamos en la Carta Económica de esta semana demuestran que ello no es así. En 2013, cuando se redujo bruscamente a nivel global la inversión minera, a la desaceleración sufrida aportó también la formulación defendida constantemente por Piñera de que el gasto público debe crecer menos que el producto. En 2017, cuando aún perduraba la misma fase del ciclo económico el presupuesto fiscal estableció una aberrante reducción de la inversión pública. Por tanto, las políticas fiscales de unas y otras autoridades contribuyeron a que se viviese la larga fase de recesión con crecimiento experimentadas por la economía chilena.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, comentando la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central de enero, sostuvo en contra de la realidad que “(…) ni hubo culpabilidad de las autoridades respecto a la desaceleración (de la actividad económica), ni tampoco podemos arrogarnos el crédito de la reaceleración. En esto –añadió- hay que ser honestos y tener el mismo lenguaje (…), no creemos que en lo sustancial la desaceleración que vivimos a partir del 2013 sea culpa de las autoridades, ni de las pasadas, ni de las presentes, sino que tuvo que ver con que Chile es una economía pequeña y abierta y el ciclo internacional de las materias primas y del comercio ha sido tan profundo que ha sido imposible salvarse completamente de la desaceleración» (11/01/18).

Es cierto que Chile es una economía pequeña y abierta, recibiendo con gran fuerza los efectos positivos o negativos de la evolución de la economía global. Pero, el grado muy alto de apertura es también resultado de la aplicación de una concepción propia de las visiones neoliberales que conducen necesariamente a amplificar sus efectos negativos. Ello es así desde los años de dictadura, es una herencia de los Chicago Boys, que los distintos gobiernos posteriores, pasando por los de la Concertación, el de Piñera y el actual de Michelle Bachelet mantuvieron y está dentro de las formulaciones propiciadas hacia adelante por Piñera y su equipo económico.

Igualmente es cierto, como declaró Eyzaguirre, que el ciclo económico global posterior a la Gran Recesión ha sido “profundo” e incidió por tanto en la fase de recesión con crecimiento vivido por la economía chilena, que el Fondo Monetario Internacional denominó de “nueva mediocridad” y diferentes autores lo definieron como de “estancamiento secular”. Pero ello no conduce a la conclusión inadmisible que no existe responsabilidad en la desaceleración experimentada desde el año 2013, cuando el país era dirigido por Sebastián Piñera y su ministro de Hacienda era Felipe Larraín, ni actualmente, entre cuyas autoridades figura precisamente Nicolás Eyzaguirre, desde que reemplazó a Rodrigo Valdés en la conducción de las finanzas públicas, del cual se declaró continuador de su gestión. El proceso de desaceleración claramente se prolongó todo el año 2017. Verlo como lo hace Eyzaguirre implicaría además subestimar al extremo la significación de las políticas públicas internas y su efecto en la actividad económica.

Vamos por parte. La desaceleración, lo confirman claramente las estadísticas, comenzó en 2013. En su desencadenamiento influyó, como lo señaló Eyzaguirre, la evolución de la economía global, y en particular la violenta contracción de la inversión minera, que recién comienza a dar señales en sentido contrario. Pero a ello se sumó de manera importante una visión equivocada de política fiscal defendida personalmente por Sebastián Piñera de que el gasto público debe crecer menos que el producto, en consonancia con su concepción de reducir al máximo posible la presencia del Estado, criterio que además no permite enfrentar fiscalmente los desequilibrios económicos, y cuando la actividad se desacelera, como acontecía en 2013 acentúa o no permite revertir este proceso.

Se trata de una formulación efectuada por Piñera reiteradamente. Por ejemplo, la realizó en la Enade en diciembre de 2008 cuando la economía se encontraba desde mediados de ese año en recesión. Refiriéndose al presupuesto aprobado poco antes por el Congreso, que al comenzar 2009 debió dejarse de lado para aplicar resueltamente políticas anticíclicas aumentando fuertemente el gasto público, utilizando recursos provenientes de los fondos soberanos existentes en el exterior, lo criticó como un grave “error” al expandir el gasto público por encima del crecimiento. Políticas anticíclicas que al producir efectos en la actividad luego aprovechó al inicio de su gobierno. Los mismos conceptos los reiteró en el curso de la campaña electoral presidencial del año pasado.

Felipe Larraín, su ministro de Hacienda en 2013, al criticar las declaraciones de Eyzaguirre, sostuvo que la economía se estaría recuperando por dos efectos fundamentales. “En primer lugar porque están en el margen mejorando las condiciones externas” y luego verlas como consecuencia del ambiente favorable que se daría a partir de la futura existencia “de un gobierno donde vamos a recuperar la calidad de las políticas” (11/01/18). Desde luego, ni siquiera hizo mención de lo sucedido en 2013 cuando comenzó la fase de desaceleración vivida por la economía nacional y en la cual tuvo directa participación.

Es oportuno recordar, al mismo tiempo, que en 2013 el índice mensual de actividad económica de octubre del Banco Central había entregado ya una señal de alerta, constatada por el propio Larraín. “(…) este imacec –comentó- nos da una nota de cautela, porque en la economía chilena el elemento que está perdiendo más dinamismo es la inversión”. Paralelamente, en ese momento el FMI constataba que “el crecimiento global está en una marcha lenta (…) y los riesgos a la baja persisten”[1]. Ello no hizo modificar el equivocado esquema fiscal propiciado por Piñera, ni tampoco se tuvo en cuenta en la aprobación del presupuesto fiscal para el año 2014 en que se estimó un absolutamente irreal incremento en la actividad económica de 4,9%, que lógicamente no se produjo.

“La administración Piñera –escribimos en abril de 2014- finalizó en medio de una acentuada desaceleración de la economía. La caída en los niveles de actividad se produjo cuando los vientos externos favorables dejaron de impulsarla y cesaron de estar presente los aumentos de inversión pública y privada post terremoto (…). Durante todo el período –añadimos-, la estimación de crecimiento potencial de la economía permaneció inmodificada. Quedo (…) al desnudo –concluimos- la carencia de una concepción de desarrollo que no fuese otorgarles mayores garantías al 1% de la población de mayores ingresos”[2].

Trasladémonos ahora al año 2017. Eyzaguirre nos expresó que tampoco habría responsabilidad de las autoridades en la desaceleración de este año, la mayor en el largo período de recesión con crecimiento. De nuevo pongamos como ejemplo las políticas fiscales. En el presupuesto de 2017, decidido el 2016 cuando se vivía la fase de recesión con crecimiento, se aprobó un incremento el gasto público que fue actualizado durante el año a 4%, con el agravante que se elaboró reduciendo la inversión pública, que tiene un factor multiplicador más elevado que el gasto corriente. La reducción fue propuesta por el Ejecutivo, era ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, y cursado por el parlamento con escasas observaciones llamando la atención de la gravedad que tenía disminuir la inversión pública.

El manejo del gasto público durante el año 2017 fue efectuado con dos criterios diferentes. En el primer semestre se incrementó por encima del promedio estimado de crecimiento anual, buscando así evitar que la economía apareciese con cifras en rojo de actividad. En cambio, en el segundo semestre empezó a reducirse para cumplir con lo presupuestado, registrándose en noviembre incluso una contracción en términos reales de 0,3%. A este mes el incremento en el año era de 4,5%, pero se desglosaba en un aumento del gasto corriente de 6,6% y una diminución en el gasto de capital de 6,5%. Nunca se pensó, como se hizo en 2009, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, de aumentar el gasto público utilizando como se hizo ese año los fondos soberanos existentes en el exterior. Al contrario, se descartó explícitamente, en el marco de una concepción que privilegió reducir el déficit fiscal, criterio absolutamente equivocado cuando se está en una fase de bajo crecimiento.

A su turno, el presupuesto fiscal de 2018, aprobado siendo Nicolás Eyzaguirre ministro de Hacienda, estableció un incremento de 3,9% muy similar al actualizado para el año 2017. Pero se elaboró nuevamente concentrando el incremento en el gasto corriente, el cual se aumentó con relación al año anterior un 4,8%, en cambio la inversión pública volvió a reducirse en 1,62%. El senador socialista, Carlos Montes, criticó que no se pusiese énfasis en la inversión, dado que “el efecto multiplicador del gasto corriente es muy inferior al multiplicador del gasto de la inversión” (11/12/17). Con todo, el crecimiento del gasto público nuevamente fue criticado por Sebastián Piñera y los integrantes de su equipo económico. El en ese momento candidato presidencial calificó el aumento del gasto público, insistiendo en su comparación con el nivel de crecimiento del producto, de “poco prudente y muy irresponsable, porque la economía chilena está creciendo a menos del 2% y el gasto público va a crecer más del doble” (03/10/17). Lógicamente su errado cuestionamiento no tuvo mayor trascendencia.

HUGO FAZIO

[1] Resumen Económico Trimestral. Cuarto trimestre 2013, pág. 7.

[2] Resumen Económico Trimestral. Primer trimestre 2014, pág. 5.