Los detalles del acuerdo entre el Movilh y el Estado por matrimonio igualitario y otros derechos de población LGTBI

Luego de varios meses de conversaciones, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) alcanzó un acuerdo con el Estado de Chile tras la demanda que presentó en 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición del matrimonio igualitario. 

La solución amistosa fue dada a conocer por el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, mientras que en la ceremonia participaron las ministros de Salud, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Relaciones Exteriores, Educación y Justicia, quienes también firmaron los compromisos adquiridos por el Estado. En la ceremonia, también estuvieron presentes embajadores de la Unión Europea y una de las tres parejas que decidieron judicializar la lucha por el matrimonio igualitario en Chile.

Así lo explicó Óscar Rementería, vocero de Movilh: «A partir del no reconocimiento del matrimonio igualitario de tres parejas chilenas del mismo sexo, que fueron contraídos en el extranjero, comenzó un proceso judicial en Chile a través de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema que terminó con el Tribunal Constitucional negándole el derecho de matrimonio a estas parejas».

Tras acudir a la CIDH y obtener una respuesta favorable, se llegó a un acuerdo amistoso que suspende por el momento el juicio internacional mientras se cumplan las medidas acordadas entre el Movilh, el Estado y la CIDH. En éste, el Estado chileno reconoce que la prohibición del matrimonio igualitario constituye una violación a los derechos humanos y se compromete a presentar un proyecto de ley en el primer semestre de 2017.

En el acuerdo, el Estado se refiere al matrimonio igualitario «como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva”, por lo que se compromete a adoptar las medidas necesarias para impulsar la iniciativa.

Pero el matrimonio no es el único aspecto sobre el cual se fijó el acuerdo. «Estos acuerdos van más allá de la institución del matrimonio igualitario, también se contempla una serie de medidas, entre ellas el apoyo a la ley de Identidad de Género, con ciertas indicaciones, así como la derogación de dos artículos en el Código Penal que consideramos homofóbicos. Y así otras iniciativas que complementan un verdadero cronograma para erradicar la discriminación institucional en nuestro país», sentencia el vocero del Movilh.

MATRIMONIO IGUALITARIO SIN LETRA CHICA

En efecto, el Estado se comprometió a impulsar todas y cada una de las propuestas y demandas históricas de la población LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales), fijando un calendario para su implementación.

En este sentido, se reconoce la necesidad de mejorar y adecuar las políticas públicas, además de la legislación, para garantizar los derechos de estos grupos de la sociedad y erradicar la discriminación institucional. Así lo establece el acuerdo: “El Estado velará para que las políticas públicas y legislación futura promuevan la dignidad de todas las personas, sin distinción por su orientación sexual e identidad de género”.

En primer lugar, el Estado chileno se compromete a impulsar la discusión sobre matrimonio igualitario, a partir de un acto público que ocurrirá a más tardar en noviembre de este año. De la misma forma, ingresará a tramitación en el Parlamento su propuesta de ley que debe contemplar los mismos derechos del matrimonio para parejas heterosexuales: esto es, considerando la posibilidad de adopción y filiación para las familias.

«Cuando hablamos de matrimonio igualitario nos referimos a la extensión del matrimonio tradicional para parejas de un mismo sexo. Esto incluye derechos de filiación y adopción. No los vamos a tratar aparte, sino que se tratará dentro de la misma iniciativa legal de matrimonio igualitario y están contemplados, en un plazo máximo, del primer semestre del 2017», detalló Rementería.

Otro compromiso adquirido por el Estado tiene que ver con la Identidad de Género, cuyo proyecto legal ya está en tramitación en el Congreso Nacional y permitirá consagrar los derechos de la población transexual, realizando indicaciones para que las personas «puedan cambiar su nombre y sexo legal mediante un trámite simple y ágil en el Registro Civil».

A la vez, se contempla la inclusión en las políticas y programas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de la diversidad de mujeres que habitan en el país, considerando la orientación sexual y su identidad de género. En el acuerdo, el Estado también se compromete a incluirlas en sus políticas públicas de salud, rediseñando el Programa de Salud Sexual y Salud Reproductiva.

LOS COMPROMISOS PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN Y GARANTIZAR DERECHOS DE POBLACIÓN LGTBI

Otro de los compromisos sellados en la solución amistosa entre el Movilh y el Estado tiene que ver con la reforma o derogación de leyes homofóbicas o transfóbicas. En este sentido, se pide la revisión de los artículos 365 y 373 del Código Penal, para erradicar la discriminación por orientación sexual o identidad de género.

Actualmente, el artículo 365 establece una edad de consentimiento sexual de 18 años para homosexuales -mientras que en heterosexuales es de 14 años-, y el artículo 373 sanciona las ofensas al poder, la moral y las buenas costumbres. De la misma forma, se pide una modificación al Decreto Supremo 924 del Ministerio de Educación, que autoriza a las iglesias a decidir quiénes pueden hacer clases de religión, abriendo el espacio para la discriminación de docentes LGBTI.

Otro punto en la discusión se vincula a una reforma de la Ley Zamudio, “de manera de superar todas las barreras que impidan prevenir y sancionar eficazmente la discriminación, evaluando asimismo la posibilidad de asignar recursos fiscales con la finalidad de fortalecer a la o las instituciones que eventualmente podrían dar seguimiento, coordinar y/o ejecutar las políticas antidiscriminatorias”.

Además, el Estado se compromete a desarrollar políticas para la educación parvularia y escolar, acercando la realidad de la diversidad sexual al sistema educacional, y también a desarrollar estudios y estadísticas acerca de esta realidad.

Para vigilar el cumplimiento de los compromisos, se generará una Comisión de Seguimiento compuesta por dos ministerios que informarán periódicamente a la CIDH acerca de los avances.

«Estamos muy optimistas del futuro de nuestro país. Quiero hacer hincapié en que los comisionados de la Comisión Interamericana de DDHH plantearon que era el acuerdo más completo que se había realizado a nivel mundial entre una organización de defensa de los derechos de la diversidad sexual y un Estado soberano. Este no es acuerdo menor, sino que va a marcar precedente a nivel global, ya que los compromisos son a nivel de Estado y por ende van a trascender al gobierno de turno», recalcó el vocero del Movihl.