El viernes 25/9 se llevó a cabo la audiencia (telemática) de cautela de garantías en el marco del caso de Julia Chuñil, en específico, sobre la situación de la vivienda familiar. La cita fue en el Juzgado de Garantía de Los Lagos (causa RIT O-1849-2024 / RUC 2401369250-1) y contó con la presencia de los tres imputados de la causa.
En la instancia, la defensa y la representación de los moradores de la vivienda del Sitio del Suceso N° 1 de Huichaco solicitaron la devolución material de la casa habitación, la cual permanece clausurada y bajo resguardo policial continuado, provocando el progresivo deterioro de la infraestructura por abandono y el desalojo forzado de sus residentes.
Durante su resolución verbal, el Juez de Garantía reconoció y compartió expresamente que existen afectaciones reales sobre la familia.
Sin embargo, se negó a ordenar la entrega del inmueble sosteniendo un criterio estrictamente formalista: argumentó que dichas consecuencias no constituían «afectaciones a los derechos procesales de los imputados» ni se había acreditado en la audiencia un «grave desamparo» de los niños de acuerdo con el artículo 10 del Código Procesal Penal.
Para la defensa, esta decisión omite la doctrina de derechos humanos que faculta al Juez de Garantía a tutelar las garantías fundamentales de terceros afectados por la persecución penal, en especial cuando se trata de la vivienda y la estabilidad de niños y niñas.
«Uno de los aspectos más críticos expuestos durante la jornada es que el Ministerio Público no cuenta con labores materiales de búsqueda ni excavaciones activas en el predio. Las únicas diligencias que la Fiscalía invocó como pendientes son exactamente las mismas pericias de laboratorio que se arrastran desde el 16 de enero de 2026, fecha en que fueron fijados y levantados los restos óseos», advirtieron los abogados de la familia.
«Las restantes actuaciones corresponden a meras reconfiguraciones teóricas y reconstrucciones de la hipótesis fiscal de gabinete», agregó la defensa, enfatizando que, por lo mismo, «resulta desproporcionado e injustificado mantener clausurado un hogar habitacional completo para ‘esperar’ resultados de análisis genéticos o criminodinámicos que se ejecutan en laboratorios fuera de la región».
Finalmente, los abogados de la familia denunciaron que esta audiencia se llevó a cabo «impidiendo la asistencia de observadores de derechos humanos, quienes buscan verificar que se respeten todos los derechos de los intervinientes, no dejando participar a Fundación Escazú Ahora y Global Witness».
Seguiremos informando.
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