Los votos de la periferia también obligan (y deben pesar cuando se distribuyen los recursos)

Por Nicolás Salazar Valdebenito, periodista

La promesa de no cortar derechos significa algo distinto para quienes no se pueden permitir pagar una alternativa, como también, para quienes necesitan que el Estado responda.

Cuando el presupuesto familiar apenas alcanza para fin de mes, una prestación pública puede permitir que un hijo siga estudiando, pueda tener acceso a beneficios que fueron cancelados como “Yo Elijo mi PC”, o también, que alguien reciba atención médica, e incluso, que alguien pueda cuidar de un familiar sin tener que abandonar su jornada laboral.

Una promesa de ese alcance, merece ser examinada desde la vida de quienes dependen de su cumplimiento.

En abril, José Antonio Kast sostuvo que no se iban a cortar los derechos para las personas, asimismo, también hizo énfasis en “ordenar la casa”.

Si bien aquello es una tarea legítima, tiene la obligación de explicar como se realizará aquello y quiénes serán los que deban asumir los costos de su orden. Para las familias que viven al límite cada mes, es necesario que sepan qué lugar tendrán en ese orden.

Sería fácil convertir esta discusión en un reproche para quienes votaron por él, las personas de menores ingresos tienen toda la libertad y derecho de buscar respuestas en proyectos o promesas políticas distintas, a desconfiar de quiénes gobernaban anteriormente y también, a exigir seguridad, empleo y estabilidad.

La posición social no determina por quién se deba votar y haber escogido a un Presidente no obliga a defender cada una de sus decisiones.

Pero sí, el voto compromete a quién lo recibe. Si un gobierno ofrece oportunidades, es primordial que deba responder ante quienes tienen menos posibilidades de conseguirlas por su cuenta.

En los barrios alejados de los centros de decisión, una política pública se evalúa cuando llega, cuánto demora, qué requisitos exige y si resuelve el problema para el que fue creada.

Con esa exigencia debe examinarse la reorganización de 25 programas sociales en 9 iniciativas para el Presupuesto 2027, una fusión puede mejorar la gestión y evitar duplicidades, pero el Ejecutivo tiene la obligación de dar cuenta y explicar qué pasará con los recursos, cobertura y continuidad de atención. Son preguntas primordiales para saber si las promesas se cumplen.

Kast también señaló que los programas con malos resultados no recibirán más aportes hasta poder ordenar su funcionamiento. Evaluar el gasto es deber del Estado, aunque una mala evaluación debe identificar qué falló y cómo corregirlo. Las personas que necesitan una prestación no pueden quedar esperando indefinidamente mientras las instituciones intentan, o hacen como que resuelven sus problemas.

Así surge una desigualdad que merece mucha más atención en el debate presupuestario: las personas que tienen recursos pueden pagar una alternativa cuando la respuesta pública falla, quien no dispone de ese privilegio tiene mucho menos margen y peligro ante las consecuencias.

Una misma decisión administrativa puede ser un inconveniente para un hogar y un problema muy difícil de afrontar; una vez más, vuelve a aparecer la desigualdad.

A 7 meses de iniciado este gobierno, cualquier juicio de su gestión debe sostenerse con evidencia durante el tiempo, aunque veamos luces oscuras ante la gestión para los grupos más precarios de nuestro país. Pero, eso no es impedimento para criticar y fiscalizar las decisiones que ha tomado el Presidente y su equipo de Gobierno.

La promesa de proteger derechos sociales tendrá que medirse con la continuidad de las prestaciones públicas, cosa que no se ha realizado hasta el momento, es más, han hecho lo contrario a lo prometido.

La protección social es una responsabilidad del Estado, financiada por una sociedad cuyo esfuerzo también proviene de quienes reciben los salarios más bajos. Esas familias trabajan, pagan impuestos y sostienen labores de cuidado que muchas veces nadie remunera, y tienen derecho a exigir que el presupuesto considere sus necesidades.

Pedirles paciencia frente a cada ajuste mientras viven sin margen para llegar a fin de mes es desconocer cuánto esfuerzo ya hacen.

Por eso, discutir el gasto obliga también a discutir cómo se distribuyen las cargas y qué aporte se exige a quienes concentran mayores ingresos y patrimonio. La responsabilidad fiscal pierde legitimidad si el esfuerzo termina recayendo sobre quienes menos pueden absorberlo, y un gobierno que busca ordenar las cuentas debe explicar cómo protegerá a esas familias y cómo hará participar a los sectores con mayor capacidad económica.

La desigualdad también debe pesar cuando se decide quién paga.

Los ciudadanos que votaron por Kast, como también los que no votaron por él, tienen el derecho y el deber de exigir el cumplimiento de las promesas que se realizaron para obtener votos.

Los votos de la periferia obligan, y deben pesar cuando se distribuyen los recursos y se decide cómo proteger a quienes tienen menos suerte, oportunidades y posibilidades de llegar a fin de mes.

Nicolás Salazar Valdebenito