Marta Herrera: La candidata de la impunidad eclesiástica a la Fiscalía Nacional

"El 30 de abril de 2019, apenas ocho días después de que el fiscal Emiliano Arias le comunicó que se estudiaba la formalización de algunos obispos, Jorge Abbott firmó un convenio con la Conferencia Episcopal de Chile..."

Por Opazo

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Por Jorge Molina

El 30 de abril de 2019, apenas ocho días después de que el fiscal Emiliano Arias le comunicó que se estudiaba la formalización de algunos obispos, Jorge Abbott firmó un convenio con la Conferencia Episcopal de Chile (CECh). O sea, un acuerdo entre una institución como la Fiscalía, que debe investigar de manera independiente los ilícitos penales, y otra cuyos integrantes están siendo investigados por posible encubrimiento.

En la ceremonia participaron el secretario general de la CECh, obispo Fernando Ramos, y el fiscal nacional, Jorge Abbott. Por el Consejo Nacional de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas participaron su presidenta Ana María Celis y el obispo Juan Ignacio González. También se hicieron parte los representantes de las congregaciones Maristas, Salesianos y el Instituto Padres de Schoenstatt.

El texto señalaba textualmente que “el objeto del Convenio es favorecer el intercambio de información concerniente a investigaciones pasadas, presentes y futuras respecto de delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos en contra de niños, niñas o adolescentes, o de personas en situación de discapacidad al momento de los hechos, protegiendo la confidencialidad solicitada por las personas que han acudido a la CECh”, tema garantizado por el Ministerio Público en el mismo Convenio.

El documento precisa «que cualquiera de los Institutos de Vida Consagrada o Sociedades de Vida Apostólica – sea que pertenezca o no a CONFERRE –, podrá adherir al presente Convenio«.

Es evidente que había un privilegio inmerecido para la Iglesia Católica pues se habla de “intercambio de información”.

¿Qué información debe entregar el órgano persecutor a la asamblea de obispos? ¿Por qué comprometerse a que “el Ministerio Público mantendrá informada a la CECh del curso de las investigaciones”? ¿Por qué obligar a los persecutores a entregar información incluso respecto de las pesquisas sobre filtraciones?

De esto no saldría nada bueno, lo que estaba advertido en el propio acuerdo: “Cabe indicar que debido a las regulaciones propias de la Iglesia y a la interpretación de las normas del Código Canónico, algunas jurisdicciones eclesiásticas, órdenes y congregaciones, pueden negarse a la entrega de algunos antecedentes (por ejemplo individualización de víctimas) o a la remisión de documentos, aduciendo secreto de oficio o pontificio…”.

El obispo Fernando Ramos señaló que “cuando se trata de buscar la verdad y justicia en delitos de abuso sexual a menores de edad, el Ministerio Público y la Iglesia Católica no somos contrapartes sino colaboradores, porque nos anima la misma meta. Al menos desde la Conferencia Episcopal, con la adhesión de todos los arzobispos y obispos diocesanos, así como los administradores apostólicos equiparados en derecho, hacemos nuestro lo que se establece en el Convenio que hoy firmamos y, al haber aprobado que este sea un anexo a las Líneas Guía “Cuidado y esperanza” del año 2015, este convenio rige para todas y cada una de las jurisdicciones eclesiásticas de Chile”.

Luego de la firma, el obispo Ramos destacó que este es un convenio muy novedoso a nivel mundial. Agregó que las autoridades de la Santa Sede lo miran con atención, porque esto puede servir para iluminar otras realidades.

Por su parte, el entonces Fiscal Abbott opinó que “el trabajo colaborativo de ambas instituciones nos permitirá cumplir lo que la gente espera de nosotros” y, en concordancia con el secretario general de la CECh, planteó que este convenio puede servir de referente en otros países.

Cabe destacar que este convenio entró en vigencia desde el mismo momento de su firma.

No obstante, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos y la Fundación Para la Confianza manifestaron su preocupación por el convenio firmado por la Fiscalía y la Conferencia Episcopal.

A través de un comunicado, aseguraron que «nos preguntamos por qué sería necesario realizar tal acto jurídico toda vez que el Ministerio Público es un órgano del Estado destinado con funciones persecutoras muy claras y la Iglesia Chilena se encuentra investigada precisamente por la justicia«.

«No entendemos los beneficios que este Convenio pudiera traer a la búsqueda de justicia y nos parece más bien un lavado de imagen para los obispos chilenos, hoy sospechosos y con razón de ser encubridores y partícipes necesarios de delitos que atentan contra los derechos humanos de miles de ciudadanos chilenos«, continúa el documento.

«Nuestras preocupaciones aumentan cuando sabemos que los obispos invitaron a firmar a las congregaciones religiosas actualmente investigadas y acudieron a la cita los superiores de los Maristas, Salesianos y el Instituto Padres de Schoenstatt», precisaron.

Junto a esto, recordaron que «muchos de quienes fuimos víctimas de abusos por parte de religiosos fuimos doblemente abusados por el sistema canónico que amparó delincuentes, ganó tiempo en favor de los mismos y luego quiso cerrar nuestros casos con pseudo sentencias que en el mejor de los casos condenaron a los delincuentes sexuales a retiros dorados o a gozar de protección en otros territorios. ¿Es con esa falsa justicia con quien el Ministerio Público desea transar?«.

«Emplazamos al fiscal nacional a explicarle al país porqué los criminales de la Iglesia Católica recibirán un trato especial. Basta de privilegios», insistieron.

La independencia del Estado de Chile queda en entredicho cuando se rubrican este tipo de documentos toda vez que quienes son contraparte tienen voto de obediencia con el monarca de un Estado extranjero. El poder legislativo chileno daba claras muestras del camino que la sociedad reclama al respecto con leyes aprobadas que eliminan privilegios a los jerarcas religiosos y otras en tratamiento para levantar parte de la máquina encubridora que usa la confesión como excusa para no denunciar delitos contra la infancia.

La firma del acuerdo entre la Conferencia Episcopal de Chile y la Fiscalía Nacional también encontró reacciones en Cristián Alcaíno, exacólito de Constitución que denunció ser víctima de abuso sexual en 1989 por parte del párroco Ramón Iturra. Fue entre fines del año 1987 y principios de 1988, cuando Alcaíno acompañó a Iturra, hasta la casa de su padre. En ese lugar, según consta en una carta de denuncia enviada al Papa, el exacólito fue abusado cuando tenía 11 años de edad, por el prelado.

«Acá se pasó a llevar a las víctimas, no se le consultó a ninguna de las víctimas sobre el trato que se hizo. Fue un acuerdo a puertas cerradas que nos perjudicó a todos y la Conferencia Episcopal sigue siendo la responsable de todo lo que ha pasado«, señaló a una radioemisora local el exacólito de Constitución.

Sin embargo, Abbott asumió el error del convenio entre Fiscalía e Iglesia: «Tuvo un efecto simbólico que no previmos. Las víctimas se sintieron, legítimamente, abandonadas por esta institución cuyo deber es protegerlas«, reconoció tras dejar sin efecto el acuerdo a seis días de su implementación.

Aunque este convenio quedó sin efecto, las causas de encubrimiento por las cuales estaban siendo investigados los cardenales Francisco Errázuriz y Ricardo Ezzati, con el pasar de los meses y los cambios de fiscales, quedaron en nada.

De acuerdo a El Mostrador (2022), fuentes cercanas a las víctimas reparan que si esto fue un error, cómo nadie asesoró al exfiscal nacional de lo inconveniente de firmar un acuerdo de semejante naturaleza y en plena investigación por los abusos sexuales de la Iglesia.

No obstante, el documento en cuestión sí fue revisado por la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, y validado por tanto, tal y como se desprende de la firma que acompaña a la de Abbott y a la de Luis Fernando Ramos, el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal.

La firma corresponde a la de Marta Herrera, jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, y hoy candidata a Fiscal Nacional. Debido a su cargo de jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía, Herrera tenía que firmar el documento, lo que se aprecia en la página 7 del convenio. 

Allí, bajo las firmas grandes de Abbott y Ramos, aparece una pequeña rúbrica de MHS. Es decir, Marta Herrera Seguel. Otra arista que agrava e indigna de esta situación es que Herrera es la candidata de La Moneda para asumir el timón de la Fiscalía Nacional… ¡Sin comentarios!

Foto Portada: Agencia Uno (archivo)


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