Más campamentos afectados y más familias desalojadas: Nuevo monitoreo evidencia intensificación de desalojos forzosos y vulneraciones de DDHH

La Red de Derechos Humanos y Desalojos de Chile dio a conocer una actualización del informe «Estimación y monitoreo de desalojos forzosos en Chile. Estado de estimaciones a julio de 2026» (Proyecto Fondecyt «Más allá de la Vivienda»).

Se trata de la tercera actualización del que ha sido un trabajo sistemático de monitoreo, iniciado en marzo de 2025, y orientado a documentar las amenazas y ejecuciones de desalojos en campamentos del país.

Desde la Red destacaron que los resultados «muestran la magnitud alcanzada por el fenómeno. A julio de 2026 se identifican 99 campamentos bajo amenaza de desalojo, donde viven 13.724 familias, mientras que desde 2019 se registran 83 campamentos desalojados, asociados a 7.856 familias», explicaron.

De acuerdo al monitoreo, en conjunto, 21.580 familias pertenecen a campamentos que han sido desalojados o que actualmente se encuentran bajo amenaza, equivalentes al 22,8 % del total registrado en la base de monitoreo.

«En otras palabras, cerca de una de cada cuatro familias registradas ha estado o se encuentra expuesta a un proceso de desalojo», alerta la organización.

En esa línea, destacaron que una de las principales novedades del informe es la posibilidad de comparar la situación actual con la primera medición realizada en marzo de 2025.

«En poco más de un año, aumentó de manera importante el número de campamentos vinculados a procesos de desalojo. En marzo de 2025 se registraban 131 asentamientos afectados; en julio de 2026, la cifra llegó a 182. Dentro de este total, los campamentos efectivamente desalojados aumentaron de 58 a 83, mientras que aquellos que permanecían bajo amenaza pasaron de 73 a 99», apunta el informe.

«El cambio más significativo se observa en el número de familias pertenecientes a campamentos que ya fueron desalojados. Estas aumentaron de 3.591 en marzo de 2025 a 7.856 en julio de 2026, lo que representa un incremento de 118,8 %. En el mismo período, el total de familias vinculadas a campamentos desalojados o amenazados pasó de 19.548 a 21.580», añadieron desde la Red.

«La comparación muestra, por tanto, una intensificación del fenómeno en dos sentidos: por una parte, aumentaron los asentamientos y las familias involucradas en procesos de desalojo; por otra, una proporción creciente de las amenazas previamente registradas terminó materializándose en expulsiones efectivas», indicaron.

Judicialización y protagonismo de actores privados

El monitoreo también permite identificar los mecanismos y actores involucrados en estos procesos. En este aspecto, el sondeo arrojó que un 85,9 % de los campamentos actualmente bajo amenaza está vinculado a procesos judiciales, mientras que el 14,1 % corresponde a procedimientos administrativos.

Entre los casos donde existe información disponible, el 79,7 % de los procesos es promovido por actores privados, incluyendo personas naturales, empresas, sociedades comerciales, inmobiliarias y otros propietarios del suelo. Asimismo, entre los campamentos amenazados cuya propiedad pudo ser identificada, el 70,2 % se encuentra emplazado sobre terrenos privados.

Las amenazas de desalojo presentan además una fuerte concentración territorial: 5 regiones reúnen el 95 % de las familias actualmente amenazadas: Tarapacá (4.431 familias bajo amenaza), Atacama (3.234), Metropolitana (2.021), Biobío (1.695) y Valparaíso (1.663).

A escala comunal, en tanto, la concentración es todavía mayor: Alto Hospicio, Caldera, Curanilahue, Colina y San Antonio reúnen el 77,3 % del total nacional de familias bajo amenaza, y solo Alto Hospicio y Caldera concentran, entre ambas, más de la mitad.

Un monitoreo permanente para prevenir y acompañar

Es importante destacar que este informe se construye a partir de la integración y contraste de información proveniente de catastros nacionales y comparaciones internacionales, de antecedentes judiciales y administrativos, de fuentes territoriales y comunitarias y de registros de prensa.

Esta base de datos permite seguir los cambios en el estado de los procesos, identificar nuevas amenazas y observar su evolución territorial.

Los resultados muestran que los desalojos forzosos no están disminuyendo, sino que se están intensificando y reconfigurando territorialmente: aumentan los campamentos afectados, crece fuertemente el número de familias asociadas a desalojos ejecutados y nuevas amenazas se extienden hacia un mayor número de asentamientos.

Contar con información sistemática, actualizada y territorialmente localizada resulta fundamental no sólo para dimensionar este fenómeno, sino también para anticipar situaciones de riesgo, prevenir desalojos forzosos, mitigar sus impactos y fortalecer el acompañamiento a las familias y comunidades que atraviesan estos procesos.

El monitoreo busca, en este sentido, contribuir a visibilizar y denunciar el incumplimiento de los estándares establecidos en los tratados internacionales y, con ello, las posibles vulneraciones de derechos humanos fundamentales.

Para la Red de Derechos Humanos y Desalojos, esta labor permite exigir el pleno respeto de las garantías de las familias afectadas: asegurar notificaciones directas y oportunas; promover instancias de diálogo que permitan responder a la necesidad de contar con un lugar donde vivir; evitar toda forma de discriminación y criminalización de grupos socialmente vulnerables; y generar información permanente y accesible sobre los procesos de desalojo.

De este modo, el monitoreo busca también contribuir a que las instituciones públicas actúen de manera oportuna y dispongan alternativas habitacionales antes de que el desplazamiento se materialice, de modo que, como consecuencia de un desalojo, nadie se quede sin hogar.

Revisa el informe completo AQUÍ