¿Más cárceles significa menos hacinamiento?

Por Silvio Cuneo Nash, abogado y académico UCEN

El advenimiento del encarcelamiento masivo y el nacimiento de una retórica punitivista fue un proceso gradual, pero veloz, que fue posible debido a una mutación de las preferencias del público.

Al mismo tiempo, el mayor punitivismo fue también causa (no sólo consecuencia) de un giro autoritario de las opiniones públicas.

Este proceso significó una burda simplificación de un problema complicado incentivado por una mentalidad que se oponía a ideas elaboradas y que en su lugar se estimulaba con premisas sencillas y directas con forma de eslogan.

La demostración más grosera consiste en la mediática y exitosa campaña de “tolerancia cero” que sólo pudo triunfar en un contexto de desprecio por el delincuente, que reconocía su condición de enemigo haciéndolo desmerecedor de todo tipo de tolerancia.

El encarcelamiento en Estados Unidos históricamente había sido estable. Entre 1920 y 1970 era aproximadamente de 110 presos por cada 100.000 habitantes, y a partir de la década de 1970 comienza a dispararse la cifra hasta llegar a niveles que superan los 700 presos por cada 100.000 personas.

Este aumento del número de personas privadas de libertad fue posible debido a la construcción de nuevas cárceles. Se argumenta, por parte de los impulsores de esta verdadera industria, que la finalidad de estas nuevas edificaciones era la de poner fin al hacinamiento y a las malas condiciones en la que vivían los presos. Sin embargo, la experiencia demostró que las nuevas prisiones al poco tiempo reprodujeron el hacinamiento y la sobrepoblación sin solucionar los problemas que justifican su construcción.

En Inglaterra y Gales, entre 1987 y 1997, los gobiernos conservadores patrocinaron el programa más grande de edificación de prisiones que haya existido desde el siglo XIX en respuesta al hacinamiento carcelario. La crítica a dichas medidas llegó de varios sectores, puesto que, en la medida en que se incrementa la capacidad de las prisiones, éstas se van llenando rápidamente, porque al aumentar los espacios carcelarios se recurre con mayor frecuencia al encarcelamiento.

La reciente historia chilena confirma lo planteado por esta crítica. Los primeros gobiernos de la Concertación, so pretexto de mejorar las condiciones carcelarias y disminuir el hacinamiento, construyeron nuevas cárceles, las que se fueron llenando hasta sobrepasar sus capacidades sin solucionar el problema, aumentando sin precedentes el encarcelamiento.

En 1990 en Chile había 22,729 presos (172 por cada 100.000 personas) y en 2000, el número de presos superaba los 33 mil (215 por cada 100.000).

En términos generales, la construcción de prisiones promueve el expansionismo del encarcelamiento, y sólo políticas descarcelatorias, como la reducción de los períodos de penas o la despenalización de conductas, son eficaces para reducir la población carcelaria y el hacinamiento en las prisiones.

Confirma esta línea teórica lo acaecido en Holanda, que a mediados de la década de 1970 se embarcó en un programa de construcción de nuevas cárceles y la población reclusa aumentó de 2.500 en 1975 a más de 12.000 a mediados de la década de 1990.

Sin embargo, el tema de la mayor construcción de cárceles no resulta pacífico y desde la academia encontramos tanto argumentos a favor como en contra.

Si por una parte la experiencia nos enseña que la construcción de nuevas cárceles más que solucionar el problema del hacinamiento lo mantiene o acrecienta al “estimular” el uso de la cárcel por sobre otro tipo de penas, tampoco es efectivo que la carencia de plazas disponibles disuada de la aplicación de la prisión.

Por ende, la postergación de la construcción de nuevas cárceles también puede perjudicar la vida de los presos aumentando el hacinamiento.

Silvio Cuneo, abogado