Más de 500 organizaciones europeas y chilenas rechazaron modernización de acuerdo comercial entre la UE y Chile

Más de 500 firmas de organizaciones, partidos políticos y personalidades de la Unión Europea y Chile suscribieron una declaración conjunta promovida por Chile Mejor sin TLC, en rechazo del «Acuerdo de Modernización» suscrito por el Gobierno del Presidente Boric con la UE. 

Entre los adherentes se encuentran Jean Luc Mélenchon, ex candidato presidencial y líder de la izquierda francesa; el vicepresidente del Senado de Francia, Pierre Laurent y los eurodiputados Ana Miranda (Bloque Nacional Galego –Grupo Verdes-ALE), Miguel Urban (Anticapitalistas, The Left, Parlamento Europeo), y Manu Pineda (Partido Comunista de España).

En Chile, suscribieron el texto las diputadas Marisela Santibáñez, Ana María Gazmuri, Camila Musante, Viviana Delgado y Hernán Palma, y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Neocolonialismo funcional a las transnacionales

Para los firmantes, el acuerdo «es una expresión de neocolonialismo funcional a la electromovilidad de la UE y a los negocios de sus corporaciones transnacionales».

En esa línea, aseguraron que Josep Borrell, a nombre de la Comisión Europea, reivindicó recientemente ante parlamentarios europeos y latinoamericanos el paradigma de los «descubridores y conquistadores».

Asimismo, fueron críticos de que «por cada kilo de hidrógeno verde, se usan 10 litros de agua dulce desmineralizados y energía a gran escala, proveniente de la reconversión de territorios agrícolas en sitios para proyectos fotovoltaicos o eólicos, requeridos para esa exportación de combustible renovables». 

«Este acuerdo implica que Chile deberá pagar los costos ambientales, sociales y climáticos requeridos para la transición europea y para perpetuar en esos países el uso del automóvil en vez de priorizar el transporte público», añade la declaración.

Entre las organizaciones que firmaron en Chile están No Más AFP, la Fundación Sol, Anamuri, MAT, Alianza Basura Cero, OLCA, colectivos ecológicos comunales, Fundación Constituyente XXI, Red de Acción en Plaguicidas Chile, Coordinadora Feminista de Peñalolén, Artistas pro Ecología, además de colectivos por la soberanía alimentaria, de derechos humanos, sindicatos de la salud y del sector privado.

Del extranjero, destacan la Vía Campesina, Grain, América Latina Mejor sin TLC, CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales), ATTAC (de Argentina, Francia, Países Bajos, Austria), TNI, ZAMMM (Austria), Acción Ecológica (Ecuador), Troca (Plataforma por un Comercio Internacional Justo, de Portugal), War on Want (Bretaña) y Ecologistas en Acción (España).

Para las y los firmantes, el acuerdo «profundiza el cambio climático, agudiza la dependencia económica, imita las políticas públicas, desplaza a PyMES locales en las compras públicas, atenta contra la soberanía digital, habilita demandas millonarias de multinacionales y garantiza la entrega del litio y el cobre con el pretexto de la electromovilidad europea».

A su vez, señalaron que «los parlamentos deberán aprobar o rechazar un acuerdo respecto del cual pueblos y congresos hemos estado desinformados. En el caso chileno, la información sólo proviene de la prensa vinculada a los grandes grupos de interés».

«Necesitamos avanzar hacia una transición que saque el mercado y la mercantilización del centro de la política sobre cambio climático, priorizando por la vida, la producción sustentable y la justicia ambiental y climática», cierra la declaración.

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La versión del Gobierno: «Un acuerdo innovador»

Desde La Moneda, a través de un comunicado emitido por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), calificaron el acuerdo como «innovador» y aseguraron que «ayudará a profundizar la cooperación».

«Contribuirá directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Impulsará los valores e intereses comunes, incluyendo el comercio y la sostenibilidad, los derechos humanos y la paz y la seguridad. Fomentará el comercio y la inversión, apoyando la transición verde y digital y ofrecerá nuevas oportunidades a las empresas», señalaron desde la Subrei.

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, dijo por su parte que «con este Acuerdo, Chile y la UE han profundizado su relación bilateral en beneficio de nuestros pueblos, reforzando la asociación en ámbitos que reflejan valores y principios comunes, como el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, el desarrollo sostenible y, en particular, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas».

«Este acuerdo también reconoce la urgencia de abordar ámbitos como el cambio climático, la transición energética, los océanos, la innovación, la digitalización y la cooperación para lograr un desarrollo regional y territorial equilibrado y sostenible», sostuvo la Canciller chilena.

En tanto, en el área de comercio e inversión, Urrejola detalló que incorpora «nuevas cuestiones fundamentales, como un comercio y un desarrollo sostenible sólidos, un capítulo específico sobre género y comercio, y un capítulo sobre pequeñas y medianas empresas destinado a ayudar a las PYME en su internacionalización».

«Finalmente, este instrumento se alinea con el objetivo de la política comercial chilena de asegurar la autonomía estratégica y regulatoria del país, permitiendo el desarrollo de políticas productivas, ambientales y otras claves para el desarrollo», concluyó la ministra Urrejola.