Más de cuarenta organizaciones de Aysén exigen a senadores Órdenes y Sandoval rechazar el TPP-11

Un total de 41 organizaciones de la región de Aysén entregaron este viernes una carta dirigida a los senadores Ximena Órdenes (DC) y David Sandoval (UDI), conminándoles a rechazar el Tratado Integral y Progresista Transpacífico entre 11 países (conocido como TPP-11), cuando sea votado en la Cámara Alta para su ratificación.   

La misiva fue ingresada en las oficinas parlamentarias de ambos legisladores en Coyhaique. En la oficina de Puerto Aysén de David Sandoval el trámite no pudo concretarse al encontrarse la oficina cerrada.

En la carta se exponen 6 puntos que transforman el tratado en un decisión que afectaría no solo la soberanía nacional sino la salvaguarda del patrimonio ambiental, cultural y el desarrollo económico local. Además se cuestiona el que se pretenda votar sin una exhaustiva discusión con todos los sectores del país, ni con estudios previos de evaluación de sus impactos ambientales y sociales, consulta indígena (lo que vulnera el Convenio 169 de la OIT). Tampoco con una auditoría a los efectos de los tratados anteriores.

En el primer punto se alude a que el TPP-11 “expande y refuerza la privatización de las semillas y criminaliza su uso tradicional”, porque entrega a las corporaciones herramientas para “reclamar la propiedad no sólo de las variedades que producen, sino que de ‘cualquier otra que no se distinga claramente de ellas’, ampliando sin control las semillas que podrán patentar”. Incluso, podrán inscribir especies animales.

Un aspecto relevante para la región de Aysén es que al limitar el acceso a las semillas y trabar todas las políticas públicas que puedan afectar las ganancias de las empresas (uno de los aspectos más criticados del tratado), el TPP-11 “sabotea todas las demandas que apuntan a fortalecer las economías locales y a orientarlas a la recuperación y siembra de semillas tradicionales”.  

A esto se agrega que “permitirá el ingreso de productos extranjeros que competirán con bajos aranceles con los de las economías locales, perjudicando aún más la subsistencia de campesinos, artesanos y tantas actividades tradicionales que producto de estas decisiones están desapareciendo en el país”.

Manga ancha para los pesticidas, estrecha para la salud

En el documento aclaran que en el artículo 7.9 del tratado “se determina que sólo una demostración ‘científica’ podrá impedir el ingreso de transgénicos o pesticidas potencialmente nocivos para la salud” lo cual entra en contradicción con el Convenio de Estocolmo que establece que “los estados pueden invocar el principio precautorio al momento de regular el ingreso de productos de los que aún se desconocen sus riesgos”. Por ello, puntualizan, “nos parece inaceptable que esta discusión se dé encubierta en el marco de un acuerdo comercial, y no como un asunto de salud y calidad de la producción agrícola, como realmente lo es”.

Además, el TPP-11 incluye un mecanismo conocido como linkage, que “dificulta el ingreso de medicamentos genéricos a través de la vinculación de la propiedad intelectual, a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), y el registro sanitario, a cargo del Instituto de Salud Pública (ISP)” por lo cual se “profundizan los monopolios farmacéuticos, afectando a las personas que requieren de medicamentos genéricos. Y adicionalmente podría agravar la situación de nuestro sistema público de salud que debe adquirirlos”.

La red virtual tampoco queda exenta de regulación, al extenderse la duración del derecho de autor (propiedad intelectual) a 70 años, impidiendo que se utilicen ciertas obras en beneficio de nuevas creaciones culturales.

Pero el aspecto más controversial alude al verdadero candado para los cambios sociales orientados a generar mejoras de fondo que podrán ser considerados “obstáculos al comercio” según el tratado. Legislación sobre rotulado de alimentos, cargas ambientales, cambios constitucionales e incluso aspectos como garantizar el derecho humano al agua podrían ser entendidas como trabas al afectar las ganancias de los inversores en esas áreas.

Aunque existe en el tratado un mecanismo sobre resolución de controversias, a través del cual se  demanda  al país cuando los inversores estiman que no están garantizadas sus “expectativas razonables de ganancia”, estos no cumplen ninguna de las normas del debido proceso y funcionan fuera del país, con costos millonarios. Más aún, el Estado no puede demandar a las empresas pues funciona en un solo sentido.

Por ello las organizaciones señalan que “la ratificación del TPP-11 dañaría irremediablemente a la agricultura familiar campesina, al impedir llevar a cabo las prácticas tradicionales. Además, afectaría a quienes se esfuerzan por entregar a la población productos locales y libres de agrotóxicos. A los jóvenes y a las futuras generaciones les hará casi imposible su permanencia en el campo, debido al alto costo que significaría mantener una agricultura a gran escala”.

Y concluyen que el acuerdo “tendría implicancias globales para Chile y que apuntan a profundizar la desregulación de manera estructural, por lo que solicitamos sea debatido por el Senado de la República con la mayor transparencia y participación ciudadana. Exigimos que se dé garantías para abordar el TPP-11 en sus comisiones y que en sus sesiones sean escuchados previamente todos los sectores del país”.

Una de las voceras de las organizaciones, Marianela Molina, explicó que la idea fue “dar a conocer a las autoridades cómo nos afectaría si se ratifica el TPP-11, tanto en nuestra vida como en nuestras formas de producción”. También, “exigirle que se debata en más comisiones en el Senado, donde haya más participación de la ciudadanía y más transparencia, dando garantías de que serán escuchados todos los sectores del país”.

Deisy Avendaño, también vocera de la Red Patagonia Sin + Mineras, orgánica desde la que se convocó a la suscripción de la misiva, explicó que “hoy día es el TPP la amenaza principal, pero también tenemos que entender que hay una trinchera política donde están las autoridades, senadores y diputados de esta región, que pueden hacerle frente a la amenaza minera y no ponerse del lado de las empresas”.  

En este sentido, aclaró que “la lucha principal tiene que ser la recuperación del agua y la defensa de la tierra, entendiendo toda la naturaleza”. En esa línea, la dirigenta hizo un llamado a “informarnos sobre los proyectos mineros que hay acá, cómo la minería nos avasalla con las leyes que precisamente las autoridades que son electas definen sin consultarle a ningún habitante del territorio”.

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