Más de mil docentes en riesgo y el fin de Yo elijo mi PC

El proyecto presentado por el Gobierno deja sin financiamiento explícito a las Becas TIC, continuidad de “Yo elijo mi PC”, mientras el ajuste de horas docentes en los SLEP podría equivaler a 1.888 jornadas de 44 horas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que podrían producirse desvinculaciones y defendió una lógica en que garantizar el derecho a la educación no implica asegurar los puestos de trabajo de quienes la imparten.

La discusión del Presupuesto 2027 abrió un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Kast. Esta vez, el foco está puesto directamente sobre la educación pública: por una parte, el proyecto deja sin financiamiento explícito a las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC), continuidad del programa “Yo elijo mi PC”; por otra, establece nuevos límites para las horas docentes de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un ajuste que, convertido a jornadas completas de 44 horas, equivale a 1.888 docentes menos.

La cifra no significa que necesariamente se produzcan 1.888 despidos efectivos, debido a que existen profesores con jornadas parciales y otras variables de dotación. Sin embargo, dimensiona un ajuste que supera ampliamente el millar de puestos equivalentes y que el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que podría traducirse en desvinculaciones.

La controversia se profundizó por la forma en que el Gobierno ha explicado estas medidas. Mientras La Moneda presenta el Presupuesto como una reorganización orientada a mejorar la eficiencia del gasto, las organizaciones educativas advierten que detrás de las cifras hay una reducción de capacidades del sistema público y una eventual transferencia de los costos del ajuste hacia trabajadores, estudiantes y familias.

Quiroz y una definición que cambia el eje del debate

La frase que encendió la discusión fue pronunciada por Jorge Quiroz el viernes 2 de octubre, durante una entrevista en Radio Infinita, al abordar la reducción de horas docentes contemplada para los SLEP. “Probablemente tengan que haber desvinculaciones”, reconoció el ministro. Pero Quiroz fue más allá y estableció una separación entre el derecho de los estudiantes a recibir educación y la estabilidad laboral de quienes trabajan en el sistema.

“El beneficio es el derecho a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear, son cosas distintas”, sostuvo. Poco después agregó otra frase que terminó convirtiéndose en uno de los ejes políticos de la discusión: “No confundamos el Ministerio de Educación con el Ministerio de los profesores”.

“El beneficio es el derecho a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear, son cosas distintas”

Las declaraciones fueron recogidas el 2 de octubre por varios medios de comunicación en el marco de la discusión del Presupuesto 2027. El argumento del ministro instala una definición que merece ser discutida más allá de la disputa presupuestaria: si la educación es entendida fundamentalmente como una prestación que debe garantizarse al menor costo posible, la reducción de trabajadores puede aparecer como una consecuencia administrativa de la eficiencia.

Pero si se considera que la calidad de la educación pública depende también de sus comunidades educativas, sus equipos profesionales y sus condiciones de trabajo, la disminución de horas docentes deja de ser exclusivamente una operación contable. Y ese es precisamente el punto que cuestiona el Colegio de Profesores.

El Colegio de Profesores acusa que se antepone el criterio económico al pedagógico

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, respondió calificando como “extremadamente graves” las declaraciones de Quiroz. En declaraciones difundidas el 2 de octubre, Aguilar cuestionó que el ministro de Hacienda adelantara la posibilidad de despidos antes de que los servicios educativos desarrollen sus respectivos planes anuales. “Esos planes tienen que basarse en criterios técnico-pedagógicos y no en criterios económicos”, sostuvo el dirigente.

“Esos planes tienen que basarse en criterios técnico-pedagógicos y no en criterios económicos”

Aguilar agregó que anunciar previamente una disminución de dotaciones supone “hacer primar criterios económicos por sobre criterios pedagógicos” y advirtió que el impacto podría ser severo para la educación que reciben niños y niñas. El gremio anunció, además, acciones administrativas ante la Contraloría y movilizaciones. La disputa, entonces, no es solamente sobre cuántos profesores podrían perder sus puestos. Es también sobre quién determina las necesidades de una escuela: si la planificación pedagógica de cada comunidad educativa o los límites de gasto establecidos desde Hacienda.

1.888 jornadas equivalentes: el ajuste que puede superar el millar de despidos

Las primeras cifras conocidas del Presupuesto 2027 permiten dimensionar la magnitud del problema.

De acuerdo con un cálculo elaborado a partir de las dotaciones contempladas para los distintos SLEP, la diferencia entre las horas docentes disponibles y los nuevos máximos establecidos por el proyecto equivale a 1.888 jornadas completas de 44 horas semanales.

Entre las mayores disminuciones aparecen el SLEP Los Álamos, con una reducción equivalente a 389 jornadas; Valle Diguillín, con 232; Santiago Centro, con 214; Magallanes, con 193; Elqui, con 150; y Costa Central, con 146.

1.888 jornadas equivalentes no son necesariamente 1.888 personas despedidas. La jornada de los profesores puede ser inferior a 44 horas y las glosas presupuestarias establecen máximos de horas, no una nómina automática de desvinculaciones. Pero la magnitud del ajuste sí permite afirmar que existe un escenario potencial de más de mil puestos docentes equivalentes afectados.

Y, a diferencia de otras críticas que se produjeron durante la discusión presupuestaria, la posibilidad de desvinculaciones ya no es solamente una advertencia de la oposición o de las organizaciones gremiales: fue reconocida públicamente por el propio ministro de Hacienda.

“Yo elijo mi PC”: 96 mil estudiantes frente a un presupuesto en cero

El segundo gran foco de controversia está en el programa “Yo elijo mi PC”, política iniciada en 2009 y que actualmente se ejecuta mediante las Becas TIC de Junaeb. El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla financiamiento para su continuidad.

Durante 2026, el programa permitió entregar computadores a 96.100 estudiantes y contó con recursos cercanos a los $35 mil millones. Si el proyecto se mantiene en sus actuales términos, 2027 sería el primer año en 17 años en que no se entregarían equipos mediante esta política. El Gobierno sostiene que la decisión responde a la revisión de programas públicos realizada para elaborar el presupuesto.

Quiroz explicó el viernes 2 de octubre, en Radio Infinita, que el Ejecutivo había evaluado más de 600 programas y que muchos presentaban problemas o “hallazgos”. Pero cuando fue consultado específicamente por “Yo elijo mi PC”, el ministro reconoció: “No me acuerdo de este en particular, pero de seguro tenía hallazgos”.

La declaración resulta especialmente relevante porque la eliminación del financiamiento del programa constituye una decisión presupuestaria que afectaría a decenas de miles de estudiantes, mientras el propio ministro que la defendía admitía no recordar cuál era el antecedente específico utilizado para justificarla.

El Gobierno habla de eficiencia; la pregunta es qué se elimina y a qué costo

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó posteriormente una explicación más concreta. “El programa de Becas TIC ha estado en evaluación hace mucho tiempo, ha estado mal evaluado y se ha verificado que no presenta un efecto relevante en el aprendizaje y ha tenido problemas de implementación”, afirmó, según declaraciones difundidas por Cooperativa.

Pavez agregó que los programas que no demuestran efectividad deben ser revisados y que los recursos pueden reutilizarse en otras áreas. También recordó cuestionamientos de Contraloría relacionados con computadores que no fueron entregados oportunamente.

Es cierto que “Yo elijo mi PC” y las Becas TIC han tenido problemas de implementación. En 2024, Contraloría detectó más de 5 mil computadores adquiridos por Junaeb que permanecían almacenados sin ser entregados a estudiantes, además de equipos que habían quedado obsoletos. Pero reconocer deficiencias de gestión abre una pregunta distinta: ¿la respuesta frente a un programa con problemas debe ser corregirlo o eliminarlo?

Ese es uno de los puntos que el Gobierno todavía debe explicar con mayor precisión. El diputado socialista José Antonio Rivas sintetizó esa crítica al señalar que “si algo funciona mal, se arregla, no se elimina y se deja a las familias pagando el costo”. El parlamentario también sostuvo que “hoy un computador no es un lujo, es una herramienta para estudiar, aprender y prepararse para el futuro”.

Un programa transversalmente cuestionado

La eliminación de “Yo elijo mi PC” no generó solamente rechazo desde la oposición. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó públicamente la decisión y pidió al Ejecutivo reponer los recursos. “Se me ocurren pocos programas más importantes para hacer más justa la ecuación pública que la entrega de computadores”, afirmó el jefe comunal. “Por favor, repongan los recursos”, agregó.

La crítica resulta políticamente significativa porque muestra que el debate no se reduce a una oposición entre quienes defienden el gasto público y quienes promueven la responsabilidad fiscal. La pregunta que comienza a emerger incluso dentro de sectores que comparten la preocupación por las cuentas fiscales es si determinados recortes terminan afectando precisamente aquellas herramientas que permiten reducir desigualdades.

El costo del ajuste se concentra en quienes tienen menos margen

La controversia sobre el Presupuesto 2027 tiene así dos caras. Por un lado, el Gobierno plantea que debe revisar programas, eliminar aquellos que considera ineficientes y contener determinadas dotaciones.

Por otro, aparecen medidas concretas que tienen consecuencias sobre estudiantes y trabajadores. En el caso de los docentes, el ajuste puede traducirse en una reducción significativa de horas y eventuales desvinculaciones.

En el caso de los estudiantes, la ausencia de recursos para las Becas TIC puede dejar a decenas de miles de jóvenes sin un computador que hasta ahora recibían como parte de una política pública de acceso tecnológico. La contradicción política resulta difícil de ignorar.

Mientras el discurso gubernamental insiste en crecimiento, empleo y oportunidades, el mismo proyecto presupuestario abre la posibilidad de reducir puestos de trabajo en la educación pública y retirar una herramienta tecnológica dirigida principalmente a estudiantes vulnerables.

El propio proyecto contempla un presupuesto global para Educación que crece levemente en términos reales, pero ese incremento convive con reducciones importantes en partidas específicas. Entre ellas aparece una caída de 46,71% en los recursos destinados a los Liceos Bicentenario, según los antecedentes revisados durante la discusión presupuestaria.

La discusión todavía no termina

Conviene precisar que ninguna de estas decisiones está completamente cerrada. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 debe ser discutido y aprobado por el Congreso. Por lo tanto, la ausencia de recursos para las Becas TIC y los límites de horas docentes pueden modificarse durante la tramitación. Pero el debate ya dejó algo establecido.

El Gobierno ha mostrado cuál es su criterio para enfrentar el ajuste: revisar programas, limitar dotaciones y concentrar recursos en aquello que considera prioritario. Jorge Quiroz, además, ha explicitado una concepción según la cual garantizar el derecho a la educación no supone necesariamente mantener todos los puestos de trabajo asociados a su prestación.

La respuesta de los profesores es que la educación no puede planificarse solamente desde una planilla presupuestaria. Y la controversia por “Yo elijo mi PC” plantea una pregunta igualmente incómoda: si un programa tiene problemas de gestión, ¿la austeridad exige terminarlo o el deber del Estado es corregir sus fallas para preservar el derecho que busca garantizar?

La discusión presupuestaria recién comienza. Pero sus primeros efectos políticos ya están a la vista: mientras Hacienda habla de eficiencia, en las escuelas se discute quiénes podrían perder su trabajo y qué estudiantes podrían quedarse sin una herramienta que durante 17 años formó parte de la política de reducción de la brecha digital.

La cifra de 1.888 jornadas docentes equivalentes y los 96.100 estudiantes que recibieron computadores en 2026 no son solamente números presupuestarios. Son el punto de partida de una discusión sobre qué entiende el Gobierno por educación pública y cuánto está dispuesto a ajustar para cumplir su promesa de responsabilidad fiscal.

El Ciudadano